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Coronavirus

Madrid y País Vasco suspenden la actividad judicial

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Ni juicios, ni más actividad judicial que la imprescindible e insoslayable. Esa será a partir de ahora la situación en Madrid y País Vasco, las dos comunidades de mayor riesgo por la propagación del coronavirus, y en los partidos judiciales de Igualada (Barcelona) y Haro (La Rioja), también situadas bajo el foco por la cifra de infectados. Adoptada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la "suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas" abre un escenario de parón total de la justicia sin fecha de caducidad. Se mantendrá hasta "cuando digan las autoridades sanitarias". 

La paralización del ámbito judicial afecta también a algo de gran relevancia para la seguridad jurídica de los ciudadanos y el resultado de las investigaciones ya en fase de instrucción: se congelan en las dos comunidades citadas así como en Igualada y Haro "los plazos procesales". 

El CGPJ lanzó su anuncio tras una reunión extraordinaria de su comisión permanente y después de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) hubiesen informado de la adopción de medidas casi idénticas para las dos próximas semanas. Ahora, sin un plazo de finalización claro, ni los juzgados de lo penal ni de lo contencioso celebrarán juicios ni diligencias de investigación. Habrá una excepción de relevancia: sí tendrán lugar las vistas orales de casos en los que haya acusados en prisión aunque también aquí es posible la suspensión; y, para evitar que su interrupción dé lugar a nulidades, la Audiencia Nacional seguirá adelante –eso asegura este viernes– con aquellos juicios que hayan comenzado aunque intentará que se lleven a cabo "desde las sedes judiciales de su lugar de residencia, siempre que ello resulte factible".

La paralización de la actividad judicial se anuncia en un momento en que la propagación del virus avanza en Madrid todavía sin control. Y, también, en una situación que por primera vez en años ha puesto de acuerdo en su enfado con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a todas las asociaciones de jueces y fiscales así como al Consejo General de la Abogacía. Los operadores jurídicos creen irresponsable la decisión del CGPJ de dejar en manos de cada juez el futuro de diligencias como interrogatorios o declaración de testigos y el de juicios ya en marcha o por empezar.

A esta hora, y aunque distintas fuentes lo dan por seguro, el Ministerio de Justicia no ha anunciado aún ningún plan de medidas que unifique criterios, al menos para las zonas de mayor riesgo como son los casos de Madrid y País Vasco.

En un comunicado difundido hace minutos, la Audiencia Nacional ha informado de que su presidente, José Ramón Navarro, ha acordado suspender todos los juicios y actuaciones judiciales de los próximos 15 días a contar desde el próximo lunes y cuya suspensión ha sido solicitada por los presidentes de las Salas de lo Penal, Contencioso , Social y por el juez decano que ha actuado en nombre de todos los juzgados de la Audiencia. Así, en el caso de lo Contencioso y Social , se suspenden las actuaciones judiciales programadas para estos 15 días, salvo las urgentes que pudieran causar perjuicios irreparables. Esas situaciones urgentes en la jurisdicción contenciosa y Social serían las referidas a medidas cautelarisimas o cautelares cuya resolución se impondría.

En el caso de la Sala de lo Penal, se suspenden los juicios que sean de causas sin presos. De esta medida se exceptúan los juicios ya comenzados, "algunos de los cuales –aduce la Audiencia– se han prolongado durante meses y su suspensión podría dar lugar a nulidades". Pero en estos casos , para minimizar los riesgos de contagio, podrán celebrarse desde las sedes judiciales de su lugar de residencia, siempre que ello resulte factible. Respecto de las causas con presos ya señaladas, se mantendrán sin perjuicio de que los presidentes de las secciones puedan acordar o interesar la suspensión en supuestos de imposibilidad de efectuar los traslados de los presos, peticiones de suspensión formuladas por las partes o cualquier circunstancia que imposibilite materialmente la celebración de los mismos.

Respecto a los juzgados centrales, se suspenden igualmente las actuaciones judiciales de los próximos 15 días a contar desde el lunes salvo aquellas que sean consideradas urgentes e inaplazables, así como el servicio de Guardia, o en definitiva " Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables, o para en el caso de los juzgados centrales de lo Contencioso, supuestos como autorizaciones de entradas sanitarias urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarisimas y cautelares y recursos contencioso electorales" . En el acuerdo de suspensión se ha tenido en consideración la imperiosa necesidad, por razones de salud pública, de contener la expansión del contagio del Covid-19, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

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Del mismo modo, la nota destaca la singularidad de esta Comunidad Autónoma, cuyo índice de contagios supera notoriamente al del resto del Estado, lo que aconseja con mayor intensidad extremar las precauciones, a fin de frenar la expansión de la infección y más cuando en el caso de la Audiencia Nacional, los profesionales Jurídicos o partes proceden de todo el territorio nacional.

Por último, se ha valorado el contexto espacial en el que se desarrollan las actividades judiciales cuya suspensión se acuerda, en cuanto que no permite respetar íntegramente las condiciones físicas y preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.

Desde la Audiencia Nacional se recuerda que los magistrados van a continuar trabajando y deliberando a través del teletrabajo y mediante los medios tecnológicos que estén a su alcance. Las actuaciones suspendidas se Irán realizando en cuanto se normalice la situacion, incrementando la carga de trabajo para garantizar su resolución en los plazos previstos.

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