Las investigaciones de la Fiscalía sobre residencias de ancianos se duplican en cuatro días

Las diligencias de investigación penal sobre geriátricos abiertas por la Fiscalía se han más que duplicado en cuatro días. Si el viernes 17 la cifra ascendía a 38 este martes se sitúa ya en 86. Casi la mitad (40) se refieren a diligencias incoadas en Madrid, con lo que se mantiene con un ligerísimo descenso la proporción de la semana pasada, cuando los casos se cifraban en 19. En número de residencias en España supera las 5.400, con lo que las investigaciones afectan a un porcentaje residual.

Andalucía, la comunidad con mayor peso poblacional pero donde la pandemia está causando menos estragos (1.017 frente a los 7.460 de Madrid), ninguna de sus alrededor de 675 residencias de mayores está sujeta a investigación penal por el ministerio público. La ausencia de investigaciones se repite en Baleares, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

En comunidades multiprovinciales, el mayor número de diligencias de investigación recae sobre Barcelona (18). Las otras dos de las 20 que en total afectan a Cataluña se localizan una en Lleida y otra en Tarragona.

A Cataluña le sigue Castilla y León, donde la Fiscalía investiga siete casos. Uno está asignado a la Fiscalía de la Comunidad, tres a la de Valladolid y los tres restantes se reparten entre Soria, Salamanca y León.

Castilla-La Mancha y Galicia se equiparan en número: cinco en cada una de ellas. De las castellano-manchegas, tres investigaciones afectan a geriátricos de Ciudad Real, hay otra en Albacete y otra más en Toledo.

Por lo que respecta a Galicia, dos se relacionan con otros tantos geriátricos de Ourense, una a un centro de Lugo, otra a uno de Pontevedra y la quinta investigación se encuentra en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior (TSJ) por razones que el ministerio público no ha detallado.

Aragón y Canarias, Cantabria y La Rioja suman entre cuatro investigaciones, una por comunidad. En el caso de Aragón las únicas pesquisas penales en marcha están en manos de la Fiscalía de Zaragoza y en el de Canarias, en las de Arrecife-Puerto del Rosario.

Adicionalmente, desde varias Fiscalías mantienen abiertos 121 informes de seguimiento (diligencias civiles, no penales) para vigilar la situación de los usuarios de otros tantos centros residenciales. Si esos informes concluyen que pudo haberse producido un delito las diligencias civiles se transformarían en penales.