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El CGPJ y los otros órganos institucionales que pueden renovar PSOE y PP

  • Algunas de las instituciones que deben renovarse son el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
  • PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a realizar este proceso siguiendo los principios de "mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional"

infoLibre
Publicada el 17/02/2020 a las 09:13 Actualizada el 17/02/2020 a las 13:07
Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, tienen previsto hablar este lunes en su reunión de Moncloa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, pero tienen en cartera la renovación total o parcial de otra decena de órganos institucionales cuyo mandato ha caducado o caducará en los próximo meses. Según informa Europa Press, tal es el caso del Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos para la conformación del Gobierno de coalición, ambos partidos se comprometieron a buscar acuerdos parlamentarios de consenso en aras de esas renovaciones, primando los principios de "mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional".

Y es que para algunas renovaciones se necesita del concurso del PP, porque de lo contrario estarán abocadas al fracaso. Así ocurre con el CGPJ o del TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso, o lo que es lo mismo 210 diputados. El PSOE y Unidas Podemos sólo suman 155 escaños, a 55 de la mayoría cualificada que exigen estas renovaciones y, de entrada, no se prevé que ni Vox ni Ciudadanos entren a negociar.

Mano tendida de Sánchez a Casado

Este miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez ofreció mano tendida a Casado para llegar a acuerdos, entre los que citó la renovación del órgano de gobierno de los jueces, uno de los asuntos que previsiblemente saldrá en este primera cita de ambos en Moncloa tras la proclamación del socialista como presidente del Gobierno.

El mandato del CGPJ, que dura cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del popular Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.

También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado mes de noviembre. En agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

La JEC debe renovarse antes del 3 de marzo

Otras de las renovaciones que deben resolver el Congreso es la de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que se renueva con cada legislatura, concretamente en los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes que, en este caso, tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.

El órgano que actúa como árbitro de las elecciones lo componen 15 vocales: ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso, y otros dos miembros natos que no tienen voto. Tras recibir el aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la Mesa de la Cámara informa al Gobierno para que proceda a designarlos formalmente como vocales mediante real decreto.

También está en la lista de pendientes la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso el que lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta (176 votos).

RTVE y defensor del pueblo, otra tareas pendientes

El Gobierno también debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se congeló en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.

Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado. Entre ellos se elegirá a los 10 miembros del Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado). Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente del Consejo se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.

Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde hace dos años y medio. La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exministro socialista Ángel Gabilondo han sonado como posibles recambios. Se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo (210 votos). Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

También la AIREF, el FROB y la CNMV

En el ámbito económico, los nombramientos que con más urgencia debe acometer el nuevo Gobierno se encuentran en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde su presidente, José María Marín Quemada, su vicepresidenta, María Fernández, y tres consejeros, dirigen el organismo con el mandato ya cumplido y sin posibilidad de reelección.

Sus sustitutos serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras haber pasado un examen ante la comisión del ramo en el Congreso. La Cámara Baja tendrá opción de veto a estos nombramientos por mayoría absoluta.

Otro mandato que caduca este mes es el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), cargo que hasta enero ocupaba el ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En este caso, es la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha de proponer un nombre, que debe tener el aval de la mayoría absoluta de la comisión del ramo en el Congreso. En caso contrario, bastaría con una mayoría simple, pero en esta ocasión de la Comisión de Hacienda del Senado.

Ya en julio culminará el trabajo Jaime Ponce al frente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero y responsable último de Bankia. En este caso, el candidato propuesto por la ministra de Economía deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.

Finalmente, a finales de noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato. Tanto PSOE como Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.

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4 Comentarios
  • El chipionero El chipionero 17/02/20 10:41

    Además de la renovación del Constitucional, hay que renovar todos los estamentos jurídicos que se han propuesto por los partidos políticos. El poder judicial debe de estar completamente despartidizado. Por lo tanto debería de nombrarse, a los miembros de los órganos judiciales, POR ELECCIÓN ENTRE LOS MISMOS JUECES, sin que participe, en la composición de estos órganos, ningún partido político. Además, debería de crearse órganos judiciales que controlasen el comportamiento profesional de los jueces, para evitar que sean corrompidos con prebendas de los bancos u otras entidades privadas que "los invitan" para dar conferencias jurídicas a su personal.

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    • Ambon Ambon 17/02/20 12:31

      Vivimos en una democracia parlamentaria, es decir, de los tres poderes del Estado, los ciudadanos solo elegimos al poder legislativo, el poder ejecutivo sale del legislativo y el poder judicial debe estar también controlado por el legislativo, si no se hace así estaríamos ante un poder del Estado que sería autónomo y sin control. En democracia todo debe estar interrelacionado e intercontrolado.

      Los jueces no pueden elegir a su jefes solo ellos, o participa el poder legislativo en proporción a su representatividad (aunque me fastidie la de Vox) o bien que haya elección directa por los ciudadanos, lo que no parece sencillo.

      Por otro lado, la actual magistratura en sus órganos de dirección está claramente sesgada hacía posiciones conservadoras o ultraconservadoras y la sociedad española es mas bien de centro izquierda, por tanto no hay relación y eso debería cambiar para que de la misma manera que la Cortes Generales representan con mas o menos fidelidad nuestra sociedad, el Poder Judicial tenga el mismo grado de representación social

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      • Sotram Sotram 17/02/20 22:22

        Totalmente de acuerdo, ambon. Además, teniendo en cuenta la catadura poítico-ideologica de los jueces en España, dejar a su elección instituciones como estas sería un suicidio

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      • Teresa A Teresa A 17/02/20 16:47

        Pues si, porque teniendo en cuenta que la mayoría de los jueces ,nò son precisamente progresistas, si no se tuviera en cuenta la representación que hay en el congreso , siempre en las instituciones judiciales serian en su mayoría conservadores . Todos tenemos tendencias politicas y el que diga lo contrario miente.

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