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PSOE y Adade involucran a El Corte Inglés en una operación urbanística investigada en 'Púnica'

  • Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados
  • La operación es una de las dos citadas por Anticorrupción como ejemplo de ilegalidad en su recurso contra el auto del juez que abre la puerta a enterrar por prescripción una parte de lo investigado en Púnica

Publicada el 21/02/2020 a las 06:00 Actualizada el 21/02/2020 a las 09:33
El Corte Inglés suma un nuevo contrato con Instituciones Pentenciarias, esta vez por 2,1 millones

Fachada de un centro comercial de El Corte Inglés.

Europa Press

Las dos acusaciones populares que en el caso Púnica ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE acaban de pedir la imputación del directivo que en nombre de El Corte Inglés participó en convenios privados y públicos que en 2004 condujeron a la recalificación de una bolsa de terrenos que la empresa poseía en Valdemoro. Es decir, en el municipio madrileño que fue el primer feudo político de Francisco Granados, cuya detención en octubre de 2014 marcó el estallido del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó en 2006 parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a recalificar el suelo. A tenor de los hechos, lo consiguió. Cid Sicluna es quien, después, levantó en Valdemoro una mansión a gusto de Granados y que Anticorrupción considera un pago en especie para el político del PP, de quien –sostiene la Fiscalía– era socio oculto.

En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, Adade y el PSOE piden que declare como investigado un exdirectivo –su condición de ex la confirmaron a este periódico fuentes oficiales de El Corte Inglés–, cuya versión no ha podido recabar este periódico y que responde a las iniciales F.J.S. Según el escrito, F.J.S "figura como representante de Induyco o El Corte Inglés en varios documentos incorporados a la causa”. De "los indicios obrantes en la documentación incorporada", se concluye que le correspondió a él hacer "el seguimiento del proceso". Según estas dos acusaciones, F.J.S. fue quien recibió el informe técnico elaborado en febrero de 2002 por el arquitecto municipal de Valdemoro de aquella época –José Luis Navarro, imputado desde el primer momento– sobre la valoración de una “posible permuta” que finalmente se llevó a efecto. Este periódico ha contactado con los portavoces oficiales de El Corte Inglés para recabar su opinión, pero de momento no se han pronunciado.

El escrito involucra a otro alto directivo de la época, el histórico Juan Manuel de Mingo, aunque hace constar que la prensa informó en 2013 de su fallecimiento. "Solicitamos –dice el texto– se oficie al Registro Civil verificar si se trata de la misma persona y en función del resultado se decidirá".

La operación urbanística que sustenta la reclamación de Adade y el PSOE, que afecta al gigante español de la distribución, ya aparecía mencionada como ejemplo de ilegalidad urbanística en el demoledor recurso de la Fiscalía contra el auto donde García Castellón declaraba prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004.

Ahora, Adade y el PSOE dan un paso más. Y de relevancia por cuanto involucra a una empresa de gran magnitud. Tras recordar una de las tesis centrales de la investigación de Púnica en lo que concierne a Valdemoro –que Granados y los que se considera sus socios secretos, David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, se asociaron para gestionar el suelo de Valdemoro con prácticas "presuntamente delictivas"–, el escrito de las acusaciones añade lo siguiente: que "para la ejecución de sus planes [Granados, Marjaliza y Cid] entran en contacto con distintos participantes, entre los que se encontraría El Corte Inglés (bajo sus distintas denominaciones)". Y que "a fin de poder investigar con más detalle esta operación de Urbanismo de Valdemoro, solicitamos se cite a declarar como investigado, a quien en representación del grupo empresarial, actúa como representante de El Corte Inglés e Induyco".

Según Anticorrupción, es “incongruente” el cómputo temporal que el magistrado aplica para declarar que ya han transcurrido los 15 años de plazo a partir del cual los hechos prescriben para los delitos aquí investigados. Constituye un error, alegan las fiscales bajo el argumento de que García Castellón cuenta los plazos como si la instrucción judicial hubiese comenzado ahora y no en 2014.

En su recurso, la Fiscalía hace constar que no recibió el auto del juez hasta 10 días después de que fuese emitido y urge a la Sala a pronunciarse porque el tiempo corre en contra de la investigación: la instrucción debe finalizar, sin posibilidad de prórroga, el 6 de junio.

La operación bajo sospecha

La operación del Majuelo Norte se llevó a cabo con una enorme extensión de suelo rústico propiedad de El Corte Inglés que acabó en manos de uno de aquellos empresarios que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares tienen por socios ocultos de Francisco Granados y que se cuenta entre los imputados: Ramiro Cid, quien luego levantó una mansión que la Fiscalía considera una "recompensa" al político que los investigados trataron de camuflar una vez que las obras de construcción salieron a la luz en 2009.

En su escrito, Adade y el PSOE trazan un resumen de en qué consistió aquella compleja operación, cimentada primero sobre un convenio entre El Corte Inglés y Obras y Vías SA, empresa de Ramiro Cid, y luego sobre otro firmado por la empresa que entonces presidía Isidoro Álvarez y el Ayuntamiento de Valdemoro.

El escrito detalla que todo comenzó con el convenio que en abril de 2001 suscribió El Corte Inglés con Obras y Vías. El acuerdo requería que se aprobase lo que se conoce como una modificación puntual del PGOU que entonces estaba en vigor, el de 2001. Y estipulaba que la empresa de Ramiro Cid asumía la obligación de gestionar el cambio de calificación del suelo de forma que se convirtiera en urbanizable sin gasto para El Corte Inglés. En contrapartida, Obras y Vías obtendría el 65% del aprovechamiento urbanístico.

El escrito de las acusaciones relata que la modificación puntual planteó problemas, con lo que a finales de ese año el entonces alcalde de Valdemoro decidió acometer los trámites “para formular un nuevo Plan General de Ordenación”. Una vez aprobado el nuevo PGOUen mayo de 2004, donde las fincas de El Corte Inglés en El Majuelo “ya figuraban como urbanizables y de uso residencial”, la empresa firma un contrato de venta de terreno con Obras y Vías: le transfiere la titularidad del 87,66% –relata el escrito– con el compromiso “de que el otro 12,34% se le entregará al Corte Inglés como 16.650 metros cuadrados de suelo para vivienda libre urbanizado”.

Y ahí entra en escena el segundo convenio: este entre El Corte Inglés, que quería suelo industrial, y el Ayuntamiento de Valdemoro.

De ese convenio ya había ofrecido detalles la Fiscalía en su recurso contra el citado auto del juez García Castellón que abre la puerta al cerrojazo de todo lo que relacionado con el urbanismo de Valdemoro.

Anticorrupción lo explicaba así: “El 14 de enero de 2003 el investigado Francisco Granados firmó un Convenio Urbanístico (…) con la empresa Induyco (Corte Inglés) por el cual el Ayuntamiento cedería determinadas fincas rústicas [las localizadas en el sector La Peluquera] pertenecientes al patrimonio público de suelo a cambio de 16.650 metros cuadrados edificables y urbanizados de uso residencial libre, que se decía en el protocolo que le corresponderían a Induyco en el sector El Majuelo, cuando todavía no se había aprobado definitivamente el PGOUV, que lo fue en mayo del 2004, ni estaba iniciada la ejecución del respectivo desarrollo urbanístico del sector”.

Es decir: el suelo que a raíz de ese convenio pasó a ser propiedad de El Corte Inglés en La Peluquera era en aquella fecha rústico y no industrial. Y, como relatan tanto la Fiscalía como Adade y el PSOE, aquellos 16.650 metros cuadrados edificables que a cambio cedió El Corte Inglés al municipio mediante aquel convenio de permuta acabó también en manos de Ramiro Cid mediante una adjudicación municipal directa efectuada en 2006. En su recurso, Anticorrupción ya subrayaba que aquella adjudicación directa implicó el "consiguiente perjuicio para las arcas del Ayuntamiento, que se vieron privadas de obtener mayores ingresos que podía haber ofrecido otro comprador" de haberse producido una venta por subasta.

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1 Comentarios
  • losdel38 losdel38 21/02/20 18:19

    ... Y como se trata del Corte Ingles tambien hay que comentar otro pelotazo de 343 millones de € de ganancias tipo Al Capone al no pagar impuestos.
    El Corte Ingles y el Obispo Al Capone se ponen de acuerdo yo Corte Ingles le digo hacienda le he regalado al Obispo para Obras de Caridad 3 camiones de comida y el Obispo Al Capone me firma un documento que es cierto..( una cosa así ) y en 5 años los jefes del Corte Ingles se ahorraron 343 millones € y de esta manera tan sencilla Al Capone se hizo millonario.

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