El Estado y los Franco pugnarán por la propiedad del Pazo de Meirás en julio

El Estado y la familia Franco volverán a verse las caras en los tribunales a comienzos de julio. La vista previa del pleito sobre la propiedad del Pazo de Meirás, celebrada este viernes en A Coruña, se ha cerrado sin acuerdo entre la Abogacía y los herederos del dictador. Ninguna de las partes ha dado su brazo a torcer. Los servicios jurídicos del Estado han continuado manteniendo que la operación de compraventa en 1941 del palacete del siglo XIX por parte del militar golpista fue “simulada”, mientras que los abogados de los Franco han seguido insistiendo en que el documento cuestionado por los servicios jurídicos del Estado es “totalmente válido”. Ante la falta de entendimiento de las partes, se ha fijado el inicio del juicio para el próximo 6 de julio. Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de A Coruña desfilarán testigos y peritos propuestos, además de por la Abogacía y los Franco, por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, también personados en el procedimiento. Vecinos, académicos, investigadores y algún político que tratarán de arrojar luz sobre un palacete que sigue puesto a la venta a través de una inmobiliaria de lujo.

La posibilidad de un pacto entre las partes ya se tornaba complicada antes del inicio de la audiencia. Pero durante las más de tres horas que se prolongó, en la que se abordaron aspectos como los títulos de propiedad o los gastos realizados en el inmueble, se confirmó imposible. El abogado del Estado Javier Suárez defendió, según ha informado Europa Press, la existencia de un “proceso coactivo” en la adquisición del pazo “con una involucración muy importante de las administraciones públicas”. “Si fue más o menos voluntaria la aportación, no guarda ninguna relación”, respondió la defensa de la familia del dictador, que ha insistido en que ese dato es “irrelevante al objeto del presente litigio”. No obstante, el abogado de los Franco ha querido zanjar la discusión negando que hubiera sido “coactivo”. Y ha defendido que la escritura de 1941 es “un documento válido” y que sus representados “han sido poseedores” del inmueble “en concepto de dueños”.

De estilo romántico, el pazo fue propiedad en su origen de la escritora gallega Emilio Pardo Bazán. Tras su muerte, las propietarias legítimas pasaron a ser su hija y la viuda de su hijo, quienes intentaron donar la propiedad a la Compañía de Jesús bajo unas condiciones que no fueron aceptadas. En 1938, con la Guerra Civil tiñendo de rojo media España, las autoridades franquistas decidieron agasajar al dictador regalándole el inmueble como residencia veraniega. Para ello, crearon la conocida como Junta Pro Pazo del Caudillo, impulsada por el entonces gobernador civil de A Coruña, Julio Muñoz, y el empresario Pedro Barrié de la Maza –antiguo dueño del Banco Pastor al que le fue otorgado en 1955 el título de conde de Fenosa–. Y se procedió a la recaudación de fondos de la forma más oscura: reteniendo parte del salario de los funcionarios públicos, enviando grupos de falangistas casa por casa para recaudar donativos particulares… La operación fue todo un éxito. El palacete terminó en manos del militar golpista. Y una vez cerrada la venta, la heredera de la novelista ni siquiera pudo recuperar sus pertenencias.

Una larga batalla

En 2005 se produjeron en la localidad coruñesa de Sada las primeras manifestaciones exigiendo la recuperación del pazo. Y dos años después, el tema saltó al Congreso de los Diputados. En septiembre de 2007, en pleno debate sobre la Ley de Memoria Histórica, se aprobó en la Cámara Baja una proposición no de ley del grupo IU-ICV en la que se instaba al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a adoptar “las iniciativas o actuaciones necesarias” para colaborar con la Xunta de Galicia en el procedimiento para declarar el pazo “patrimonio cultural” al “servicio y disfrute de los gallegos” y a estudiar “las posibilidades de expropiación como patrimonio público”. “Algunos de estos bienes [de los que se apropió la familia Franco], de indudable valor económico, pueden ser, además, de interés cultural, histórico o artístico. Este hecho convierte en ineludible la responsabilidad del Estado en la recuperación, con el mínimo coste económico posible, de estos bienes que nunca deberían haber dejado de ser de titularidad estatal”, aseveraba la proposición no de ley.

Dicho y hecho. En 2008, el Ejecutivo bipartito gallego –PSdeG y BNG– dio luz verde al decreto por el que el Pazo de Meirás pasaba a incluirse en la lista de Bienes de Interés Cultural (BIC), lo que obligaba a la familia del dictador a abrirlo al público cuatro veces al mes de forma gratuita. Y nueve años más tarde, tras conocerse que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) asumía el control de las visitas a petición de la familia del dictador, el Parlamento gallego acordó la creación de una comisión de expertos para analizar la situación. Sus conclusiones, recogidas en un informe que se dio a conocer tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa, fueron contundentes: se puede defender “el derecho a la adquisición por usurpación de la condición de bien de dominio público”. En este sentido, sostenían que la llamada vía de la “demanialización” permitiría incorporar el inmueble al dominio público por la “fuerza del uso”. Porque el pazo siempre fue empleado por el dictador como residencia oficial y como sede de varias reuniones del Consejo de Ministros.

Una vez conocidos los informes tanto de los expertos de la Xunta como de los de la Diputación de A Coruña, la Cámara autonómica aprobó por unanimidad una resolución instando al Estado a iniciar la reclamación judicial del inmueble sin que esto implicase “un nuevo coste para el pueblo”. El Ejecutivo gallego trasladó entonces al Ministerio de Justicia el texto consensuado por todos los grupos. Y un año después, la Abogacía interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña una demanda contra los herederos del dictador. En el proceso también se encuentran como partes personadas la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada. El alcalde de este último municipio, Benito Portela, asegura en conversación con infoLibre que están “satisfechos” y con “las expectativas altas”. En su opinión, los argumentos jurídicos puestos sobre la mesa son lo suficientemente sólidos como para poder recuperar el pazo, algo que lleva años siendo un “clamor popular”. Ante la falta de acuerdo entre las dos partes, el juicio arrancará el próximo 6 de julio y se prolongará durante una semana.

La Abogacía sostiene que fue una operación “fraudulenta”

Los servicios jurídicos del Estado sostienen en su demanda que la compra de Meirás por parte del dictador fue “simulada y fraudulenta”. Y lo hacen sobre la base de un documento desconocido hasta el momento que consiguió localizar la Abogacía en el curso de sus trabajos. El acta, firmada ante notario en el despacho del entonces gobernador civil, demuestra que el 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del palacete, Manuela Esteban Collantes –viuda del hijo de Pardo Bazán–, y la Junta Pro Pazo del Caudillo por 406.346 pesetas, un dinero que había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y cuya financiación se planteó inicialmente a través de una suscripción popular que, al no dar el resultado esperado, se convirtió en recaudación forzosa. Desde el momento de la compra, el palacete fue objeto de diferentes obras y reformas que fueron ejecutadas y financiadas por la Administración General del Estado. Entre las actuaciones que se llevaron a cabo destacaron la expropiación forzosa de terrenos o la construcción de carreteras.

Tras esta primera operación, la Abogacía recuerda que Meirás fue utilizado con personal público como una prolongación de El Pardo y como la residencia veraniega oficial del dictador. A pesar de ello, el 24 de mayo de 1941 se celebró en escritura pública un nuevo contrato de compraventa del palacete entre Esteban Collantes y el dictador, que estuvo representado en el acto por Pedro Barrié de la Maza. Este nuevo escrito, señalan los servicios jurídicos, valió para crear “artificiosamente” la apariencia de que el golpista “adquiría ese mismo inmueble” por un supuesto precio de 85.000 pesetas, una cantidad que consideran “irrisoria”. Para los servicios jurídicos del Estado resulta “evidente” que se trató de un negocio simulado puesto que la propiedad “objeto de ese contrato de compraventa” había sido ya vendida “años antes”. Esta escritura sirvió a Franco para inscribir a su nombre Meirás en el Registro de la Propiedad. Y ello permitió, a su fallecimiento, que su viuda pudiese donárselo a su hija y ésta última a sus herederos, contra los que se dirige una demanda que pide la nulidad de la compraventa

Este fue el coste de sacar a Franco del Valle de los Caídos: 16.467 euros por exhumarlo y 34.069 por retransmitirlo por TVE

Ver más

“No produjo ni pudo producir la transmisión del pazo”

Portela no duda que la operación de compraventa se hizo de forma “fraudulenta” porque “sirvió para enmascarar una donación y para blindar la posesión del dictador”. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sada quiere tener todo bien atado en el juicio. Por eso ha solicitado al juez en la vista previa la práctica de una prueba documental y varias testificales. En concreto, ha pedido que se requiera al Banco Santander copia testimoniada de las operaciones bancarias en las que intervino el Banco Pastor en relación con “la fraudulenta adquisición” del pazo. En concreto, requiere información sobre el supuesto pago efectuado a la anterior propietaria del inmueble, así como “todos los movimientos bancarios que pudieron ser realizados a título de la Junta Pro Pazo “o de la cual dicha entidad era la beneficiaria”. El objetivo principal es, según señalan, “poder acreditar el origen y disposición de los fondos” y la “participación fundamental” del entonces presidente del Pastor, Pedro Barrié, “en toda la operación”. Según informan desde el ayuntamiento, documental y testificales han sido aceptadas.

La familia Franco, por su parte, trata de anular el documento hallado por los servicios jurídicos del Estado. En su escrito de contestación, sus abogados alegan la existencia de irregularidades en la escritura de 1938, un documento que “no produjo ni pudo producir la transmisión del pazo” porque Esteban Collantes no disponía en ese momento del “indispensable título sucesorio para poder vender el inmueble”. Ante la evidencia de esas “deficiencias legales”, argumentan en el escrito de contestación, “todas las partes intervinientes en el proceso (vendedora, Junta Pro Pazo y Francisco Franco) decidieron formalizar una escritura pública en 1941 transmitiendo directamente la propiedad” al dictador. Además, responden a la Abogacía que el Estado solamente hizo frente a los gastos derivados “del uso público en condición de residencia del jefe de Estado”, mientras que todos aquellos que se hicieron como “propiedad inmobiliaria” fueron sufragados y asumidos por Franco e incorporados a sus declaraciones de la renta.