Coronavirus

La epidemia lleva a las empresas a ensayar el teletrabajo en un país donde apenas existe

Una trabajadora desempeñando sus funciones desde casa.

La epidemia por coronavirus continúa avanzando con rapidez en suelo español. En apenas una semana, el número de positivos ha dejado de contabilizarse por decenas para hacerlo por centenares –más de 1.600–. Y la cifra de fallecidos ha escalado ya hasta la treintena. Un escenario que ha obligado a las autoridades a poner las luces largas. Desde este martes, España ya no está en fase de contención. Ahora se encuentra inmersa, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en un estadio de “contención reforzada”. Esto quiere decir que, por el momento, existen cuatro zonas de riesgo: la Comunidad de Madrid, La Rioja y las ciudades de Vitoria y Labastida. Y que, por tanto, es necesario aplicar medidas adicionales para tratar de frenar la propagación. El Ejecutivo ha decidido este martes prohibir los vuelos directos desde Italia a los aeropuertos españoles, suspender durante un mes los viajes del Imserso y dejar los eventos deportivos multitudinarios sin público. Un paquete que se une a la recomendación de que las empresas, en la medida de lo posible, permitan a los empleados desarrollar sus funciones desde casa. Una modalidad laboral que apenas está asentada en nuestro país.

La opción del teletrabajo como medida preventiva ya fue puesta sobre la mesa por el Ministerio de Trabajo en la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. Este documento contemplaba, entre otras cosas, la organización del trabajo “de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona”. “En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como una medida que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, el teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual”, recogía la guía. En este sentido, aclaraba que la decisión de implantarlo tendrá que ajustarse a una serie de requisitos. En primer lugar, que se configure como una medida “de carácter temporal y extraordinaria” que deberá “revertirse” cuando dejen de concurrir las circunstancias excepcionales. Pero también que “se adecúe a la legislación laboral”, que no suponga una merma de derechos profesionales y que la utilización de medios tecnológicos no suponga ningún coste para los empleados.

La publicación de la guía fue duramente criticada desde la patronal por considerar que generaba “alerta y confusión”. Pero eso fue hace cinco días, cuando España se encontraba simplemente en la fase de contención. Ahora, con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, algunas compañías han empezado a mover ficha. Una de las primeras en hacerlo fue la auditora Ernst & Young, que la pasada semana activó la segunda fase de su protocolo de prevención al detectar un primer contagio en su sede de Madrid y mandó a 3.100 empleados a trabajar en remoto desde sus domicilios. Como la auditora, también Bankia decidió enviar a sus casas a 80 trabajadores de su sede central al registrarse un positivo entre la plantilla. Medidas similares adoptaron Vodafone y Telefónica. Ambos operadores de telefonía comunicaron a sus plantillas que facilitarían esta modalidad para todos aquellos con hijos en edad escolar en la Comunidad de Madrid y Vitoria. Lo hicieron durante la noche del lunes, después de que gobiernos regionales y locales anunciaran el cierre de los centros educativos durante un periodo mínimo de quince días.

El 91,5% de los ocupados acudieron a sus centros de trabajo

El teletrabajo apenas está asentado en España. Durante 2018, sólo un 3,2% de los ocupados desempeñaron sus funciones ocasionalmente desde casa, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que se eleva hasta el 4,3% si se pone la lupa sobre aquellos que trabajaron desde su domicilio más de la mitad de las jornadas laborales. A esta modalidad laboral no recurrió ni un solo día, sin embargo, el 91,5% de los ocupados. Este dato sigue siendo elevado. Sin embargo, se ha ido reduciendo progresivamente con el paso de los años. En 2006, por ejemplo, esa cifra se situaba en el 94,2%, casi tres puntos más que en la actualidad. La bajada fue permanente durante los siete años siguientes. Pero, a pesar del impulso y desarrollo de las nuevas tecnologías, repuntó durante los años de la recuperación económica. Si en 2013 el 91,6% aseguraba no haber trabajado ningún día desde su casa, en 2014, 2015 y 2016 la cifra volvió a colocarse por encima del 92%.

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat), por su parte, cifra en el 4,3% el número de empleados españoles que en 2018 trabajaron habitualmente a distancia. La media europea se colocaba entonces en el 5,1%. Holanda estaba a la cabeza, con un porcentaje del 14%. Le seguían de cerca otros países como Finlandia, Luxemburgo y Austria, con un 13,3%, 11% y 10%, respectivamente. En peor situación que España, países como Italia, Grecia, República Checa, Croacia o Eslovaquia, entre otros.

Para Pedro Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO, las recomendaciones planteadas desde el Ministerio de Sanidad son las adecuadas. “En términos sanitarios, evitar los desplazamientos en las zonas de contagio disminuye la posibilidad de extensión del coronavirus”, apunta en conversación telefónica con este periódico. Sin embargo, recuerda que no todas las empresas ni todos los sectores tienen capacidad de funcionar mediante teletrabajo. Por ello, considera que lo que deberían hacer las compañías es estudiar “planes de contingencia” analizando qué “puestos” pueden desempeñarse desde casa y qué otros son “imprescindibles” para garantizar el “normal funcionamiento” y la “producción” en la empresa. Porque cuanta mayor “flexibilidad” ofrezcan las compañías, continúa, mayores posibilidades habrá de contar con “ayuda familiar” en una situación de estas características. Sin embargo, deja claro que esos análisis deberían hacerse teniendo en cuenta en todo momento a “la representación de los trabajadores”.

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Una economía que depende “mucho” del “cara a cara”

El representante sindical, no obstante, es consciente de que este modelo a distancia tiene sus limitaciones en España. “Tenemos una parte importante de nuestro tejido productivo que se centra en actividades como el comercio, la construcción o el turismo, lo que dificulta el establecimiento del teletrabajo”, apunta. Coincide con él José Blasco, director del Adecco Group Institute, que insiste en que tenemos una economía que depende “mucho” del “cara a cara”. Y eso, dice, explicaría en gran medida la escasa implantación. Pero también influye, continúa al otro lado del teléfono, la ausencia de un “marco regulador”. Por eso, espera que la crisis sanitaria pueda terminar contribuyendo a que se aceleren los procesos y se comience a legislar “con luces largas”. En este sentido, Unidas Podemos ya contemplaba en su programa electoral de cara a los comicios del 10N una reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales, reorganizando “los tiempos de trabajo, ocio y cuidados” y permitiendo “flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo”.

Por el momento, los nombres que han saltado a la palestra en plena crisis del coronavirus son los de grandes empresas. Sin embargo, en España más del 90% de las compañías son pymes. ¿Es este otro factor que explica la escasa implantación? En opinión del director del Adecco Group Institute, no es algo determinante. Al menos, no en la actualidad. “Es cierto que hace años los recursos humanos y las tecnologías suponían barreras de entrada importantes. Sin embargo, hoy en día no se necesita hacer una inversión grande para que en una empresa se pueda instaurar el teletrabajo. Con un Office, un Skype y un sistema operativo, además de con las precauciones de ciberseguridad necesarias, puede ser suficiente”, apunta Blasco. En este sentido, recuerda que el acceso a las nuevas tecnologías es algo que se ha “democratizado”. En 2019, el 91,4% de los hogares españoles tenía acceso a Internet, la práctica totalidad por banda ancha, y el 80,9% de aquellos que tienen un miembro de entre 16 y 74 años disponía de algún tipo de ordenador, según los últimos datos del INE.

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