La fecha de las elecciones catalanas condiciona la estrategia presupuestaria del Gobierno a la espera del apoyo de Esquerra

Todo depende de Esquerra. Y Esquerra vive pendiente de la fecha que Carles Puigdemont, a través del president Quim Torra, elija para celebrar las anunciadas elecciones en Cataluña. Así que el Gobierno no tiene más remedio que esperar acontecimientos antes de pensar en dar trámite a su proyecto de Presupuestos para 2020 porque en ningún caso, como ha señalado reiteradamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los enviará al Congreso de los Diputados si no tiene garantizado el apoyo de ERC.

El problema, según fuentes de la Moncloa, es que mientras tanto el tiempo sigue pasando. Y aunque el Ejecutivo sigue trabajando con los últimos detalles técnicos de los Presupuestos de 2020 y mantiene como referencia el deseo de que el proyecto pueda ser aprobado este verano, las conversaciones con los grupos parlamentarios, cuando comiencen, incluirán tanto las cuentas de este año como las de 2021, que el Hacienda deberá poner en marcha en septiembre. Por la sencilla razón de que ambos procesos amenazan con solaparse.

De paso, aunque esa no es la intención, se trata de avanzar en la búsqueda de acuerdos para el proyecto del año que viene para el supuesto, que Hacienda no considera en estos momentos, de que las dudas de Esquerra demoren tanto el calendario que obliguen a renunciar a la tramitación de los Presupuestos de 2020.

De hecho, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, la ministra Montero hizo un llamamiento a “aislar” la negociación de los Presupuestos con los grupos parlamentarios del calendario electoral, sin mencionar a Esquerra pero citando para ello expresamente al propio Torra, que la semana pasada ya se pronunció en ese sentido.

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a dos de sus proyectos de ley más relevantes, a los que la ministra Portavoz ha querido presentar como una respuesta a las posiciones de los ultras y de sus aliados de la derecha, PP y Ciudadanos. El primero es el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, una reforma elaborada por el Ministerio de Isabel Celaá que ya fue aprobada hace un año, el 15 de febrero de 2019, el mismo día que se produjo el adelanto electoral, lo que truncó su tramitación parlamentaria.

"Es la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener un gran impacto transformador en el sistema educativo español, que se fundamenta en la excelencia y en la equidad", resumió Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Celaá, la "enseñanza personalizada es el corazón" de la ley, que tiene entre sus principales objetivos evitar la "segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza", por lo que eliminará los itinerarios en Secundaria que trazó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La nueva norma pretende derogar la vigente LOMCE, aprobada en 2013 por el Partido Popular con el rechazo de toda la oposición. La Ley Wert, como también es conocida la LOMCE, está cuestionada desde entonces por buena parte de la comunidad educativa. Su derogación ha sido prometida reiteradamente por el PSOE, y también es uno de los puntos del acuerdo de gobierno de coalición firmado por los socialistas y Unidas Podemos.

El Consejo también ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", e incluye como delito leve el denominado acoso callejero. Las condenas por violaciones irán desde los 4 a los 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más.

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Así se recoge en el proyecto de ley, que elimina la diferencia entre abuso y agresión. El texto pone así en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión.

"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", se recoge en dicho texto.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, eludió confirmar ni desmentir las discrepancias que, según diferentes informaciones que citan fuentes de su departamento, revelaron en los últimos días la existencia de discrepancias entre su ministerio, la Vicepresidencia de Carmen Calvo y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en torno a aspectos técnicos de este proyecto de ley.