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Igualdad

Congreso y Senado ultiman su primer plan de igualdad con medidas de conciliación y contra el acoso sexual

  • El primer Plan de General de Igualdad de las Cortes Generales incluirá medidas contra el acoso sexual y laboral, favorables a la conciliación, la potenciación del liderazgo femenino y la utilización del lenguaje inclusivo
  • Este documento se pretende aprobar esta semana, en vísperas de la celebración del 8 de marzo, el visto bueno definitivo se dará en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras y será de inmediata aplicación, aunque podrá ser revisado cuando se estime conveniente

Publicada el 01/03/2020 a las 16:46 Actualizada el 01/03/2020 a las 16:59
Mesas conjuntas del Congreso y del Senado.

Mesas conjuntas del Congreso y del Senado.

Europa Press

El Congreso y el Senado están ultimando, con la intención de aprobarlo esta semana, el primer Plan de General de Igualdad de las Cortes Generales que incluirá medidas contra el acoso sexual y laboral, favorables a la conciliación, la potenciación del denominado liderazgo femenino y la utilización del lenguaje inclusivo, entre otros aspectos.

El plan, que ha sido acordado con los representantes de los trabajadores de las Cortes, ha sido redactado por una comisión paritaria de las dos Cámaras, a partir del diagnóstico que realizó la empresa Concilia2 en 2018.

Según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, este documento se pretende aprobar esta semana, en vísperas de la celebración el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La previsión es que el visto bueno definitivo se dé en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras.

En cualquier caso, será de inmediata aplicación, aunque podrá ser revisado cuando se estime conveniente y habrá que desarrollar después los protocolos de actuación para, por ejemplo, la investigación de denuncias en casos de acoso sexual, laboral o de violencia de género.

Comisión de seguimiento 

El documento recoge, además, la creación de una comisión de seguimiento que vele por la aplicación y cumplimiento de todas estas medidas, algunas de las cuales buscan hacer de las Cámaras un lugar que permita conciliar la vida laboral con la personal y familiar de todas las personas que desarrollan allí su actividad. Así, se contempla incluso la utilización del teletrabajo para ciertos supuestos.

Otro de los asuntos que se quiere potenciar con este plan es el denominado liderazgo femenino, para impulsar que siga aumentando la presencia de mujeres en la vida parlamentaria. También la utilización de un lenguaje inclusivo y de planes de formación, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género. Además, deberán incluirse cláusulas de igualdad entre las cláusulas sociales que deben cumplir las empresas que opten a ser contratadas por las Cortes.

La Mesa del Congreso lleva tratando la necesidad de un Plan de Igualdad desde el año 2017, una década después de que se aprobara la ley que obliga a las empresas españolas a aplicarlo. Una propuesta de la entonces secretaria cuarta de la Cámara, la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, activó su puesta en marcha en octubre de dicho año sacando a concurso la elaboración de un informe sobre la situación de las mujeres y los hombres que trabajan en la Cámara.

Fue un año después cuando se adjudicó el contrato a la empresa Concilia2, que propuso, como primer paso, la creación de un Comité Permanente de Igualdad que estaba formado por miembros de la propia Mesa. Este equipo recibiría formación básica sobre esta materia para la coordinación y ejecución de las actividades que se realizarían. Sin embargo, y tras apenas un par de reuniones las Cortes se disolvieron por la convocatoria de elecciones de abril de 2019.

Una semana de plazo para las grandes empresas

Durante este periodo, además, se han producido cambios en la Ley de Igualdad que afectaron a la creación de planes de igualdad para las empresas.

Coincidiendo con el Día de la Mujer del año pasado, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un decreto ley que modificó la Ley de Igualdad aprobada en 2007 para cumplir con algunos de los puntos acordado por el Congreso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Si antes solo eran las empresas de más de 250 empleados las que debían tener de forma obligatoria el Plan de Igualdad, ahora este deber se amplia a cualquier negocio. El texto reformado, además, impone un plazo de cumplimiento: a las más pequeñas, de 50 a 100 empleados, se les da tres años para crearlo; a las de entre 100 y 150 dos años; y a las de más de 150 uno. El plazo de estas últimas, por tanto, se cumple precisamente el próximo 8 de marzo.

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