Las complejidades normativas, informáticas y de análisis de datos que demoran la aprobación del ingreso mínimo vital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, zanjó esta semana salomónicamente la pugna entre su vicepresidente Pablo Iglesias y el área económica de su Ejecutivo a cuenta del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que el líder de Unidas Podemos quería poner en marcha ya con cargo al presupuesto de su departamento en tanto no estuviese lista la prestación que prepara el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Sánchez rechazó finalmente la medida provisional que trataba de impulsar Iglesias y a cambio ordenó acelerar al máximo posible los trabajos para que la prestación, en su formato definitivo, esté lista para ser aprobada el próximo mes de mayo, lo que de hecho hará que sus beneficiarios no tengan acceso a las ayudas al menos hasta el mes de junio.

La disputa dentro del Gobierno nunca ha tenido que ver con el fondo de la cuestión, al menos mientras no se sepa la cuantía y su alcance social. Al fin y al cabo, se trata de una herramienta de lucha contra la exclusión social que PSOE y Unidad Podemos ya habían decidido incluir en el programa de la coalición para esta legislatura. La pugna tiene que ver con los plazos. De un lado, Iglesias asegura que las personas en riesgo de exclusión social no pueden esperar más tiempo, especialmente cuando la economía se está derrumbando y una gran parte de las familias están obligadas a permanecer confinadas en sus hogares. Del otro, Seguridad Social alega que no puede acortar más los plazos porque la puesta en servicio de esta nueva prestación entraña enormes dificultades que, según fuentes del ministerio de Escrivá consultadas por infoLibre, son de carácter normativo, informático y de análisis de datos.

Los funcionarios, aseguran, “trabajan de sol a sol” desde “hace semanas” cruzando datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social con el objetivo de fijar, de la manera más precisa posible, el perfil de las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Es una dato capital, porque de él saldrá lo que costará cada mes la prestación. Cuanto más bajo se sitúe el listón, más dinero habrá público habrá que dedicar. Y son fondos que saldrán de la Seguridad Social, lo que inevitablemente agudizará las ya de por sí maltrechas arcas de un sistema del que dependen también las pensiones públicas.

De momento, según fuentes del departamento de Escrivá, “la colaboración con la Agencia Tributaria está siendo fantástica”. No sólo han puesto “los datos a disposición del análisis para que nosotros podamos diseñar la política lo mejor posible” sino que “además están disponibles 24 horas al día para nosotros”.

La necesidad de disponer todavía de algunas semanas para definir bien el IMV, subrayan, obedece sobre todo a la necesidad de afinar todos los detalles “tanto desde el punto de vista normativo como ejecutivo”. Y eso “lleva tiempo”.

A modo de ejemplo, señalan, “una prestación mucho más sencilla” como la que puso en marcha el Ministerio de Trabajo para las empleadas del hogar, que no han podido seguir trabajando por culpa de la pandemia y que por regla general forman parte de los colectivos más vulnerables, “está costando que arranque” a pesar de que lleva “semanas aprobada”, y eso que son personas afiliadas, con acceso más o menos (fácil) a los medios de comunicación”.

Pues el IMV, remarcan, es mucho “más complicado”, porque tiene que alcanzar a personas que en muchas casos ya están en situación de exclusión social, que son las que más cuesta detectar al sistema. Personas “que nunca han cotizado ni han hecho una declaración de la renta” o que, por ejemplo, sólo trabajan un mes al año.

La segunda dificultad es de carácter técnico. Hay que diseñar, testar y aprobar las aplicaciones informáticas necesarias para gestionar la información disponible, la prestación, la identidad de las personas que se van a beneficiar y el ingreso del dinero.

La tercera, también de enorme complejidad, es normativa. El real decreto que apruebe el IMV tiene que ser muy preciso para no dejar nadie fuera pero, al mismo tiempo, definir con mucha exactitud qué situaciones de vulnerabilidad o de riesgo de pobreza darán derecho a la prestación. Hay que asegurarse además del encaje de estas ayudas en relación con otras, estatales, autonómicas y locales que persiguen objetivos similares. Y hay que hacerlo sin cometer ningún error, porque lo que el ministerio quiere poner en marcha es un modelo de atención social que, como subrayó la ministra María Jesús Montero este martes, “ha tenido para quedarse”.

Hogares, no individuos

Precisamente para asegurarse de que el IMV llega a todos los que lo necesiten es por lo que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha optado por elegir como unidad de la prestación los hogares y no los individuos. Su titular, José Luis Escrivá, no facilita cifras concretas —dependerá de lo alto o bajo que se ponga el listón de la vulnerabilidad y de la suma de dinero disponible para financiar la prestación—, pero esta semana ha hablado de en torno a un millón de hogares, de los que un 10% —entre 90.000 y 100.000— cree que serán familias monoparentales.

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El ingreso mínimo vital estará en todo caso asociado a un “itinerario de inclusión” para que las familias que lo reciban tengan un horizonte de salida de la vulnerabilidad y será “complementaria” de ayudas similares que ya existen en las comunidades autónomas con el objetivo de acabar con la “pobreza extrema” que viven muchas familias del país, un indicador en el que España tiene uno de los peores registros de Europa.

Escrivá lleva días pidiendo paciencia a quienes urgen la puesta en marcha de la prestación porque, remarcó, se trata de una medida de un gran contenido que si no se concreta bien se puede “pagar” en el futuro. “El mundo”, indicó el miércoles en el Congreso, “está lleno de diseños inadecuados que terminan siendo indeseados” porque “no llegan a quienes eran sus destinatarios”. “Un buen diseño permitirá comprobar que, cuando se analicen las medidas tomadas dentro de uno o dos años, se ha logrado el fin que se pretendía”: “reducir la pobreza extrema”.

El IMV sigue sin fecha. El Gobierno ha fijado oficialmente el mes de mayo, pero el Ministerio de Inclusión se resiste a atarse un calendario porque no quiere cometer errores. Le queda “más de un mes” antes de llegar al Consejo de Ministros, según el propio ministro Escrivá. Y después de eso habrá una fase inevitable de “despliegue administrativo” que con seguridad demorará aún más que los potenciales beneficiarios puedan empezar a recibir las ayudas, unos tres meses después de que comenzase el confinamiento dictado por la declaración dele stdo de alarma.