Derechos humanos

El debate en torno a los derechos trans se enquista en el movimiento feminista

Imagen de la bandera LGTBI y la bandera trans.

El conflicto estalló este sábado, con la expulsión del Partido Feminista de España (PFE) del seno de Izquierda Unida (IU). Pero venía gestándose meses atrás. Hay quien dice que echa raíces en la Ley LGTBI de 2017 y la Ley trans de 2018. Otras voces sitúan su origen en julio de 2019, con una conferencia celebrada en Gijón que abroncó el debate en torno a los derechos de las personas trans. Lo cierto es que la controversia se instala en diversos planos: el académico, el social, el político y el institucional. Y en todos ellos el debate ha derivado en lo que parece un cisma irreparable entre las partes.

El Partido Feminista lanzó su primer comunicado al respecto el 4 de diciembre de 2019. Lo hacía a raíz de la aprobación de diversas leyes, autonómicas y estatales, que apostaban por la despatologización de las personas trans. "El estallido más notable surge a partir de aquel comunicado, entonces la reacción de los colectivos trans fue agresiva, insultante y despreciativa". Habla Lidia Falcón, líder del Partido Feminista. En conversación con infoLibre, la histórica dirigente explica que fue a principios de diciembre cuando "los colectivos trans piden" su expulsión de IU, que finalmente se materializa el pasado fin de semana tras una serie de "procesos políticos muy repetitivos".

Falcón carga abiertamente contra la "autodeterminación de género" que proponen las leyes. Esta base, expone la feminista, viene a plantear que "no hay un sexo físico" y que "lo importante es lo que tú te imaginas", de manera que cualquier sujeto puede acudir "al Registro Civil para cambiar su nombre y sexo". El principal inconveniente, argumenta, tiene que ver con los posibles conflictos que de ello se deriven. Falcón habla de acosadores sexuales en los lavabos de mujeres o de problemas en prisiones por "violadores que se autodefinen como mujeres". Además, lamenta la feminista, la ley estatal que prepara el Ministerio de Igualdad contempla la autodeterminación de género también para los menores. "A los adolescentes se les suministraría bloqueadores de hormonas para que no se desarrollen", todo ello "pagado por la Seguridad Social" hasta "proceder a la castración quirúrgica".

Ante el escenario descrito no cabe expresar "opiniones contrarias", que de ser manifestadas públicamente son catalogadas de "tránsfobas". En consecuencia, lamenta, "queda castigada toda opinión en contra de estas medidas".

La escritora Carmen Domingo coincide en el diagnóstico y recuerda que, si bien en suelo estatal comienzan a surgir ahora las primeras voces en torno al conflicto, en otros territorios el debate echa raíces. "Cualquiera que haya leído un poco de feminismo sabe que las personas nos diferenciamos por sexos y el género es un constructo social", dice al otro lado del teléfono. Ese constructo, del que emanan distintas "órdenes de género", es uno de los elementos al que "el feminismo se opone". Sin embargo, añade Domingo, el problema surge cuando teóricas como Judith Butler "deciden que tanto el género como el sexo son un constructo social". Esa falta de distinción, razona, deriva en la disolución del sujeto mujer y por tanto vacía de contenido al movimiento feminista.

"Nos han colado el gol otra vez", dice Domingo. Y concreta: "Yo entiendo que aquí hay un lobby de hombres detrás, haciendo creer a los cuatro modernos de turno que van a algún sitio". Las consecuencias, coincide, podrían ser demoledoras para las mujeres. Con la legislación trans, un hombre puede decir sentirse mujer y pasar por encima de, por ejemplo, la Ley contra la Violencia de Género o las listas cremallera de los partidos políticos. "La barbaridad puede ir en estas direcciones", advierte. ¿Se trata de un riesgo real? Domingo le resta peso a la probabilidad. "Da igual que haya un riesgo o no", razona y sitúa el problema en el mero hecho de "ofrecer la posibilidad de que lo haya". "¿Por qué un hombre no se va a acoger a esa oportunidad?", plantea. El gran conflicto, pronostica, tiene que ver con la desaparición de las leyes "que sí dan derechos a las mujeres".

En esencia, continúa la escritora y feminista, "es una barbaridad que sin un diagnóstico médico puedas decir que eres una cosa u otra, que te saltes la biología. Esa es la trampa", aduce, frente "a la disforia de género que sí es una patología y está diagnosticada". Falcón advierte igualmente sobre las secuelas para el movimiento feminista: "Si tú haces desaparecer del lenguaje las categorías antropológicas hombre-mujer, como hace el proyecto de Ley LGTBI al hablar de progenitores gestantes, si tú eliminas a las mujeres, ¿para qué necesitas el feminismo?".

La realidad trans

Saida García asegura que no termina de entender el debate. "Las mujeres trans forman parte del feminismo, asistimos perplejas a toda la violencia que se está generando alrededor y estamos bastante preocupadas, porque no hay ninguna intención de diálogo o de querer entender de qué hablamos nosotras". Utiliza el plural porque habla también en nombre de sus compañeras, integrantes de la asociación Euforia familias trans-aliadas.

En conversación con infoLibre, García se apresura a "desmentir" algunas de las ideas que monopolizan el debate. "No queremos hormonar a personas de ocho años, ni tenemos relación con la trata. Hablan de una teoría queer que no manejamos el resto, mezclan términos, no sabemos de lo que están hablando", admite. No sin antes insistir en que "la lucha trans nunca va a pasar por invisibilizar las violencias que sufren las mujeres cis y todas las personas que nacen con vagina en todo el mundo", precisamente porque se trata de "una violencia clara".

García, que ha participado en la redacción de diversas leyes autonómicas, subraya que en su confección "se tiene muy en cuenta que por proteger unos derechos fundamentales no se vulneren otros: estamos muy pendientes de dónde poner el punto, de cuál es el contexto social y de blindar siempre todos los derechos que ya existen". Cuando el colectivo LGTBI y más concretamente las personas trans hablan de "procesos gestantes", recupera la activista, "no se invisibiliza a las mujeres, sino que se da visibilidad a otras posibilidades". Ampliar el foco, insiste, "no significa invisibilizar".

Violeta Assiego, abogada y activista, se detiene en el plano de los derechos humanos. "Me suscita mucho enfado y mucha rabia que desde el feminismo se estén justificando palabras y mensajes completamente denigrantes", confiesa. "Se pasa por alto la lógica de los derechos humanos infligiendo un trato degradante a las personas", abunda, "se pasa por alto cómo esa persona quiere ser nombrada, aun a sabiendas de que es algo que a esa persona le hace daño". Assiego reflexiona sobre las formas: "Entiendo que el feminismo no va por ahí, no creo que podamos legitimarnos en la capacidad de defender posturas aun a sabiendas de que van contra la dignidad de personas que tenemos delante".

Pero también se detiene en el fondo. "Se está simplificando lo que es la teoría queer", argumenta y añade que "la despatologización no significa que una persona se levante por la mañana, vaya al Registro Civil y diga que es hombre o mujer". A su juicio, esa idea viene a reproducir "los mismos sesgos, clichés y prejuicios que abandera la extrema derecha para atacar a otros seres humanos". Para Assiego, la teoría queer no propone la eliminación de la categoría mujer, sino que "defiende a muchos tipos de mujeres". La activista sostiene que el movimiento "ha evolucionado mucho en los últimos tiempos en base a las vidas más vulnerables, las que no están en las universidades, en los medios ni en los espacios más hegemónicos del feminismo". Y recuerda que el "elemento género" no es el único que "provoca opresión", sino que existen "elementos más allá de la biología" y que se materializan "en esas vidas que se alejan de la mirada binaria".

Assiego se esfuerza igualmente en desmentir algunas de las bases argumentales del polo opuesto. Sobre la invisibilización de la mujer y los dardos contra el movimiento feminista, recuerda que "la misma lógica argumentativa la empleaba la religión católica cuando decía que el matrimonio igualitario iba a destruir la familia". Se trata, dice, de "infundir miedo para legitimar su argumento, que puede ser respetable pero no puede ser el único". Las personas cis, añade, "estaban muy cómodas sabiendo que lo trans era una patología: la sensación es que se rompe una hegemonía y se genera un plano de igualdad para el que no estamos preparadas". Pero sobre todo, remata, "demuestra un grandísimo desconocimiento de las realidades trans".

Sobre los peligros que puedan brotar, García subraya que el acoso existe, independientemente de la segregación en los aseos públicos. "Vamos a generar las herramientas para que esto no pase, pero no invisibilizando a las personas trans". Assiego completa la respuesta al apuntar que "si hay un hombre en algún lugar que se declara mujer para evitar la Ley contra la Violencia de Género, probablemente ese hombre ha cometido muchos otros actos fraudulentos que no tienen que ver con el género". Si alguien "suplanta el género", razona, "tendrá que ser la norma vigente la que tenga que juzgar esa suplantación".

Leyes antes de verano

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Durante la mañana del lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, declaró en su primera comparecencia en el Congreso su intención de llevar la Ley LGTBI y Ley trans al Consejo de Ministros antes de verano. "La orientación sexual o identidad de género son la tercera causa de delitos de odio de nuestro país, según los datos del Ministerio del Interior en 2018", recalcó la ministra. "Y una de las tres primeras causas de acoso escolar según los indicadores del Instituto de la Mujer". Además, añadió, "la mayoría de mujeres trans está en situación de desempleo, rozan cotas del 85% según datos recogidos por los colectivos, lo que les aboca a una situación de extrema vulnerabilidad".

La Ley trans, registrada en el Congreso en marzo de 2018, tiene por objeto "brindar protección jurídica a las personas identificadas como trans y regular el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. La norma busca, por tanto, "garantizar su ejercicio pleno en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social, económico y político". Actualmente, la Ley 3/2007 reconoce el cambio de nombre y sexo registral únicamente para las personas con nacionalidad española y mayores de edad, una vez haya sido acreditado, mediante informe médico de diagnóstico de disforia de género, llevar bajo tratamiento médico durante al menos dos años. La norma que quiere sacar adelante el ministerio de Irene Montero tiene como principal objetivo la despatologización del colectivo trans.

En cuanto a la Ley LGTBI, que ya pasó por el Congreso en mayo de 2017, busca "desarrollar y garantizar los derechos" del colectivo, "erradicando situaciones de discriminación" a través de la homogeneización de las normas que ya existen a nivel autonómico. La ley, con vocación integral, "no sólo pretende plasmar una igualdad ya reconocida o formal, sino incorporar obligaciones y deberes de las administraciones, estableciendo una serie de políticas" y mecanismos de control, así como un sistema de "infracciones y sanciones que garanticen la efectividad de la igualdad y la no discriminación".

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