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Anticorrupción recurre el archivo de la investigación a Moncloa.com por extorsión en el 'caso Villarejo'

  • Pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordene al juez la citación de nuevos testigos

  • El recurso se dirige contra el propietario de este medio, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, y otro de sus responsables, Ricardo Ducazcal Saurina
  • Los fiscales del caso Villarejo dejan fuera de su petición a ElConfidencial.com, que había sido inicialmente imputado en este procedimiento

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Publicada el 07/02/2020 a las 13:48 Actualizada el 07/02/2020 a las 14:34
Pantallazo de la web moncloa.com.

Pantallazo de la web moncloa.com.

moncloa.com

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en apelación el archivo por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de la causa que investigaba la actividad del diario digital Moncloa.com enmarcada en el caso Villarejo, al entender que concurren "sólidos indicios de extorsión y desobediencia a la autoridad" que el Ministerio Público atribuye a dos de los sus responsables.

El recurso, que deberá resolver la Sala de lo Penal de este órgano y al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra el propietario de este medio, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, y otro de sus responsables, Ricardo Ducazcal Saurina por la citada presunta extorsión y el delito de desobediencia grave en el caso del primero de los citados.

La Fiscalía alega que se da una situación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haber decidido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivar el procedimiento al mismo tiempo que levantó el secreto sumarial que pesaba sobre este asunto. Los fiscales del caso Villarejo dejan fuera de su petición a ElCofidencial.com, que había sido inicialmente imputado en este procedimiento.

En cuanto al primero de los medios citados, la defensa ejercida por Durán&Durán Abogados ha señalado a Europa Press que los motivos de archivo de las actuaciones por el juez García Castelllón "son absolutamente sólidos e incontestables".

Añaden las mismas fuentes que la relación entre los responsables de Moncloa.com y el comisario Villarejo fue inicialmente planteada por Podemos, personada en la causa como acusación popular, en los últimos meses del año 2018. "Que lo plantee un partido político entra dentro de su juego partidario, pero que lo haga todo un Ministerio Público es, como poco, patético", aseguran.

Esta instrucción conformaba la pieza separada número 19 de la macrocausa Tándem que el magistrado abrió tras la publicación de audios y materiales del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo relativos a la relación del expolicía e Iberdrola.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió esta pieza el pasado mes de noviembre y requirió a los dos digitales citados a que entregasen cuanta documentación tuviesen al respecto y les prohibió seguir informando sobre el tema.

Informaciones contra Florentino

Sin embargo, al día siguiente ambos continuaron publicando, en concreto unos audios en los que el jefe de seguridad de Iberdrola estaba conspirando con Villarejo para causar daño al presidente de ACS, Florentino Pérez.

Esta fue la razón por la que el magistrado citó a declarar al dueño de Moncloa.com y a su responsable de relaciones institucionales, así como al director de El Confidencial, su subdirector y el jefe de Nacional, si bien finalmente estimó el interés informativo de las noticias y archivó la pieza.

Para la Fiscalía, sin embargo, el inicio de la investigación de este delito de extorsión partía de un cuadro "indiciario claro y preciso se debe, desvincular de que, hecho posible , o no, hecho verificable o no, detrás' del acceso por este medio a las grabaciones se encontrara José Manuel Villarejo o su entorno".

Recuerdan que en su declaración como perjudicado ante el juez García Castellón, el presidente de la constructora ACS manifestó que no había tenido conocimiento de que había sido investigado por CENYT, la agencia de Villarejo, hasta que en él mes de febrero de 2019 dos periodistas le habían advertido de que Alejandro Suárez, propietario del digital Moncloa.com tenía en su poder documentos y grabaciones que le habían sido vendidos por Gemma Alcalá, esposa del comisario jubilado en prisión, y que podría evitar la publicación si pagaba un millón euro.

Añadía que esos mismos periodistas de su confianza le habían mencionado que en una fecha muy próxima -llegó a indicar que sería partir del pasado18 de noviembre- ese material iba a ser publicado, como así ocurrió.

Además, el denunciante aportó en su segunda declaración una copia de correos remitidos por el Grupo Merca2 al Departamento de Comunicación de ACS mediante los cuales el director de Relaciones Institucionales y Publicidad del grupo de comunicación, Ricardo Ducazcal, solicitaba reiterativamente mantener "reuniones de carácter institucional".

Citaciones de periodistas y trabajadores de medios

El recurso de apelación, de 27 páginas, incide también en la extemporaneidad de la resolución de sobreseimiento provisional, al considerar que la instrucción se cerró "precipitadamente" y sin esperar al resultado de diligencias de investigación relevantes para su esclarecimiento que ya habían sido solicitadas por la acusación pública.

Entre ellas, el escrito cita la del periodista Antonio García Ferreras con el fin, según señalan los fiscales, de recabar su versión directa "como intermediario que presuntamente trasladó el mensaje del director del medio al empresario al que afectaba la información disponible para su publicación".

Según Anticorrupción, esto es porque Suárez Sánchez-Ocaña reconoció que había hecho llegar a Florentino Pérez que tenía información que le afectaba e identificó como intermediario al periodista de la Sexta como un conocido común de ambos.

Igualmente, reclaman la versión testifical de Verónica Orihuela Arévalo, trabajadora de la Dirección de Relaciones Institucionales de MERCA2 y de Juan José Díaz Clavel, responsable del Departamento de Comunicación de ACS.

En cuanto al levantamiento de la medida de prohibición de publicar, la Fiscalía comparte los argumentos del instructor porque transcurridos dos meses desde su adopción "ya no resulta necesaria para enervar el riesgo dé que pueda volver a utilizarse de modo ilícito el material disponible que pudiera tener el medio digital Moncloa.com, bajo la coartada del ejercicio del derecho", y porque es "razonable esperar" que el medio "no persista de modo ciegamente contumaz en la actividad delictiva que se denunció".

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