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Sindicatos de inquilinos llaman a la huelga: "Si es colectiva podremos conseguir que el Gobierno suspenda el alquiler"

  • El Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este martes su propuesta relativa al pago del alquiler, que cabalga entre la moratoria y la suspensión
  • "Las organizaciones tenemos la responsabilidad de ofrecer un paraguas y ese paraguas es la huelga", argumentan los sindicatos de inquilinos
  • El activista Javier Gil subraya que la única posibilidad de desconvocar la huelga pasa por que el Ejecutivo anuncie una suspensión del pago del alquiler

Publicada el 30/03/2020 a las 18:02 Actualizada el 30/03/2020 a las 19:12
Imagen de una vivienda en alquiler.

Imagen de una vivienda en alquiler.

E.P.

Si la economía productiva para, la economía rentista también. Es la premisa de la que parten los sindicatos de inquilinos cuando llaman a una huelga de alquileres a partir del próximo miércoles 1 de abril. Lo hacen, además, con la mirada puesta en el Consejo de Ministros que se celebrará este martes y que tiene en su mano conjugar soluciones efectivas para los inquilinos que no pueden afrontar el pago del alquiler a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Ejercer presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente sobre "los ministerios económicos", es la principal motivación de los impulsores de la acción colectiva. "Llevamos dos semanas pidiendo" medidas estrictas, explica a infoLibre Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, quien se detiene en el martes como fecha clave. Para el activista, la solución tejida por el Gobierno, basada en un modelo de "microcréditos", no sólo "no ayudará sino que hará más vulnerables a las personas que se endeuden para pagar el alquiler". El carácter colectivo de la huelga, confía, servirá para amparar a quienes corren el riesgo de caer en impago y se conjugará como estrategia para lograr una suspensión del alquiler. Ese paso, la suspensión del pago de los alquileres para los más afectados, será el único supuesto que puede llevar a desconvocar la huelga.

Desde el inicio de la crisis provocada por el coronavirus, los sindicatos de inquilinos han recibido "más de ocho mil correos electrónicos" solicitando consejo y trasladando situaciones de total emergencia. Así lo explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters. "Frente a esto hay un Gobierno que ha estado inactivo", lanza, por lo que es necesario que las organizaciones tomen las riendas. "Tenemos la responsabilidad de ofrecer un paraguas y ese paraguas es la huelga".

El único camino que contemplan los afectados es la acción colectiva. Encarar un impago de forma individual, aducen, puede derivar en un conflicto legal con el arrendador. "Pero hacerlo miles de inquilinos nos da la fuerza que no tenemos si lo hacemos a solas", subraya Palomera. Recuerda que "impagar en soledad es angustia, miedo, deudas y finalmente desahucios", mientras que "impagar colectivamente significa tener muchas posibilidades de poder defenderse y conseguir que el Gobierno suspenda los alquileres para todas las personas afectadas por la crisis".

La forma en que los inquilinos pueden sumarse a la huelga es a través de un formulario. A partir de ahí, los sindicatos podrán mantener el contacto con el arrendatario y realizar un seguimiento de su situación. Además, han puesto a disposición de los interesados un modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad y otro documento para remitir al Ministerio de Vivienda.

El portavoz de los inquilinos madrileños explica que ya se han producido los primeros contactos con propietarios que han aceptado el impago. "Ya está teniendo efectos", celebra, porque "a los propietarios les interesa que se suspendan los alquileres" y esquivar así todo un "proceso judicial para iniciar desahucios". De una suspensión de los alquileres "sólo saldrán perdiendo las entidades financieras".

"O comer o pagar"

El Gobierno abordará el asunto de los alquileres este martes en el Consejo de Ministros. Una pieza clave en la gestión de la crisis que ha generado importantes brechas internas. A priori, las propuestas que se debaten cabalgan entre la moratoria del pago de la renta y que sea el propio Estado quien asuma la mensualidad. La moratoria tendría que ser compensada de manera progresiva por el arrendatario e incluso podría servirse de una línea de créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. La asunción estatal del pago, por el contrario, libraría a los inquilinos de afrontar la renta, aunque esta opción admitiría variables en función del tamaño del arrendador. El Gobierno, asimismo, valorará paralizar los desahucios por impago del alquiler durante seis meses.

Jaime Palomera apunta directamente al departamento de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos. "Nadia Calviño no puede priorizar que se paguen todas las rentas a precio de burbuja en un momento de crisis y de economía paralizada, menos aún que se haga a través del endeudamiento de inquilinos", argumenta el activista. Si la solución se desarrolla por esa vía, opina, significará "hacer cargar el peso de la crisis en las espaldas de los más vulnerables". Por ese motivo, detalla, los sindicatos plantean un giro en las prioridades: exonerar del pago a las personas que hayan visto disminuir de forma significativa sus ingresos. Y en caso de que esta medida implique "un impacto en el arrendador, formular ayudas" destinadas a los pequeños propietarios.

Las propuestas sobre la mesa, continúa Palomera, son "totalmente inaceptables" y demuestran que "no ha habido voluntad de escuchar a los afectados". No sólo a los inquilinos de vivienda habitual, sino también a los que se encuentran alquilando un local u oficina. "Una deuda es retrasar el problema y cuando se termine empezar la persecución", lamenta. Por el contrario, la huelga se teje como "llamada a la responsabilidad colectiva para evitar una crisis de vivienda como la que ya vivimos en 2008" y con ello una "cascada de desahucios" producto de un "endeudamiento totalmente inasumible". Sobre el endeudamiento como consecuencia inesquivable habla también Gil, quien pone sobre la mesa que los inquilinos más vulnerables "van a optar por comer y no pagar el alquiler". Frente a ello, completa, "vamos a seguir con la idea de la huelga".

Caja de resistencia y pequeños propietarios

Y aunque plantean la huelga como única salida, los sindicatos también asumen posibles consecuencias derivadas del parón. Por ello han abierto una "caja de resistencia" a través de un proceso de crowdfunding que en menos de un día ha sumado más de nueve mil euros. "Sabemos que si son miles los inquilinos que se suman, tendrán muchas más garantías de proteger su futuro que si se endeudan o siguen pagando a costa de quedarse sin ahorros", lanza el activista catalán.

¿Y qué ocurre con los pequeños propietarios? Ellos son uno de los principales sectores a los que apelan quienes declinan la suspensión de los alquileres. Los sindicatos son conscientes de su situación y apuestan por garantizar igualmente su subsistencia, pero rechazan contemplarlos como colectivo representativo. "Hacer creer que la mayoría de arrendadores dependen del alquiler para comer es un argumento falaz", lanza Palomera, quien reprocha al Gobierno haber asumido el discurso del "lobby inmobiliario".

Que sean una minoría, no obstante, no significa que no existan. Por ese motivo los sindicatos no quieren obviarlos. "Si la suspensión del pago del alquiler hace que haya arrendadores que dejen de tener ingresos y no puedan sobrevivir, habría que ayudar a esos arrendadores" a través de subsidios estatales, sugieren.

Precedentes

Aunque la idea de una huelga de alquileres excede el concepto tradicional de huelga, ligado a la productividad, lo cierto es que existen precedentes que sirven de experiencia para los sindicatos. "Las huelgas de alquiler se remontan a principios del siglo XX y a lo largo de la historia se han producido en muchos países", explica Jaime Palomera, también profesor y doctor experto en vivienda. Cita territorios como Canadá, Argentina y Estados Unidos. Pero también habla de algunas acciones registradas dentro de las fronteras estatales. Habla, entre otras, de la huelga de alquileres de Barcelona en 1931 y Santa Cruz de Tenerife en 1933. Con el inicio de los años treinta, el sindicato CNT impulsó una huelga de inquilinos en la capital catalana, que se extendió durante meses y que fue secundada por entre 45.000 y 100.000 personas. Tuvo su reflejo dos años después, en la isla canaria, gracias al impulso del Sindicato de Inquilinos de la Federación Obrera y tras haber soportado precios abusivos en el precio del alquiler, un aumento de viviendas vacías y un repunte en el número de los desahucios.

En otros países, explica Palomera, la huelga de alquileres es "un derecho social adquirido de los inquilinos para negociar de tú a tú con los propietarios". De hecho, en Estados Unidos se han experimentado "recientemente en bloques enteros propiedad de fondos buitre", mientras que en suelo europeo tienden a ser protagonizadas por estudiantes. Lo novedoso ahora, coinciden los activistas, es la dimensión del parón. "En todo el territorio, por parte de un sujeto muy concreto y en un contexto determinado", reflexionan.

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