Derechos civiles
El Gobierno tardará todavía meses en aprobar el proyecto de ley de libertad sexual y enviarlo al Congreso
La preparación de la futura Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual no ha llegado a tiempo al Consejo de Ministros para ser remitida al Congreso de los Diputados coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, tal y como pretendía el Ministerio de Igualdad, cuya titular es Irene Montero (Unidas Podemos).
La reunión semanal del Gobierno se limitó este martes a aprobar “el inicio de la tramitación del anteproyecto” de esta ley, que deberá todavía ser sometido a la opinión de los órganos consultivos correspondientes, un procedimiento que retrasará durante varios meses el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso de los Diputados.
La preparación de la iniciativa ha sido objeto de tensiones y suspicacias entre el Ministerio de Igualdad, que reclama la autoría del anteproyecto, y el departamento de Justicia, que dirige el socialista Juan Carlos Campo, así como por parte de la Vicepresidencia Primera, responsabilidad de Carmen Calvo, que hasta hace pocos meses tenía las competencias sobre igualdad. El departamento de Irene Montero quería sacar adelante la ley coincidiendo con el 8 de marzo, mientras que Justicia daba prioridad a la calidad técnica de la futura ley, que supondrá una importante reforma del Código Penal y que por tanto tiene carácter orgánico, lo que significa que tiene que ser aprobada en el Congreso por mayoría absoluta.
La tensión entre PSOE y Unidas Podemos ha acabado visibilizándose pese al esfuerzo de la mayoría de los ministros que, en sus declaraciones públicas, han evitado confirmar las discrepancias. El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sí admitió indirectamente los problemas. “Dentro del Gobierno se lleva a cabo un trabajo que da como resultado una magnífica ley. Pero hago una reflexión: yo creo que a las mujeres de este país se les ha puesto muchas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado”, acusó en referencia a la polémica con el Ministerio de Justicia.
A través de la Vicepresidencia
El anteproyecto de ley, que al final ha sido tramitado a través de la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo, según la referencia del Consejo de Ministros que figuraba este martes en la web oficial de La Moncloa, plantea, en su formulación actual, una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. La propuesta pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión.
“Todos los días vemos cómo se niega la existencia misma de la violencia de género y se menosprecia a colectivos que combaten esta lacra”, señaló la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras anunciar la aprobación del anteproyecto, en vísperas de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer.
El texto asume el conocido “solo sí es sí”, una reivindicación que se evidenció tras la polémica primera sentencia del caso de La Manada, que condenó a los cinco acusados por un delito de abuso por una violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016 —si bien posteriormente el Tribunal Supremo elevó las penas al sentenciar que fue una violación—.
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“Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”, se recoge en dicho texto, según Igualdad.
De acuerdo a la propuesta de Igualdad, se castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", e incluye como delito leve el denominado “acoso callejero”. Las condenas por violaciones irán desde los 4 a los 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más.
Igualdad sostiene que el anteproyecto añade "mejoras" en otros delitos incluidos en el Convenio de Estambul, como es el caso del delito de acoso sexual, con penas de 3 a 7 meses o multa de 6 a 12 meses, y máximo 24 en los casos más graves. También se incluye como delito leve el acoso callejero, con pena de localización permanente y trabajos comunitarios hasta un mes, o bien multa.
