Las mujeres llegan al 8M cargadas de motivos

La recta final hacia el 8M, Día Internacional de la Mujer, se estrecha. Después de años marcados por el éxito sin paliativos en las calles, el movimiento feminista vuelve a llamar a la movilización para clamar contra la violencia en todas sus formas y en todas las esferas. Un año más, las mujeres se preparan para poner sobre la mesa la desigualdad en las aulas, la precariedad laboral y la violencia sexual, en un momento especialmente convulso marcado por el discurso de la extrema derecha.

Estas son algunas de las realidades que pesan todavía sobre las espaldas de las mujeres.

La brecha en las aulas

El Ministerio de Educación y Formación Profesional acaba de publicar, por segundo año consecutivo, su informe Igualdad en Cifras, coincidiendo precisamente con la carrera hacia el 8M. De acuerdo a los últimos datos recogidos en el análisis, las mujeres suponen el 50,4% del alumnado matriculado en el sistema educativo. Su distribución, sin embargo, empieza a presentar las primeras grietas en función del área de conocimiento. La brecha de género toma forma en el ámbito de la Formación Profesional, donde la presencia femenina es especialmente baja en ramas como el Mantenimiento de vehículos autopropulsados (3,2%), Electricidad y Electrónica (4,8%) o Fabricación Mecánica (9,4%). En el extremo opuesto, son mayoría en Imagen Personal (94,1%), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (87,1%) o Sanidad (75%).

La situación se mantiene en los grados y másteres universitarios. En el seno de las carreras relacionadas con Ingeniería, Industria y Construcción, las alumnas se reducen al 28,5%, mientras que en Informática se anclan en el 12,9%. En Educación, por el contrario, escalan al 77,7% y en Salud y Servicios Sociales al 71,4%.

En cuanto al profesorado, el Ministerio de Educación recalca que se trata de una "carrera claramente feminizada", siendo mujeres el 66,6% de las profesionales. En ese sentido, ellas representan el 97,7% del profesorado en las primeras etapas de la enseñanza, un porcentaje que sin embargo se desploma en la universidad: las docentes son el 41,8%. Según el mismo informe, las mujeres suponen únicamente el 22,5% de las catedráticas de las universidades.

Mujeres y precariedad laboral

Los últimos datos del Servicio Público de Empleo (Sepe), relativos a febrero, confirman una tendencia que se ha consolidado en el ámbito laboral: el desempleo tiene rostro femenino. El número de mujeres en desempleo asciende a 1.896.072, mientras que ellos son 1.349.975. El paro, tal y como evidencia la estadística, ha bajado en 7.806 personas respecto al mes anterior. "De ellas, sólo el 10% han sido mujeres. Es decir, nueve de cada diez personas que dejaron el paro en febrero han sido hombres", detalla CCOO en un análisis de los datos. 

En el informe Igualdad retributiva, un derecho pendiente, publicado en febrero del presente año, el sindicato esgrime que la precariedad "afecta a la mayoría de la población trabajadora y de manera especialmente grave a las mujeres". Una precariedad laboral, precisa, "entendida como mayor tasa de paro, agravada por su larga duración y el agotamiento de las prestaciones por desempleo, junto a otros muchos indicadores: la desigualdad laboral, la brecha de género, la alta temporalidad, las jornadas parciales, las horas extras no pagadas o el deterioro de los indicadores de salud laboral y de accidentes de trabajo".

El estudio elaborado por el sindicato indica que "la tasa de actividad de los hombres es superior a la de las mujeres en todos los grupos de edad", mientras que la tasa de empleo está atravesada por una "brecha de género de doce puntos". Ese cisma se expresa especialmente en el grupo de edad que oscila entre los 25 y los 54 años, "edades centrales para el empleo" y años precisamente en los que "las mujeres que participan en el mercado laboral introducen modificaciones en su vida profesional motivadas por las tareas de cuidados tanto de menores como de mayores".

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al cuarto trimestre de 2019, determinan que la mayor precariedad en el empleo recae en las espaldas de las mujeres: el 9,8% de las asalariadas combina un contrato temporal con una media jornada, frente al 4,4% de varones en las mismas circunstancias. Una de cada diez mujeres, por tanto, trabaja en condiciones de precariedad. Tal y como refleja la EPA, el segundo motivo que aducen las mujeres para explicar su jornada parcial –tras "no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa"– es el "cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores". Sólo un 2,42% de los hombres se detienen en esta razón.

Una justicia protagonizada por hombres

Si la igualdad continúa siendo una asignatura pendiente en todas las esferas, la judicatura es terreno minado para las mujeres. Especialmente en las instancias superiores. Así se viene constatando año tras año y así lo reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que lidera teóricamente la búsqueda de vías para reparar la situación. A día de hoy, un total de 42 tribunales no alcanzan la paridad al contar con un 60% de hombres o más. La Audiencia Nacional se consolida como uno de los tribunales más paritarios: cuenta con un 40% de mujeres en su seno. Sin embargo, en el Tribunal Constitucional únicamente se encuentran dos mujeres de un total de doce miembros, mientras que el Tribunal Supremo se queda lejos de la paridad con un 20% de magistradas.

La ausencia de mujeres en la cumbre de la carrera judicial choca frontalmente con el paisaje general, especialmente en sus cimientos. Según el último Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial, de fecha 1 de enero de 2019, las juezas y magistradas en activo eran entonces 2.923, frente a los 2.496 varones. Ellas son mayoría en los inicios pero la cima les sigue estando vetada.

Según los últimos datos del CGPJ, además, entre los años 2013 y 2019 el 97,3% de las excedencias por cuidado de hijos menores o familiares dependientes, el 90,5% de las reducciones de jornada por este mismo motivo y el 66,7% de las licencias extraordinarias retribuidas de quince días para atender necesidades urgentes de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, fueron concedidas a mujeres. Los estereotipos y la dificultad para conciliar siguen lastrando la carrera de las mujeres en la esfera judicial.

Violencia de género y sexual

En lo que va de año, un total de catorce mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas masculinas. La cifra asciende a 1.047 asesinatos desde 2003, año en que se inició el recuento oficial. Ocho menores han quedado huérfanos hasta marzo, 286 desde el año 2013. De los catorce asesinatos contabilizados en lo que va de año, sólo una mujer había presentado una denuncia previa –que en este caso fue además registrada por una persona de su entorno–. La denuncia se presenta como el gran problema, profundamente enquistado, en la lucha contra la violencia machista. Desde el año 2003, sólo el 20,9% de las víctimas mortales habían dado el paso de denunciar a sus agresores.

Entre enero y septiembre de 2019 –últimos datos disponibles–, la violencia contra las mujeres generó 125.936 denuncias: 461 al día. En el tercer trimestre del año, el número de denuncias ascendió un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el CGPJ revela en sus estadísticas que desde el año 2015 y hasta el tercer trimestre de 2019, más de la mitad de las órdenes y medidas de protección incoadas son sistemáticamente rechazadas en doce territorios, rozando en algunos casos el 70% de las denegaciones.

Actualmente, catorce casos contemplados en el Sistema de Seguimiento Integral en Violencia de Género (Sistema Viogén) están catalogados de riesgo extremo y un total de 417 son considerados de riesgo alto. Como riesgo medio se encuentran, según los datos a febrero de 2020 del Ministerio del Interior, 6.277 mujeres, mientras que la mayor horquilla se encuentra en la parte más tenue del riesgo: 24.282 víctimas se encuadran dentro de riesgo bajo y en 30.371 casos no se aprecia riesgo alguno. Los casos activos (585.168 actualmente) son aquellos que merecen atención policial, aunque el nivel de riesgo va evolucionando "en base al tiempo y circunstancias". Las mujeres con un nivel de riesgo no apreciado disponen de "medidas de seguimiento" como la "revisión periódica", aunque "de ser necesario" también pueden necesitar "medidas policiales de protección". En los casos de riesgo bajo, medio, alto o extremo, los instrumentos de protección "van aumentando en intensidad según se incremente" el nivel de peligro.

La agresiones sexuales también han experimentado un aumento progresivo durante los últimos años. Según el balance de criminalidad confeccionado por el Ministerio del Interior, entre enero y diciembre de 2019 se registraron 15.338 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 11,3% más que el año anterior. Las agresiones sexuales con penetración notificadas fueron 1.878 (un 10,5% más) y el resto de delitos contra la libertad sexual fueron 13.460 (un 11,4% más). El año 2018 ya venía de un aumento sostenido en el tiempo: las agresiones sexuales habían aumentado un 22,7% a lo largo del periodo estudiado.