El reto demográfico o el estado de gravedad de una España que languidece

Reto demográfico. Es el nombre que el Gobierno ha escogido para la Comisión Delegada encargada de asumir los desafíos planteados por la autodenominada España vaciada. El martes, el Consejo de Ministros aprobó la constitución del organismo, que agendó su primera reunión este mismo viernes, en La Rioja. La Comisión Delegada para el Reto Demográfico está presidida por Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, y el vicepresidente es José Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Junto a ellos, otros once ministros.

Tras el primer encuentro, Teresa Ribera anunció ante los medios su intención de caminar hacia un país "pionero en afrontar el reto demográfico como política de Estado asociada a la igualdad". Tal y como recoge Europa Press, la Comisión Delegada lanzará un programa con actividades específicas para abordar el problema y trabajará, entre otros, la flexibilidad del gasto, la modernización de prestaciones, la digitalización y la adopción de un estatuto básico de los pequeños municipios. El organismo prevé reunirse cada mes y medio, a priori fuera de Madrid. Pedro Sánchez, por su parte, anunció "un plan de choque con 30 medidas de todos los departamentos para abordar el desafío de la despoblación".

Algunas de las claves que ilustran los problemas de la España vaciada se encuentran en la tasa de natalidad, atravesada desde hace años por un descenso progresivo. Con los datos de 2018 saltaron todas las alarmas: España registró aquel año la cifra más baja de nacimientos en dos décadas. Fueron 372.777, uno de los peores datos desde finales de los noventa. La tendencia parece seguir el mismo ritmo: en el primer trimestre de 2019 se registraron 170.074 nacimientos, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

 A nivel global, la población total del país se sitúa en 47.100.396 personas, según los datos del pasado mes de julio. La fotografía dibuja un paisaje despejado en cuanto a crecimiento poblacional, que sin embargo reparte sombra en determinados puntos del mapa. El litoral aumenta su población mientras las zonas del interior se vacían. Las mayores ciudades atraen habitantes, pero las áreas rurales son abandonadas. Aunque en ciertas zonas la sangría es mucho más acentuada. Especialmente cuando va acompañada, y así suele suceder, de carencias en lo más básico. Verín y su paritorio pusieron rostro a un problema común que adopta diferentes carices, el de no disponer de urgencias sanitarias, farmacias, sucursales bancarias o cobertura de internet.

La información trazada por el INE señala algunos de los territorios que de forma más sangrante están padeciendo las consecuencias de la inequidad territorial. Desde enero de 2002 hasta julio de 2019, los datos más recientes del instituto, Asturias se consolida como la provincia con una mayor pérdida de habitantes, en números absolutos: su población se ha reducido en 42.803 habitantes. Ourense, por su parte, cuenta con 31.377 vecinos menos. Le siguen Lugo –28.553 residentes menos– y León –27.096–. Zamora se queda a poca distancia, con un descenso de 25.835. Jaén, Salamanca y Palencia prácticamente comparten pérdidas: 13.794, 13.725 y 13.465, respectivamente. Cáceres se sitúa en una carencia de 11.057 habitantes. Completan el listado, bajando de los 10.000, Teruel, Ávila y Cuenca.

La pérdida de músculo de la España rural queda patente, además, cuando el foco se pone en el tamaño de los municipios. Más de la mitad de los 8.125 que existen tienen menos de mil habitantes, según el informe Población y despoblación en España, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las poblaciones que subsisten con censos de menos de 500 habitantes ascienden ya a las 2.652. Y de ellas, un total de 1.286 ni siquiera supera los cien vecinos, una cifra que ha aumentado un 46% desde el año 2000. 

Otro informe, La población en España: evolución en el siglo XXI, situación actual y perspectivas de futuro, señala que existen un total de 1.108 localidades sin ningún niño menor de cinco años y 311 donde ya no vive ni un solo joven menor de 20 años. En 402, además, la mitad del censo ha superado ya los 65 años. En trece de estos últimos casos el porcentaje de mayores escala al 70%.

Frente a este panorama, la España urbana concentra en los 63 municipios con una población superior a los 100.000 habitantes algo más del 40% de los 47 millones de habitantes. Y os 148 municipios de más de 50.000 habitantes cuentan con el 53% de la población total del país. "Como puede constatarse, la comparación de las cifras de habitantes entre la España vacía (rural) y la llena (urbana) son absolutamente contundentes", dice el Defensor del Pueblo en un análisis sobre la situación demográfica publicado en 2019.

Según datos del año 2017, las cinco áreas urbanas funcionales españolas con mayor población, por encima del millón de habitantes, son Madrid (6,71), Barcelona (4,96), València (1,72), Sevilla (1,54) y Bilbao (1,03). En su conjunto, suman 16 millones de habitantes, un 34% de la población española. La investigadora Pilar Burillo-Cuadrado completa la radiografía añadiendo que sólo el 5% de la población española vive en el 54% del territorio, que se corresponde con 4.375 municipios.

Compromiso y soluciones

En diciembre del año pasado, la Coordinadora de la España Vaciada se reunía en Nieva de Cameros (La Rioja) para hacer balance de un año que marcó "un antes y un después" y fijar sus propósitos para el futuro. Tomás Guitarte, diputado y presidente de Teruel Existe, observa con manifiesta satisfacción que la reunión convocada por el Gobierno de Pedro Sánchez se realice precisamente en La Rioja. "Lo vemos como un pequeño guiño", dice en conversación con infoLibre. Guitarte insiste en la idea que le llevó a ocupar un asiento en la Cámara Baja: el reto demográfico se perfila como "el más importante que tiene España ahora". Y la solución, esgrime, debe ser "integral y holística", por eso el hecho de que la Comisión Delegada implique a buena parte de los ministerios es un buen síntoma.

"El gran problema en este país es la despoblación" que afecta "no sólo al rural, sino también a ciudades nuevas e incluso a capitales de provincia". Toma la palabra Juan Manuel Camacho, portavoz de la plataforma Jaén Merece Más. Camacho recuerda que, según estimaciones de la Junta de Andalucía, su provincia "puede perder hasta 103.000 habitantes antes de 2040". Una provincia que cuenta actualmente con 630.027 habitantes. Camacho reclama no sólo al Gobierno, sino a la clase política en general, compromiso y soluciones. "Nos sentimos agraviados por una continua afrenta: nos van restando servicios y no hay inversión", detalla el portavoz.

Silvia Largo sugiere un cambio de óptica para reforzar sus argumentos. "Hay territorios enormes con una habitabilidad complicada" por cuestiones como el precio del alquiler o los niveles de contaminación. Largo es portavoz de Soria ¡Ya! y recuerda que los problemas anidan en ambos lados. "Es fundamental la redistribución del territorio y que la gente pueda vivir donde quiera", subraya.

Estado de gravedad

Largo habla de un estado de gravedad. "Muchos territorios están empezando a perder población de manera abultada", lo que acelera el clamor por la búsqueda de soluciones. Son necesarias, añade, "medidas de primera necesidad y otras secundarias para paliar la sangría". La portavoz de la plataforma reclama "ayudas encaminadas a crear industria, tejido productivo, hospitales y urgencias", el colchón necesario no sólo para que la gente no se vaya, sino también para que otros vengan. Para amarrar los servicios básicos tiene que haber gente y la gente viene si hay trabajo, razona Largo, quien habla también de "ventajas fiscales" a las empresas que apuesten por estos territorios.

Camacho coincide en el diagnóstico. "La dejación de funciones está llevando al gran problema de la despoblación en unos sitios y a la superpoblación en otros", lamenta, algo que se solucionaría con "más inversiones, infraestructura y servicios en tierras ninguneadas por la clase política sin distinción de siglas".

Guitarte conjuga todas esas reivindicaciones en la formulación de un Pacto de Estado "que vincule a todo el mundo: los partidos en el Gobierno, la oposición y los agentes sociales", de manera que proyecte un foco a "medio-largo plazo" pero que "garantice su continuidad". Y sobre todo que "esté dotado con un mecanismo estable de financiación a salvo de las veleidades presupuestarias".

Es fundamental que se termine "con los vicios y problemas estructurales que han impedido el desarrollo" de ciertos territorios, pero también con aquellos que han contribuido al aislamiento. Incluido el físico: carreteras, ferrocarriles, internet, telefonía móvil… enumera el parlamentario. También habla de beneficios fiscales que favorezcan el emprendimiento, porque los territorios despoblados "parten desde la desventaja" al no tener "los mismos servicios ni las mismas infraestructuras". En ese contexto, la necesidad de "estímulos fiscales" emergen como prioridad.

También lo son las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población. "Que no cueste más de treinta minutos llegar a un instituto, a un centro de salud o a una residencia", pone como ejemplo el diputado turolense. El mismo impulso requiere garantizar el empleo y el acceso a la universidad, que a día de hoy se yerguen como "palanca de vaciamiento".

A nivel legislativo, el diputado habla igualmente de recuperar la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, "adaptándola a las circunstancias actuales". El pasado fin de semana, el portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Manuel González Ramos, consideró necesario impulsar una ley de desarrollo del medio rural, basada en la aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Contigo adonde vayas

Ver más

Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), se detiene en un punto muy concreto en la revitalización del rural. "El problema de la despoblación empieza cuando se va la última mujer", dice al otro lado del teléfono. Para López, plantar cara al problema pasa necesariamente por "dar prioridad a las demandas de la mujer rural, escuchar a quienes están y permitir que se puedan quedar".

La presidenta de Fademur habla de dar "un impulso renovado a la titularidad compartida" y "facilitar el emprendimiento" en el ámbito rural. Su experiencia constata, además, que no sólo "las entidades financieras han desaparecido del territorio", sino que además "la banca tradicional es machista tomando decisiones". López cita un informe elaborado por el Banco de España, cuyas conclusiones confirman que las mujeres emprendedoras piden menos créditos pero, además, las que sí lo hacen tienen menos posibilidades de recibirlos.

Aunque las expectativas continúan ancladas en el escepticismo, los actores implicados confían en obtener resultados. "Tenemos expectativas razonables, estamos esperanzadas de que se tomen de una vez por todas medidas", reconoce López, quien resalta que "es la primera vez" que se vislumbra una respuesta. Camacho dice estar acostumbrado a promesas, pero sí percibe que el "cambio social" puede acelerar hacia un cambio de paradigma. "No queremos reuniones, queremos hechos: presupuesto y compromisos reales para recuperar el tiempo", clama. También Largo explica que de papeles e informes están cansados. "Queremos propuestas que se lleven a cabo con presupuestos", lanza, "ver un cambio en las políticas". Guitarte, quien saltó a primera línea política para introducir el problema de la despoblación en las instituciones, confía en respuestas prontas. "Querer luchar por esto es el primer paso", razona. Es el momento de que la política institucional coja el testigo y dé el paso. De no hacerlo, zanja, lo que está claro es que "las plataformas no van a dejar morir a sus territorios".