Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denuncian desproporcionalidad policial durante el 'estado de alarma'

La plataforma Defender a quien Defiende, formada por un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha denunciado esta semana mediante un escrito dirigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que agentes del Cuerpo Nacional de Policía habrían incurrido en repetidas ocasiones en el uso de la fuerza desproporcionada como medida disuasoria. Una medida, recuerdan, no autorizada por los reglamentos de actuación contra ciudadanos, en el marco de su actuación durante el estado de alarma, decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo para la gestión de la pandemia del Covid-19.

Las organizaciones reclaman al Ministerio que active de manera urgente todos los mecanismos de investigación y que dé cuenta a las autoridades judiciales de los casos en los que haya indicios de delito cometidos por los agentes. Desde la plataforma exigen que se pongan en marcha los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades, para garantizar que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regido por el principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. 

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Los cuatros casos denunciados han sido documentados con imágenes grabadas y difundidas en las redes sociales por testigos de los hechos. En estas imágenes se aprecia como agentes del CNP hacen un abuso de su autoridad propinando bofetadas, agrediendo con armas reglamentarias o reduciendo de forma violenta y entre insultos a ciudadanos que transitan por la vía pública.

Las organizaciones firmante son Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras entidades como la Asociación Libre de la Abogacía, la Cooperativa Red Jurídica, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB.

Los denunciantes recuerdan que a pesar de la excepcionalidad del estado de alarma, en el que se limita la libre circulación de los ciudadanos por la vía pública, el real decreto 463/2020 recoje que el Ministerio de Interior y la Dirección General del Cuerpo de Policía Nacional tienen la obligación legal deproteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones de sus agentes y garantizar que el marco democrático de derechos fundamentales sea el que rija todo accionar institucional.