El nuevo Gobierno

Barones socialistas se suman al nuevo frente abierto contra el Ejecutivo por la devolución del IVA

Emiliano García-Page y Pedro Sanchez posan en la puerta de la Moncloa.

Fernando Varela

La rebelión está en marcha. Y en contra del Gobierno ya no están sólo los presidentes autonómicos del PP. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que lidera el socialista Emiliano García-Page, formalizó este lunes la decisión de acudir a los tribunales para exigir al Ministerio de Hacienda el dinero que corresponde a esta comunidad por una mensualidad del IVA de 2017 que, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya no puede devolverse. Aragón, presidida por el también barón socialista Javier Lambán, estudia seguir el mismo camino. Lo mismo que Adrián Barbón, el presidente asturiano, Ximo Puig, el presidente de la Comunitat Valenciana, o Francina Armengol, la jefa del Ejecutivo balear, aunque estos últimos siguen dando prioridad a una solución negociada que no pase por un conflicto judicial.

Los barones socialistas se suman así a una revuelta que lidera el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, revueltalideraen compañía de su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno. Y que pasa por judicializar la demanda de ese dinero después de que la ministra de Hacienda asegurase hace dos semanas que la posibilidad de devolverlo caducó en 2019.

En juego hay 2.500 millones de euros correspondientes a 2017 que las autonomías tenían que haber ingresado en 2019 y que, según el ministerio, ya no es posible cobrar porque se trata de un IVA que corresponde a un ejercicio liquidado.

El origen del problema se remonta a 2017, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), sólo pagó a las comunidades autónomas 11 meses de IVA como consecuencia de un ajuste contable. Con “nocturnidad hizo una modificación unilateral del sistema de información del IVA que hizo que en la práctica sólo se recaudaran, a efecto de Comunidades Autónomas, once meses”, explica el actual equipo de Hacienda.

El Gobierno de Sánchez, según la ministra Montero, intentó corregir ese problema en los Presupuestos de 2019, que la oposición rechazó. “Fue objeto de burla en el debate presupuestario” por parte del PP, recordó con cierta amargura la ministra hace dos semanas, de un “intento de ridiculización diciendo que esta ministra contabilizaba 13 meses de IVA”. Hoy ese dinero ya no se puede entregar a las comunidades, afirma Montero, “porque el sistema de financiación tiene una liquidación dos años más tarde. Es decir: si el daño se produjo en el 2017, se tenía que haber reparado en el año 2019”.

El modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, según la ministra, “prevé que se corrijan aquellas circunstancias que se haya producido en el sistema de financiación dos años más tarde”, de ahí que el Gobierno intentase solucionarlo en los presupuestos de ese año. “Los responsables de que no se haya podido corregir la desviación que se produjo, con motivo de la actuación del señor Montoro, son aquellas fuerzas políticas que votaron en contra del instrumento que permitía corregirlo, entre ellas, el Partido Popular”, culpó la semana pasada.

Ese dinero, explicó Montero, ya no existe. “No existen 2.500 millones de euros que se quede el Gobierno de España, eso es falso”. “Deberíamos utilizar las palabras oportunas y negar con absoluta rotundidad que haya 2.500 millones de euros que alguien se vaya a gastar y que no se traspase a las Comunidades Autónomas”. Porque “el ajuste, en términos de contabilidad nacional, se hizo en el año 2017. Es una cuestión muy técnica, pero el ajuste en términos de déficit y de contabilidad nacional se hizo en el año 2017. Por tanto, en ese año ya se aplicó por parte del señor Montoro, y lo que nosotros hemos intentado humildemente evitar es que las Comunidades Autónomas se vieran obligadas a tener que devolver con la liquidación de 2019 esas cantidades. Así que nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante”, zanjó.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, confirmó este mismo lunes el criterio de la titular de Hacienda. No ve “factible” la entrega de esos 2.500 millones de euros por el IVA autonómico de 2017. “Hubo una oportunidad en 2019 y no se hizo. No sé si será posible buscar vías, lo intentaremos, pero creo que va a ser complicado”, afirmó en una entrevista en la Cadena SER. “Los temas de financiación de IVA se revisan dos años después. Hay dificultades, un tema legislativo que lo impide. A la ministra de Hacienda le toca la papeleta” y está tratando de encontrar algún “resquicio”.

Las comunidades del PP ya anunciaron que van a seguir los pasos que dio Madrid el año pasado cuando recurrió ante la Audiencia Nacional 377 millones del IVA de 2017. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias.

Alberto Núñez Feijóo explicó este jueves su procedimiento, que comenzó con el envío al Gobierno de un requerimiento previo para que responda en el plazo de un mes. “Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso-administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno”.

A los tribunales

El primer barón socialista en abrazar la estrategia de las comunidades del PP fue este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. No obstante, se mostró esperanzado de que durante “la discusión jurídica pueda haber entendimiento y ojalá lo haya con todos. Me molestaría que se pagara el IVA a comunidades porque lo pida un diputado o porque se le antoje a los independentistas. Sería un golpe moral”.

A un paso de hacer lo mismo está el aragonés Javier Lambán, que ha hablado en varias ocasiones con el Ministerio de Hacienda sin hallar “receptividad”. Espera aún una negativa “clara e irreversible” antes de recurrir a la Justicia. “No vamos a admitir que se nos escamotee el pago”, advirtió.

La consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, también confirmó este fin de semana que el Principado no va a renunciar a este dinero y no descarta “otra vía” distinta al diálogo si fuera necesaria, tanto administrativa como judicial. En términos parecidos se ha manifestado el Gobierno balear de Francina Armengol. Tampoco renuncia a recurrir a los tribunales, aunque todavía “están en la vía de negociación”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por infoLibre declinaron el lunes opinar sobre las comunidades que han anunciado que acudirán a los tribunales para recuperar el dinero e insistieron en culpar al PP de que el asunto no se solucionase en los presupuestos fallidos de 2019.

Ese fue precisamente el argumento elegido por el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. A su juicio es el “colmo del cinismo” que el PP quiera emprender acciones legales para que el Gobierno devuelva la liquidación del IVA a las comunidades autónomas cuando fue “Cristóbal Montoro el que hurtó esa mensualidad”.

No obstante, subrayó, la Generalitat “va a defender los intereses de los valencianos como siempre”. “Y, por supuesto, vamos a defender que esa mensualidad que dejó de pagar la derecha española a las comunidades la paguen de una vez”.

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El Gobierno de Andalucía, que también acudirá a los tribunales por el IVA de 2017, subió este lunes la apuesta y especuló con la posibilidad de acudir también a la justicia por las entregas a cuenta correspondientes a 2019 y 2020, de las que la Junta cree que se han restado 127 millones. Algo que interpreta en clave política: “Nos han quitado 127 millones de euros”, lo que constituye un “impuesto” del Gobierno central al “cambio” en Andalucía, un “chantaje” y un “castigo” a los andaluces.

El PP no ha tardado en relacionar el debate recaudatorio con el conflicto territorial con Cataluña. El PP andaluz ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de confrontar “irresponsablemente” con las comunidades autónomas “constitucionalistas” para “privilegiar a los independentistas a los que debe su gobierno en España”.

El enfado de las comunidades autónomas anticipa una reunión tormentosa del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el ministerio tiene todavía pendiente convocar, así como las dificultades que tendrá que afrontar María Jesús Montero para diseñar una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que satisfaga a todas las partes. Redactarla y presentarla antes del 7 de septiembre es un compromiso que el Gobierno adquirió con Compromís a cambio del respaldo de su único diputado, Joan Baldoví, a la investidura de Pedro Sánchez.

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