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El futuro de Cataluña

La Fiscalía se querella contra el jefe de la oficina de Puigdemont por presunta malversación

  • La querella es por un viaje por el referéndum a Nueva Caledonia como observador y dos peajes a Lledoners
  • "La cuestión es perseguirnos e impedir que hagamos política. Buscan la muerte civil de todos nosotros. No se la regalaremos", ha dicho el expresident

Publicada el 17/02/2020 a las 16:41 Actualizada el 17/02/2020 a las 16:42
El historiador Josep Lluís Alay (primero por la izquierda) llega a la Audiencia Nacional para declarar.

El historiador Josep Lluís Alay (primero por la izquierda) llega a la Audiencia Nacional para declarar.

Europa Press

La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el responsable de la Oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y contra la secretaria general de Presidencia, Meritxell Massó, por presunto delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa.

La querella, recogida por Europa Press, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona, se dirige contra Alay y Massó por los gastos de un viaje del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2018 para hacer de observador en el referéndum de Nueva Caledonia, por más de 4.000 euros.

También se recogen en la querella los gastos de los peajes de autopista del trayecto a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), de 3 de septiembre de 2018, y considera que "a la vista de las funciones y actividades que el querellado tiene encomendadas, no existe razón alguna que justifique el pago con cargo a la partida presupuestaria 'Oficina del expresidente" de estos dos conceptos.

En un tuit recogido por Europa Press, Puigdemont ha afirmado: "La cuestión es perseguirnos e impedir que hagamos política. Buscan la muerte civil de todos nosotros. No se la regalaremos".

 
 

La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de septiembre de 2018 por si se había nombrado a Alay "contraviniendo de manera deliberada y arbitraria la normativa aplicable a la creación de puestos de trabajo", y finalmente, tras investigar los hechos, la querella se centra en la petición, autorización y pagos supuestamente indebidos por parte de Alay.

Según el Ministerio Público, Alay actuó "abusando de su condición de responsable de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, excediéndose en las funciones que como tal tiene atribuidas" en base a la resolución PRE/1635/2018 de 11 de julio.

Considera que se apartó "de su obligación de servir a intereses generales propios del personal de la administración pública y con el propósito de enriquecimiento ilícito".

Así, recoge que Alay solicitó autorización como responsable de la oficina de Puigdemont ante la Conselleria de Presidencia de la Generalitat para viajar a Nueva Caledonia como observador del referéndum, con un coste de billetes de avión de 4.389,79 euros, a los que se suman los justificantes de fondo de maniobra por comidas por valor de 337 euros.

Gastos pagados por Presidencia

Todos los gastos, recalca el Ministerio Fiscal, fueron "asumidos y atendidos" por el Departamento de Presidencia y abonados a través de la partida presupuestaria correspondiente a la Oficina del expresidente.

Asimismo, con la misma operativa, se abonaron los peajes de autopista que Alay abonó cuando acudió al centro penitenciario de Lledoners, donde están internos siete líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.

El fiscal considera que, "de confirmarse los indicios de criminalidad expuestos y sin perjuicio de que la instrucción permita perfilar las calificaciones jurídicas finalmente aplicables, pudieran haberse cometido alguno o algunos de los siguientes delitos": delito continuado de malversación de caudales públicos y delito de prevaricación administrativa.

La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón desimputó a Alay y al empresario y senador Josep Maria Matamala, investigados en otra causa por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018.

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