El futuro de Cataluña

El fallo del Supremo sobre Torra obliga de nuevo a Esquerra a decidir si acata la decisión de la Justicia

La decisión unánime de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de hacer ejecutiva la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero que retiró al mandatario catalán su credencial de diputado en el Parlament sin esperar a tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión ha abierto un nuevo frente político en Cataluña.

El Supremo ha decidido desoír a la Fiscalía, que no se oponía a suspender la decisión de la JEC por considerar que este órgano electoral, de carácter administrativo, carece de competencia para inhabilitar al president y “en orden a la prudente y equilibrada preservación” de los intereses en conflicto. La Sala, por el contrario, sostiene que inhabilitar a Torra como diputado no crea una situación irreversible, mientras que no hacerlo sí “supondría privar de efecto a preceptos legales vigentes”. Además, argumenta que no es la JEC quien ha privado a Torra de su credencial de diputado, "sino una sentencia penal condenatoria" por desobediencia.

El conflicto estará servido si Torra insiste en seguir ejerciendo como diputado. Este mismo lunes está llamado a participar, en su condición de parlamentario, en la sesión programada del Pleno del Parlament. De momento puede asistir en calidad de president, pero si participa en alguna votación será cuando estará desafiando la decisión del Supremo.

Nada más conocer la decisión judicial, respondió con un desafío: “No nos vamos a echar atrás”. Desde su punto de vista, y a pesar de que fue él mismo quien pidió el pronunciamiento del Supremo, “no hay ningún cambio respecto al 3 de enero y a la decisión que el pleno aprobó al día siguiente, el 4 de enero”, cuando la Cámara le ratificó como diputado y jefe del Ejecutivo catalán. “Soy diputado y president de Cataluña presidentporque así lo decidió la ciudadanía y así lo votó el Parlament, en la investidura y ratificándolo el 4 de enero”, insistió.

Torra se siente avalado por la ratificación dictada por la Mesa del Parlament que consideró a la JEC no competente para inhabilitarlo y que, apoyándose en un informe de los letrados de la Camara, se emplazó a sí misma a no tomar ninguna decisión hasta conocer la opinión del Supremo, que es precisamente la que se ha conocido este jueves. En aquella resolución, con los votos de los partidos independentistas y del PSC, este órgano rechazó la petición de Ciudadanos de retirar el acta al actual president y separó su condición del jefe del Govern de la de parlamentario.

JxCat sigue considerándole el jefe del Ejecutivo y diputado de la Cámara. El presidente de su grupo en el Parlament, Albert Batet, declaró que la decisión del Supremo no cambia nada: “Estamos donde estábamos”. “No podemos hacer nada más que mantener esta posición. La Junta Electoral no es nadie para sacar diputados. Quien saca y pone diputados es la ciudadanía votando, y la soberanía del pueblo de Cataluña reside en el Parlament, es el Parlament quien decide”, razonó.

La Mesa de la Cámara, que preside el republicano Roger Torrent, es la que ahora deberá decidir si acata la decisión del Supremo y tramita la inhabilitación de Torra o si, por el contrario, le mantiene en el escaño. PSC y Ciudadanos ya han solicitado un nuevo informe a los letrados sobre la condición de diputado del president a la vista de la resolución del Alto Tribunal.

Una medida que la Mesa sí puede tomar, de acuerdo también con otra resolución del Supremo, es convocar una sesión plenaria para que la Cámara pueda recurrir ante el Alto Tribunal el acuerdo de la Junta Electoral que acordó retirar a Torra la condición de diputado. Pero antes tendrá que responder a la Junta Electoral de Barcelona que, en cumplimiento de la resolución del Supremo, envió este mismo jueves una escrito a la Cámara exigiendo que en el plazo de dos días le notifiquen el nombre del sustituto de Torra en el hemiciclo.

La sentencia del Supremo representa un nuevo desafío a la unidad de los independentistas. Esquerra lleva desde 2017 manteniendo la estrategia, reforzada en el congreso que celebró en diciembre, de no traspasar la línea de la legalidad. Pero Junts, Torra, la CUP y las principales organizaciones sociales independentistas, especialmente la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), se han mostrado a menudo dispuestos a cruzar ese límite, como ya hicieron en septiembre y octubre de 2017.

La inhabilitación de Torra se ha producido además en un contexto particularmente delicado entre ERC y Junts en relación a la celebración de elecciones anticipadas y a las puertas de la constitución de la mesa de diálogo entre gobiernos pactada con el PSOE para tratar de encontrar una salida negociada al conflicto político catalán. La CUP ya ha hecho público un comunicado en el que asegura que la decisión del Supremo conduce “inevitablemente a la finalización de la legislatura” catalana, por lo que ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas “para culminarla de forma digna”.

Esquerra guarda silencio

Esquerra, sin embargo, optó por un significativo silencio tras la decisión del Supremo. A la hora de redactar esta información –a las 21.00 horas del jueves– ninguno de sus dirigentes se había pronunciado públicamente sobre la inhabilitación de Torra como diputado.

De momento, la decisión del Supremo no afectará a los planes de Pedro Sánchez de reunirse con Torra. Así lo confirmó él mismo en declaraciones a los medios después de una visita a las zonas afectadas por la borrasca Gloria en Cataluña y Baleares en las que, además, declinó opinar sobre la decisión del Supremo apelando a la gravedad de las consecuencias del temporal, el motivo por el que se había desplazado a las islas. Y lo ratificó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en unas declaraciones en las que aseguró que “una cosa es la inhabilitación como diputado pero otra como president”.

La ministra, que fue miembro de la sala del Supremo que ha dado por buena la inhabilitación de Torra como diputado, recordó que la propia Junta Electoral dijo que tendría que ser el Parlament el que decidiera si Torra puede continuar como presidente de Cataluña tras su inhabilitación. “Y yo entiendo que jurídicamente no hay ninguna oposición a que pueda continuar como president del Govern”, señaló insistiendo en la necesidad de distinguir “lo que es estrictamente judicial” de su situación al frente de la Generalitat.

Por esa razón, concluyó, “la decisión [del Tribunal Supremo] en ningún momento condiciona que Torra siga siendo presidentpresident de la Generalitat” y será “en ese ámbito” en el que Sánchez se reunirá con él, como “con todos los presidentes de las comunidades autónomas”.

También el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendió la cita. Sánchez “tiene que reunirse con todos los presidentes” y Torra es presidente de la Generalitat porque los ciudadanos catalanes “lo han puesto ahí”, no porque le haya tocado “en una tómbola”, zanjó.

La derecha, en cambio, y como era de esperar, no desperdició la oportunidad de tratar de cuestionar el comportamiento de Sánchez. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tachó de “usurpador” a Torra y emplazó al presidente a no entrevistarse con él. “¿Ha anunciado ya Pedro Sánchez que cancela su cita con el delincuente de a pie Quim Torra?”, se preguntó.

Y Pablo Casado, el presidente del partido, anunció querellas contra el Gobierno, contra Pedro Sánchez, contra el president del Parlament de Cataluña y contra el propio Torra si la inhabilitación —que los conservadores hacen extensiva a su condición de jefe del Govern— no se hace efectiva.

Ciudadanos envió a las pocas horas un nuevo escrito a la Mesa del Parlament en el que exige la retirada del escaño al president para “hacer efectiva la pérdida de diputado del señor Torra ya acaecida” y, según su criterio, dar lugar a “la consiguiente pérdida de la condición de president de la Generalitat”. Y añade una advertencia, firmada por su portavoz catalana, Lorena Roldán: “Tanto la colaboración en el incumplimiento como la inactividad de garantizar la efectividad de la ley tiene las consecuencias jurídicas correspondientes”. Su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, se preguntó: “¿Qué más necesita Sánchez para saber que no puede blanquear a un señor que está condenado por desobediencia? Creo que Sánchez va a ser el último en enterarse o el último en asumir que Torra esta inhabilitado y condenado por desobedecer y que no se merece que se le trate como a un presidente más”.

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