El escándalo de los fondos ocultos

La confesión de Zarzuela abre la puerta a imputar delito fiscal a Juan Carlos I por su fondo opaco en Panamá

Las revelaciones del comunicado emitido el domingo por Zarzuela, que reconoce la tenencia de fondos opacos en paraísos fiscales por parte de Juan Carlos I, han colocado al rey emérito en el disparadero de la vía penal. Lo sitúan ahí, en una posición de riesgo inédito, porque una ley en vigor desde 2012 preceptúa que no prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. Esa misma ley obliga a todo aquel que tenga residencia fiscal en España a informar de aquellas cuentas en otros países de las que sea "titular o beneficiario". Y pese a la extendida idea de que el padre de Felipe VI continúa siendo inviolable –es decir, intocable incluso si cometiera un delito flagrante–, la realidad es otra: ahora puede ser investigado, aunque solo por el Tribunal Supremo, ante el que hoy goza de aforamiento. El supuesto cobro de enormes cantidades –hasta 100 millones de dólares– pagadas por Arabia Saudí amenaza con convertirle en un imputado por delito fiscal o blanqueo, aunque de momento esa amenaza continúa siendo incierta.

El alto tribunal posee competencias para abrir diligencias que impliquen la imputación del anterior jefe del Estado siempre que se trate de supuestos delitos posteriores a su abdicación. Juan Carlos de Borbón abandonó su cargo en junio de 2014. Y, a efectos tributarios, es 2015 el ejercicio "más antiguo entre los no prescritos" de todos aquellos en que los fondos opacos de Panamá cuya existencia acaba ahora de confesar la Casa del Rey deberían haberse integrado en la "base liquidable general": es decir, en la cantidad sujeta al IRPF pagado en 2016, como este lunes advirtió la asociación de técnicos de Hacienda Gestha.

La ley aludida en el primer párrafo es la 7/2012, destinada a intensificar la lucha contra el fraude. Se aprobó en octubre de 2012. Y el artículo clave es el 39.2. A los tres meses de su aprobación, una orden desarrolló lo concerniente a las propiedades y fondos alojados en el extranjero. Y lo hizo para crear el llamado "Modelo 720". Las sanciones astronómicas que prevé para quienes oculten bienes en terceros países llevaron en diciembre de 2019 a Bruselas a plantear un litigio contra España que sigue pendiente de sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una sentencia contraria a España beneficiaría, muy probablemente, a Juan Carlos I.

Aunque la confusión no se disipará por completo hasta que la Fiscalía suiza acabe sus investigaciones y se conozca cuánto se sabe sobre el origen, el importe y el trasiego de los fondos ocultos que, según Corinna zu Sayn Wittgenstein, procedían de comisiones por el AVE a la Meca y llegaron a una cuenta del banco helvético Mirabaud, dos delitos aparecen en el horizonte del rey emérito. Según expertos consultados por infoLibre, el primero es el delito fiscal, que existe como tal y no solo como infracción administrativa si lo defraudado supera los 120.000 euros. Es en este delito en el que Gestha abunda por la cuantía en juego del dinero presuntamente oculto en las dos fundaciones opacas que menciona el comunicado de la Casa del Rey: la panameña Lucum y Zagatka, esta segunda de Liechtenstein.

Pero si, además de evadir dinero al fisco, el rey hubiese participado tras su abdicación, de manera directa o a través de un tercero –lo que se conoce como un o una testaferro–, en la tarea de mover un solo euro de los fondos manejados por Lucum y/o Zagatka, eso podría acarrearle verse imputado por blanqueo de capitales. En septiembre de 2018, cuando la Audiencia Nacional ya había archivado la pieza abierta por las grabaciones donde Corinna, la antigua amiga íntima de Juan Carlos I, hablaba de las comisiones del AVE a la Meca y sostenía que el rey la había usado de testaferro, Anticorrupción abrió sus propias diligencias sobre si la adjudicación del tren del desierto a empresas españolas había implicado sobornos. La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón no está facultada para investigar nada que afecte al rey emérito. Pero si concluyese que los indicios apuntan a que cobró parte de esos sobornos o comisiones, tendría que remitir el caso a la Fiscalía del Supremo, y así lo recalcaron este martes fuentes oficiales consultadas por este periódico.

¿Investigará Hacienda de oficio?

Hay otra opción: que, a la vista de que el comunicado de la Casa del Rey confirma la vinculación de Juan Carlos de Borbón a dos fundaciones por las que han transitado, como mínimo, nada menos que 100 millones de dólares, la Agencia Tributaria (AEAT) abra una inspección de oficio. Ninguna norma legal –y en eso coinciden todas las fuentes consultadas– obliga a Hacienda a efectuar comprobaciones. Ni siquiera si mañana recibiera una denuncia sobre el monarca sustentada en el contenido de lo divulgado por Zarzuela. "Pero –sostiene el portavoz de Gestha, José María Mollinedo– tiene el deber inexcusable de hacerlas y no hay razón para no seguir aquí la práctica de lo que habitualmente hace la AEAT en casos de cuantías muy inferiores a la que tenemos ahora delante". Expertos en materia tributaria que conocen muy de cerca los entresijos de la lucha contra el fraude fiscal aseguran, como Mollinedo, que lo habitual en casos como este es abrir una inspección.

Pero de momento, el Gobierno elude pronunciarse sobre nada relacionado con el escándalo, más allá del reconocimiento a la "coherencia" de Felipe VI al renunciar a la herencia de su padre y retirarle su asignación económica. "Como presidente –dijo este martes Pedro Sánchez– no solo apoyo [las medidas], sino que creo que son medidas necesarias y coherentes con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que durante el reinado de Felipe VI se han venido impulsando por parte de la Casa Real". El Ejecutivo ni siquiera ha accedido a desvelar si la Casa del Rey le entregó copia de la carta donde el bufete británico que representa a Corinna le informó en marzo de 2019 de que el actual rey figuraba como beneficiario de la Fundación Lucum tras el fallecimiento de su padre. La nota oficial de la Casa del Rey dice que se la entregó a las "autoridades competentes". Quiénes son esas autoridades constituye un misterio.

Lo único confirmado hasta la fecha es que ni Zarzuela ni nadie facilitaron esa misiva a la Fiscalía Anticorrupción, que en marzo de 2019 ya llevaba meses investigando la supuesta corrupción internacional ligada a la adjudicación, en 2011, del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas. Uno de los presuntos testaferros de Juan Carlos de Borbón, su primo Álvaro de Orleans, aseguró en declaraciones al diario El País que no existía ningún nexo entre esa adjudicación y los 100 millones entregados por Arabia Saudí porque esa entrega se había producido en 2008. ¿Se conocía en esa fecha que el país árabe iba a lanzar una monumental licitación que acabó adjudicada por 6.736 millones? Fuentes jurídicas sondeadas por infoLibre creen que en ningún caso cabe aducir la distancia cronológica entre 2008 y 2011 para excluir la ligazón entre ambos episodios, la adjudicacion y el pago de comisiones. 

También la antigua "amiga entrañable" del rey trata ahora de librarse de una eventual implicación en el caso. ¿Cómo? Afirmando que el hallazgo de un ingreso de 65 millones de euros efectuado a su nombre en 2012, fue "un regalo no solicitado" por el "cariño" que le profesaba el rey. Fiscalistas consultados entienden que una donación de tal magnitud puede encerrar en realidad una operación de camuflaje en la que Corinna jugaría el papel de testaferro. 

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