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Coronavirus

Las medidas aprobadas por el Gobierno, una a una

Rueda de prensa del  vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, la la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras el Con

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiará a unas 500.000 familias vulnerables y que contempla la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la que han detallado las nuevas medidas del plan de choque del Ejecutivo contra el impacto económica del Covid-19.

En concreto, se ha aprobado la suspensión de lanzamientos sin alternativa habitacional hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma para que "nadie se quede sin casa durante la crisis", así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitacional para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19.

Además, ha indicado que, conforme al real decreto-ley aprobado, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

Parón de las actividades no esenciales y permiso retribuido recuperable

El Gobierno daba el visto bueno el domingo pasado en un Consejo de Ministros extraordinario a la suspensión de las actividades no esenciales entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, ambos inclusive, para frenar la propagación del Covid-19.

Para facilitarlo, aprobaba una medida excepcional de un permiso retribuido recuperable, por lo que los trabajadores no pierden su salario pero tienen que recuperar horas tras el estado de alarma.

Servicios ensenciales, garantizados

El Gobierno ha ampliado la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares durante el periodo que se prolongue el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, salvo por motivos ligados a la seguridad del suministro.

Anteriormente, el Ejecutivo anunciaba el mantenimiento de servicios públicos "esenciales" como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus para hogares vulnerables.

Ayudas de hasta 900 euros

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de una línea de ayudas públicas que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros.

Preguntado sobre las peticiones de condonación y las propuestas de Unidas Podemos, ha indicado que se ha trabajado "mucho" en "muchos ministerios" para elaborar un decreto que protege a las familias vulnerables que puedan verse imposibilitados para pagar el alquiler o la imposibilidad de devolver el crédito. "Eso nos debe llenara todos de orgullo", ha resaltado Iglesias.

En cuanto al número de beneficiarios, ha indicado que, a la espera de que se concrete el ingreso mínimo vital en el que trabaja el Ministerio de Seguridad Social, con unos 5 millones de personas potencialmente beneficiarios, las medidas de alquiler aprobadas afectarán a más de medio millón de familias en situación de vulnerabilidad.

Grandes tenedores y fondos de inversión: quitas o reestructuración

Además, ha enfatizado que los grandes tenedores de vivienda "deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo", frente a inquilinos vulnerables y pequeños propietarios. Por ello, la norma establece que tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados.

En este sentido, el vicepresidente ha hecho hincapié en que se incluye una "distinción clave"; ya que "no es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor, no es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja junto a la renta de un piso que han comprado tras toda la vida de trabajo que alguien con 15 o 20 viviendas alquiladas o fondos buitres con miles de viviendas".

Por ello, ha precisado que con el decreto se garantiza que todos los pequeños propietarios percibirán "íntegramente" las rentas de viviendas y los grandes tenedores y fondos de inversión deberán asumir "como es normal" parte del impacto, efectuando quitas o reestructuración.

Amplia moratoria hipotecaria y apela a la red de solidaridad

En paralelo a las medidas de alquiler, el Gobierno ha decidido ampliar a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la situación generada a raíz de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus, frente al mes que contemplaba hasta ahora.

Por su parte, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha destacado que la sociedad española es "particularmente solidaria" y tiene un tejido social "muy fuerte", por lo que ve "necesarias" medidas de reforzamiento para reducir la movilidad y evitar contagios, si bien ha recalcado que la "red de solidaridad" es "lo más importante", ya que el Gobierno "no puede remplazar esa red", sino apoyar y cubrir los ámbitos donde no llega.

"Que las medidas excepcionales sean eso, excepcionales", ha apuntado Calviño, tras valorar el esfuerzo de propietarios e inquilinos por llegar a acuerdos ante la situación de alarma.

Subsidio de 439 euros para temporales que queden en paro durante el estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el establecimiento de un subsidio excepcional para los trabajadores temporales a los que les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima.

La duración de esta ayuda será de un mes, ampliable si así se decide, y su cuantía ascenderá al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 438,88 euros mensuales.

El único requisito que se exigirá para percibir este subsidio es que la duración mínima del contrato que se extingue sea de al menos dos meses, excluyéndose así las relaciones contractuales esporádicas.

Empleadas del hogar e industria

Además, se crea un subsidio por desempleo temporal para las empleadas de hogar que pueden solicitar si se quedan en el paro o si ven reducidas sus horas de trabajo, y que es compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral.

Por otra parte, se modifica el régimen de garantías para agilizar y facilitar la gestión de ayudas del Ministerio de Industria y Pyme, con facilidades para la refinanciación, y se habilita al ICEX a devolver a las empresas los gastos incurridos en ferias organizadas por el organismo que han tenido que ser canceladas.

También se suspende un año el pago de intereses del programa Emprendetur, entre otras y permite la utilización de hoteles y alojamientos turísticos como "alternativa habitacional segura" para víctimas de este tipo de violencia si los servicios de acogida no tienen disponibilidad, entre otras.

Los funcionarios podrán cambiar de área

Los empleados públicos podrán cambiar voluntariamente de puesto de trabajo para reforzar aquellas áreas que, durante la actual crisis sanitaria, económica y social, estén necesitadas de personal, según ha apuntado este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño.

Moratoria del pago de las cotizaciones de autónomos durante seis meses

Se ha aprobado un aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio de 2020 y una moratoria de las cuotas por los días trabajados de marzo sin intereses.

En concreto, según se recoge en el borrador del decreto al que ha tenido acceso Europa Press, el periodo de devengo en caso de empresas estaría comprendido entre abril y junio de 2020, mientras que en el caso de autónomos estaría comprendido entre mayo y julio de 2020.

Asimismo, se permitirá que las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social, que deberán ingresar entre los meses de abril y junio de 2020 sin intereses.

Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los diez primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo señalados anteriormente, "sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud".

El borrador del Real Decreto señala que las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuviesen otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento en el pago de sus deudas a la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidas en la normativa de la Seguridad Social.

El Gobierno extiende derecho al bono social eléctrico a trabajadores y autónomos

El Gobierno también  ha extendido el derecho a acogerse al bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducida su facturación por la crisis del coronavirus.

El Real Decreto-ley amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad al que podrán acogerse, "de manera excepcional y temporal", a todas aquellas personas físicas con derecho a contratar el PVPC (la tarifa regulada), que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten "encontrarse afectados por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus empresas, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75% en promedio respecto al semestre anterior".

En el caso de los umbrales del IPREM van desde 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar; a 3 veces el índice de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar, según consta en el borrador de Real Decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

Cambio de contratos o modificación de potencia sin penalización

Asimismo, en este contexto de crisis, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin penalización, según consta en el borrador.

Además, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni penalización.

El actual estado de alarma por el coronavirus ha supuesto un significativo descenso de la actividad económica que ha motivado igualmente que numerosos titulares de puntos de suministro de gas natural tengan contratado un caudal diario significativamente superior al que necesitan en las circunstancias actuales.

Permitirá retirar ahorro de sus planes de pensiones a los desempleados

Los trabajadores que se hayan quedado en situación de desempleo o que hayan sufrido el cese de actividad como consecuencia de la crisis del Covid-19 podrán disponer del ahorro acumulado en sus planes de pensiones.

Según Calviño, la medida busca "contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares". De ella podrán beneficiarse los empleados afectados por un ERTE, los autónomos que hayan visto cesada su actividad como consecuencia del coronavirus y los empresarios titulares de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma.

A falta de conocer el detalle de la medida, el borrador inicial contempla que la ampliación de derechos se podrá hacer efectiva durante seis meses, por un importe que no podrá superar el salario dejado de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE o los ingresos netos estimados que se hayan dejado percibir por el cese de actividad o la suspensión de apertura al público del establecimiento.

Mecanismo urgente para ajustar los contratos en el gas natural

Con la finalidad de reducir al máximo los costes fijos de los titulares de puntos de suministro cuya actividad productiva y, por extensión, su necesidad de consumo de gas natural ha descendido en el contexto actual, se considera preciso disponer de "un mecanismo urgente" que les permita ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro a sus necesidades reales, cambiar el escalón del peaje de acceso o, incluso suspender temporalmente el contrato de suministro sin coste alguno.

Se establece un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y otros productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y GLP canalizado.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron a Europa Press que las facturas suspendidas podrán ser abonadas durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma, en partes iguales.

Se exime a las eléctricas de afrontar el pago de los peajes.

Asimismo, para que los comercializadores o distribuidores no asuman cargas de tesorería indebidas, se les exime de afrontar el pago de los peajes durante el periodo de suspensión del pago, señala el borrador de Real Decreto.

Además, para aliviar la carga financiera que supone esta medida sobre las comercializadoras de electricidad y gas, sobre los distribuidores de gases manufacturados y GLP canalizado, y sobre los distribuidores de electricidad, se habilita a todas estas empresas a acceder a la línea de avales puesta en marcha hace dos semanas por Gobierno para hacer frente a la crisis del Covid-19, o cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin.

En concreto, la cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida.

Prohibida la publicidad de juego de azar online fuera del tramo de 1 a 5 de la madrugada

El Gobierno reduce la publicidad de los juego de azar online durante el estado de alarma y los limita al tramo de 1 a 5 de la madrugada ya que considera que puede generar riesgos para la salud de la poblacion y agravar los problemas de ludopatía debido al confinamiento. 

Apoyo a las empresas innovadoras

El Gobierno aprobaba una ayuda por valor de 25 millones de euros a las empresas innovadoras de base tecnológica a través del CDTI, Entidad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación.

En concreto, el CDTI aportará 25 millones de euros en subvenciones en la nueva convocatoria del programa NEOTEC para empresas de base tecnológica (EBTs).

Ayudas por 15 millones de euros para prestadores de servicios de TDT

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El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes una compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito estatal por importe de 15 millones de euros.

Con carácter excepcional, se aprueban ayudas por importe de quince millones de euros para compensar una parte de los costes de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de ámbito estatal, derivados de mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria", indica el Gobierno en el texto.

Asimismo, aclara que, en el instrumento en el que se regule esta compensación de costes, se definirán las actuaciones financiables, los gastos objeto de financiación, las condiciones y el procedimiento en el que materializar las compensaciones y concretará los beneficiarios.

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