El Gobierno asume la imposibilidad de alcanzar pactos con el PP

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y del Consejo de Administración de RTVE exige que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo porque hacen falta mayorías cualificadas en el Congreso. Así que, después de que el líder conservador, Pablo Casado, confirmase este lunes en una reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa que su partido no negociará esa renovación a menos que el Ejecutivo renuncie a las tres claves de su proyecto —el diálogo en Cataluña, el Gobierno de coalición y los Presupuestos sociales—, el equipo de Pedro Sánchez ya sabe que no tiene ninguna posibilidad de alcanzar pactos con el PP.

El resultado de la reunión es la historia de un fracaso anunciado. El presidente ya sabía que Casado acudiría a La Moncloa con un programa de máximos y con muy pocas ganas de abrir ningún diálogo con el Gobierno, pero aún así quiso dar este paso para, en el peor de los casos, forzar al líder del PP a "retratarse" en el bloqueo.

Casado exigió a Sánchez, entre otras cosas, que renunciase a reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal y a nombrar a la exministra Dolores Delgado nueva fiscal general; que mantenga la reforma laboral del PP, que se niegue a sentarse con Quim Torra, que entregue a las Comunidades Autónomas el IVA de diciembre de 2017 que le reclaman y que impida con su veto una reducción de los fondos que la Unión Europea dedica a la agricultura.

Un conjunto de exigencias, previo a cualquier negociación, que ha facilitado al Gobierno trasladar a los medios de comunicación, a través de su portavoz, la ministra María Jesús Montero, el mensaje de que Casado “sigue con contumacia en el bloqueo, como si no se hubiesen celebrado dos elecciones consecutivas”. Se limitó a plantear que “o se hace su política”, en relación con Cataluña y con los Presupuestos, “o no se puede contar con el PP”. Lo que quiere es que el Gobierno “renuncie a su programa y aplique el del PP; sería un fraude. Sigue sin entender que los españoles quieren que esté en la oposición”.

La tesis del Ejecutivo es que Casado sigue instalado en el escenario de diciembre, antes de la investidura, ignorando que la situación ha cambiado. El Partido Popular puede bloquear la renovación de órganos como el Consejo del Poder Judicial, advirtió Montero, pero con esa estrategia no está boicoteando el Gobierno sino el funcionamiento de la institución encargada de gobernar a los jueces.

La consecuencia del desencuentro amenaza no sólo a los citados órganos sino a debates tan importantes como el Pacto de Toledo sobre las pensiones o la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica —la revisión del actual sistema acumula ya siete años de demora—, así como al pacto educativo que dé estabilidad a la ley que regula el sistema de enseñanza en España. En todos los casos hacen falta mayorías cualificadas.

El escenario electoral

El Gobierno es muy consciente de que la celebración de elecciones en Galicia y en Euskadi, previstas para el 5 de abril, juega en contra de la posibilidad de que Casado cambie de opinión y acceda a negociar la renovación de los órganos institucionales pendientes. Aún así, mantiene oficialmente la “mano tendida” en un intento de trasladar al PP toda la responsabilidad de que no sea posible proceder a esos nombramientos.

Casado, por su parte, trató de culpar del fracaso de la reunión al radicalismo de Sánchez, que según él ha dejado al PP el espacio de centro al pactar con Unidas Podemos y los independentistas.

El PP, dijo, es el “partido de los moderados” y una “fuerza tranquila” que a pesar del planteamiento que llevó a la reunión, está dispuesta a llegar a “acuerdos de Estado” para que el Gobierno “no tenga que depender de independentistas, batasunos y en cierta medida de las personas más radicales del Gobierno que ha tenido que conformar”.

Detalle de la entrada en La Moncloa de Pedro Sánchez y Pablo Casado.

Por eso “la pelota está en el tejado de Sánchez”, remarcó. Es el presidente del Gobierno el que tiene que elegir entre “pactar con los separatistas o con los que quieren llegar a acuerdos para dejar un país mejor”.

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En el Ejecutivo tampoco se atreven a apostar por un cambio de escenario si la aprobación de los presupuestos demuestra al PP que no puede esperar que un escenario electoral le permita disputar pronto la Presidencia del Gobierno. Y eso que el propio Casado pareció admitir que, si los Presupuestos salen adelante, la situación será diferente: “Una vez que el Gobierno tenga Presupuestos Generales del Estado puede durar prácticamente toda la legislatura”, admitió el líder del PP.

En este contexto, el Gobierno se dispone a mantener la hoja de ruta fijada. Este mismo martes el Consejo de Ministros abordará las tres leyes con las que quiere incrementar los ingresos que necesita para alimentar sus políticas sociales y, al mismo tiempo, cumplir con sus compromisos en Europa: la de lucha contra el fraude fiscal y las que servirán de base a la creación de los impuestos sobre los servicios digitales que comercian con datos de sus usuarios y sobre las transacciones financieras de las grandes empresas.

Del mismo modo, en los próximos días dará a conocer la fecha de celebración y los participantes en la primera mesa de diálogo sobre Cataluña, que presidirán Pedro Sánchez y Quim Torra, el president de la Generalitat. Es este un compromiso que el PSOE pactó con Esquerra Republicana a cambio de su abstención en la investidura y del que depende, además, la disposición del partido de Oriol Junqueras a negociar y apoyar los Presupuestos para 2020, sin los cuales la viabilidad de la legislatura sería imposible.