Seguridad jurídica: la fórmula para referirse a reformas aceptadas por las dos partes en la mesa de diálogo catalana

“Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”. A esta frase, que cierra el escueto comunicado con el que el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat pusieron fin a la primera reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña celebrada este miércoles en La Moncloa, se ha agarrado la derecha —política y mediática— para denunciar que Pedro Sanchez se dispone a incumplir la Constitución.

¿A qué se refieren los miembros de la mesa cuando hablan de someterse al marco “de la seguridad jurídica”?

Esta terminología no es nueva. El acuerdo suscrito entre el PSOE y Esquerra Republicana el pasado mes de enero para facilitar la investidura de Sánchez ya hacía referencia, con otras palabras, al mismo concepto, al afirmar que “las medidas en que se materialicen los acuerdos” de la mesa de diálogo se adoptarán “de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Una mesa, señalaba también aquel pacto, cuyos límites son, precisamente, “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

Hay incluso una referencia más antigua: la Declaración de Pedralbes, suscrita en diciembre de 2018 por Sánchez y Quim Torra. En ella ambos apostaban por “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. Y añadían una apostilla muy clarificadora: “La propuesta democrática que resulte del trabajo de los espacios de dialogo, deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas”.

Es de eso de lo que están hablando el Gobierno y el Govern: si alcanzan un acuerdo para el que sea necesario acometer reformas legislativas, ambas partes se comprometen a impulsarlas de acuerdo con la legalidad vigente tramitándolas a través del Congreso de los Diputados e incluso sometiéndolas a referéndum en el caso hipotético de que impliquen una reforma de la Constitución o del Estatut, de ahí que la mesa de diálogo no haya hecho una referencia expresa a la Constitución como límite. Pero primero deberá haber un acuerdo que, según Pedro Sánchez, debe aspirar a obtener un respaldo por encima del 80% de la sociedad catalana, lo que necesariamente incluiría a independentistas y no independentistas.

Esquerra, lo explicó este jueves el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo (La Sexta), lo que quiere es un acuerdo para resolver el conflicto mediante un referéndum pactado, legal y reconocido internacionalmente. “Nosotros, que hicimos un referéndum el 1 de octubre, queremos que el próximo sea con seguridad jurídica”, señaló.

“Seguridad jurídica es que los acuerdos políticos” de la mesa “después se tendrán que trasladar al ámbito jurídico”. ERC no busca una solución dentro de la Constitución sino una que permita llevar a cabo la reformas del ordenamiento jurídico que hagan posible otro escenario. “Para nosotros no hay ningún límite a nuestro proyecto político. La Constitución y el Estatut no pueden ser un límite para las ambiciones políticas porque si no, no se hubieran conseguido avances nunca en la historia”. Y puso un ejemplo: “Si la Constitución republicana de 1931 hubiera sido un límite para pedir el derecho a voto de las mujeres, no se hubiera aprobado ese derecho. Por lo tanto, para nosotros, que queremos cambiar las cosas, las leyes actuales no son un límite”, bien entendido que primero tendrá que haber un “acuerdo político y después se cambiará lo que se tenga que cambiar. Pero primero el acuerdo político”, insistió.

La explicación de Esquerra acerca de qué entiende la mesa con la expresión mantenerse en el marco de la “seguridad jurídica” es muy parecida a la del Gobierno. Moncloa es tajante cuando afirma que jamás acordará impulsar ninguna reforma legal que haga posible un referéndum de autodeterminación pero en esta fase incipiente de las negociaciones se cuida muy mucho de entrar en detalles sobre el escenario al que está dispuesta a llegar para alcanzar un acuerdo con el Govern.

La ministra Portavoz, María Jesús Montero, explicó el miércoles que alcanzar un acuerdo es todavía una meta lejana que va a requerir de “mucha capacidad de empatía, de diálogo, de imaginación y de creatividad”. Y “probablemente” exigirá, añadió, “trascender las respuestas tradicionales”. “Nos encontramos en posiciones muy distintas” y “cuando hay dos posiciones tan distintas hay que buscar fórmulas que permitan superar el binomio ‘sí o no’. La situación es compleja y requiere preguntas complejas”.

“Todos los acuerdos y todas las cuestiones que se planteen en este entorno tendrán que tener la correspondiente seguridad jurídica, más allá de que incluso se promuevan las cuestiones relativas a cambios de normas o a revisiones del Estatut o de cualquier otra materia que pudiera ser de interés”. Porque “cualquier acuerdo tiene que estar, como en cualquier Estado democrático, dentro de la seguridad jurídica”.

“Abandonar posiciones máximas”

De lo que se trata, explicó Montero, “es de que cada uno sea capaz, desde su legitimidad y su planteamiento político, de abandonar posiciones máximas para posibilitar el acuerdo con el otro”. Algo que, recordó, no es una particularidad de la mesa entre el Gobierno y el Govern, sino de “cualquier proceso de diálogo y de negociación. Cuando dos partes se sientan a hablar es porque no están de acuerdo”. Por eso “se trata de que cada uno abandone posiciones máximas para encontrar esos puntos que nos puedan permitir seguir avanzando”.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, abundó en la idea de buscar escenarios legales que aún no existen y que tienen que nacer del acuerdo entre las partes. Según la vicepresidenta, cuando Montero se refirió a la necesidad de buscar “fórmulas imaginativas” para resolver el conflicto en Cataluña, aludía a “encontrar salidas que en este momento no existen”.

Confirmando la apuesta por examinar nuevos escenarios jurídicos, Calvo consideró “evidente”, en una entrevista emitida por la Cadena SER, que el título VIII de la Constitución que versa sobre la organización territorial de España “requiere reflexiones” con la vista puesta en “encontrar salidas de acuerdo. Estamos hablando de una reflexión que necesariamente tiene que alumbrar cosas nuevas”. Hablar de respeto al marco de la seguridad jurídica, subrayó, equivale a decir que un eventual acuerdo no podrá ir nunca “en contra” de la legalidad.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, abundó en esta idea: “Puede haber acuerdos para cambiar la ley, pero se deben trasladar a las cámaras respectivas. Pero siempre la seguridad jurídica es respeto a la ley”, enfatizó.

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La expresión, sin embargo, ha contado inmediatamente con detractores. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, considera que al hablar de “seguridad jurídica” es “evidente que se rehúye la palabra Constitución, pero pueden recurrir a toda la creatividad que quieran, porque fuera de la Constitución la imaginación se transforma en pesadilla”, advirtió.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, condenó que el comunicado sustituyese “toda referencia a la Constitución y las leyes por una seguridad jurídica ya amenazada de ser modificada”. En su interpretación de la reunión, lo que está haciendo Sánchez con los independentistas es ofrecerles “la apertura de un periodo constituyente por la puerta de atrás, al margen de cualquier previsión constitucional”.

El líder conservador ya ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que explique a los españoles qué está negociando con los independentistas, aunque está convencido de que estamos ante un “fraude político”, un “embuste legal” y un “desfalco a la soberanía” que el Partido Popular “no va a tolerar”. “Sabemos lo que exigen los separatistas, pero el Gobierno nos oculta a dónde quiere llegar”, acusó.