Una pizza con todo salvo derechos laborales: los trabajadores del sector alzan la voz y Trabajo multiplica sus actuaciones

El estado de alarma ha trazado un escenario sin precedentes en la historia reciente, pero no sólo en la vida cotidiana de los ciudadanos. La esfera laboral ha quedado atravesada por ajustes, adaptaciones y alteraciones que van desde el trabajo telemático hasta la regulación temporal de empleo –con la incertidumbre que el término temporal implica para la clase trabajadora–. Pero independientemente de los cambios lógicos que impone lo excepcional de la situación, los márgenes están repletos de irregularidades y condiciones mermadas que atacan de lleno a los trabajadores, especialmente aquellos que parten de situaciones precarias.

Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Trabajo a infoLibre, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "ha reordenado sus prioridades para dirigir su actuación fundamentalmente a tres grupos de actuaciones relacionadas con las medidas derivadas del covid-19". Son las siguientes: prevención de riesgos, con 4.587 actuaciones iniciadas y 2.445 finalizadas entre el 15 de marzo y el 16 de abril; informes a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con 19.897 actuaciones abiertas y 16.534 cerradas y derechos laborales, con 629 actuaciones iniciadas y 301 rematadas. Son un total de 25.113 actuaciones iniciadas y 19.280 finalizadas en el último mes.

Ana Ercoreca es inspectora de trabajo y preside el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS). En conversación con infoLibre dice estar recibiendo un goteo de consultas constante en materia de "prevención, impago de salarios, despidos o falta de material". A su juicio, quienes están más desprotegidos son "los falsos autónomos, los más vulnerables", a quienes recomienda denunciar en primer lugar esta condición. Desde que el estado de alarma fuera decretado por vez primera el pasado 14 de marzo, la inspectora ha estudiado también casos en los que el trabajador está "obligado a firmar una suspensión de trabajo voluntaria, quedando sin derecho a paro".

La inspectora reconoce que el trabajo se ha multiplicado estos días. "No paramos, pero además todo lo que entra tiene que resolverse muy rápido", sostiene. "El covid-19 lo ha cambiado todo". En ese sentido, destaca el esfuerzo por adaptarse de la Inspección de Trabajo. "Estamos todo el día estudiando, porque lo que sirve para hoy, para mañana ya no sirve", de manera que el trabajo diario se ha vuelto especialmente intenso.

Sobre la forma de proceder, la emergencia sanitaria ha dejado también algunas particularidades. "Hacemos recomendaciones y advertencias a empresas, si no cumplen damos parte al Ministerio de Sanidad para que sancione", detalla. Toda comunicación relativa a los riesgos por falta de material va dirigida al departamento de Salvador Illa porque se trata de "un riesgo sanitario, no laboral". Así funciona en el común de las empresas. En lo que se refiere al ámbito sanitario sí se trata de un riesgo laboral, porque ahí sí debe existir previsión de que los profesionales contraigan enfermedades por el contacto con los pacientes. En estos casos, "la Inspección de Trabajo vigila y los trabajadores pueden acudir al juzgado para que en 24 horas se les proporcione material".

Telepizza: hacia la huelga

De quejas y denuncias saben bien los trabajadores de Telepizza. Es el caso de la plantilla empleada en el centro de la avenida Miguel Servet, en Zaragoza. "Semanas atrás, la empresa se negaba a dar material de protección y no contaba con protocolo adecuado a la gravedad de la situación". Habla Asier Ubico, delegado del Comité de Empresa de Telepizza por CGT. Ante lo que los empleados entendía como una falta de protección absoluta, el sindicato llamó a paralizar la actividad acogiéndose a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Concretamente al artículo 21.2: si los trabajadores están o pueden estar expuestos a un riesgo grave e inminente, tendrán "derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo". Los trabajadores "ejercían su derecho laboral a parar la producción", pero la empresa ha decidido reprenderles con sanciones de "entre tres y veinte días de suspensión de empleo y sueldo".

La acción de los empleados sí sirvió de algo: se consiguió de esta manera que se desarrollase en las tiendas "un protocolo mejor". Para Ubico, ahora el objetivo de la gran cadena no es otro que "amedrentar" a su personal. CGT recurrirá todas las sanciones. Pero irá además un paso más allá: ha convocado una huelga para este sábado. "Hemos legalizado la huelga, que de acuerdo a la asamblea de los trabajadores se centrará en la tienda de los afectados", explica el portavoz del sindicato.

Cartel de la huelga en Telepizza Servet (Zaragoza).

Las empresas, dice el portavoz sindical, "se están aprovechando" de la crisis. Así lo entiende en base a la actividad del sindicato durante el estado de alarma. "Intentan costear esta crisis a base de despidos, de obligar a coger vacaciones, de recortar salarios o de imponer horas extra que se suman a las que la patronal no pagó los años anteriores", lanza. Y el Gobierno, remata, "es cómplice de todo esto". La única vía, esgrime Ubico, es "la vía sindical: estamos llamando a todos los trabajadores, a los riders, a los chavales de Alsea, a todos los trabajadores precarios para organizarse y luchar. Sólo luchando los trabajadores conseguiremos algo".

Los riders: movilización espontánea

Los riders llevan años peleando para denunciar las condiciones impuestas por empresas como Glovo o Deliveroo. No son pocas las batallas ganadas, pero los frentes se multiplican. "Su estrategia es perder juicios, mientras se siguen llenando los bolsillos". Habla Felipe Díez, a quien su experiencia como rider le ha llevado al frente de la plataforma Tu respuesta sindical, de la mano de UGT.

"Cuando empezó el estado de alarma hubo una reducción importante de la demanda, fundamentalmente en Glovo, Deliveroo y Uber", explica a infoLibre. En consecuencia, las empresas de reparto han ido "introduciendo modificaciones que obligan a los trabajadores a estar más tiempo en la calle". Los empleados, detalla, ganan en función de cada pedido entregado y este jueves Glovo anunció una bajada en la tarifa base, que pasaría de 2,50 euros a 1,20 por pedido. Las tarifas se nutren de diversos elementos: la tarifa base por pedido, el suplemento por kilómetros y otros que "pueden darse dependiendo de si hay lluvia o de alguna promoción". Toma la palabra Martino Correggiari, portavoz de Riders x Derechos en Madrid. "Recordemos que los riders cobran por pedido", plantea el activista, pero su salario también depende "de la evaluación interna hecha por la empresa, que tiene en cuenta parámetros como la valoración del cliente final o la disponibilidad del rider".

En base a esa dinámica, el repartidor "espera en la calle los pedidos que le tocan y si no hace ninguno no cobra nada". Bajar la tarifa base, entiende, "es una forma de seguir en la línea que siempre se ha tenido de bajar el coste por parte de la empresa en detrimento del trabajador". Coincide Díez, quien insiste en que los riders deben "pasar mucho tiempo en la calle esperando a que les llamen para trabajar".

Pero el estado de alarma no ha conseguido frenar a los repartidores. "Ayer se movilizaron inmediatamente", explica Díez, una acción que Correggiari califica de "reacción instintiva de cólera e indignación". El activista pone en valor la movilización, especialmente por tratarse de un sector marcadamente atomizado y con la calle como telón de fondo. Para Díez, es importante mantener la "estrategia de la denuncia" y se vale de las "muchas sentencias" a su favor. Pero la justicia es muy lenta, lamenta, así que las empresas "han seguido haciendo lo que han ido queriendo". Respecto a la bajada de la tarifa base, Glovo se ha excusado asegurando que es parte de un calendario programado desde principios de año. Sin embargo, el sindicalista considera que "no pueden hacer este tipo de cambios, menos en este momento, aunque lo tuvieran calendarizado". Al final, remarca, lo que "demuestran es desdén hacia los trabajadores y falta de escrúpulos".

Domino's Pizza: sin horas de trabajo y sin cobrar

El panorama no presenta mejoras en lo que se refiere a las cadenas de comida rápida. Lo confirma Carmen González, portavoz de Restauración Moderna en CCOO. El sector, dice a preguntas de infoLibre, parte de una situación "muy precaria, con contrataciones parciales y muy pocas horas de contrato". La distribución de tales horas va de "lunes a domingo y con una jornada irregular", dependiendo de la empresa eso "garantiza una jornada semanal, mensual o de horas trabajadas". Este último supuesto es por el que se rige Domino's Pizza. "Aunque los contratos son iguales, la jornada es irregular: si trabajas 20 horas, cobras 20 horas. Pero si trabajas cero, cobras cero. No hay ninguna estabilidad".

Se da por tanto la circunstancia de que aquellos empleados que no hayan entrado en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) pueden "no tener proyectada ninguna hora" y en consecuencia pueden no estar cobrando nada. En resumen, se da la paradoja de que los empleados que mantengan su trabajo al final "están más desprotegidos".

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Raúl Calderón, delegado en Domino's Pizza por el mismo sindicato, señala que la denuncia ha sido constante en los últimos años. "Venimos denunciando esta forma de proceder basada en que la jornada es anual y su distribución es irregular", detalla. Comisiones recalca que, aun siendo la distribución de la jornada irregular, dentro de los límites que marca el Estatuto de los Trabajadores, "el salario tiene que ser regular".

Hasta ahora, la empresa ha garantizado cierta estabilidad salarial porque "en general siempre se han hecho más horas de las marcadas en el contrato", explica Calderón. Pero los trabajadores ya venían advirtiendo de los riesgos del sistema: "La realidad está poniendo sobre la mesa, en un momento de crisis, que teníamos razón y que la empresa se puede reservar el derecho a no pagar".

CCOO todavía no conoce el volumen de trabajadores afectados –ha pedido los datos a la compañía–, pero sí acierta a adivinar un "gran porcentaje" por las consultas recibidas. Calderón subraya la "falta de responsabilidad de las empresas que no están dando soluciones" a su plantilla, en un momento de especial vulnerabilidad para los trabajadores, especialmente aquellos que ya partían de una situación precaria. Por el momento, el sindicato no tiene previsto acciones extremas como la convocatoria de una huelga, pero sí se ha volcado en trazar campañas de denuncia y en reiterar su alerta a la Inspección de Trabajo. González confía en la justicia como vía a seguir, pero lamenta lo dilatado de los tiempos. El margen de mejora, dirime, todavía es amplio.