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La doble respuesta de los caseros al covid-19: de la comprensión de los pequeños arrendadores a la presión de grandes fondos

  • "Muchos pequeños arrendadores están perdonando o reduciendo los alquileres", expone Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos
  • La activista Silvia Abadía critica la "actitud antiética" de los grandes tenedores: "Cuando la gente tiene miedo y se encuentra en una situación de debilidad, es más fácil que sea coaccionada"
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Publicada el 28/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 28/04/2020 a las 13:43
Cartel de una casa en alquiler.

Cartel de una casa en alquiler.

E.P.

Para quienes están familiarizados con la lucha vecinal, los grandes fondos de inversión son viejos conocidos. Hoy, en pleno estado de alarma, los sindicatos de inquilinos los señalan abiertamente: los tenedores de vivienda han aprovechado la situación de emergencia para insistir en sus maniobras contra los más vulnerables. En la otra cara de la moneda, el grueso de los pequeños arrendadores parece haber entendido la situación de emergencia, adaptando el precio de los alquileres a las necesidades particulares de sus inquilinos, tras semanas de campaña por parte de los sindicatos.

Los miembros de las plataformas por la vivienda destacan realidades a dos tiempos: aquella que corresponde a los grandes tenedores y una segunda vinculada a los pequeños particulares. Con el estreno de abril, los sindicatos llamaron a una huelga de inquilinos que empieza a dar sus frutos, después de que cerca de 16.000 se hayan sumado, según afirman los convocantes. "Los que estamos viendo es que muchos pequeños arrendadores están perdonando o reduciendo los alquileres, están entendiendo las circunstancias", celebra Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. La huelga, perfila, toma forma mediante "negociaciones entre particulares y hay una respuesta mayoritaria por parte de gente que tiene una vivienda o dos". Al final, reflexiona, "el que menos pisos tiene es el que está dejando de recibir los ingresos". Pero no ocurre lo mismo con los grandes propietarios.

Desde que la huelga dio el pistoletazo de salida, los "fondos buitre y los multipropietarios" han seguido un patrón bien distinto. El decreto trazado por el Gobierno de Pedro Sánchez permite, cuando el arrendador es un fondo de inversión o un multipropietario, reducir la renta del alquiler a la mitad o retrasar y fraccionar su pago por tres años. "El problema es que es el propio arrendador quien decide", dicen los sindicatos. Y la tendencia general es que la opción predilecta es la segunda, que tachan de menos solidaria. "El resultado está siendo que estos especuladores en ningún caso reducen la cuantía del alquiler y solo optan por retrasar su abono".

Los grandes propietarios "no pierden un céntimo en esta crisis", en cambio "los pequeños arrendadores y los inquilinos" son los grandes perjudicados, lamenta el portavoz. Entretanto, la hoja de ruta es "seguir presionando" a la administración para suspender el pago de los alquileres. La protesta pacífica es también la receta tejida por Pepa Gómez, vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid) cuando habla de una respuesta. Reconoce estar "un poco perdida" en un escenario todavía incierto, consecuencia de la emergencia sanitaria. Pero recalca la importancia de la denuncia colectiva: "Seguiremos con las movilizaciones, siempre pacíficas, cuando pase el estado de alarma. Nos incumbe a todos".

"Facilitar la expulsión de centenares de familias"

El Sindicato de Inquilinos de Madrid desliza un nombre: Blackstone. "En plena pandemia, el fondo de inversión americano aprovecha la paralización de la actividad judicial para forzar el impago de decenas de familias", reza la plataforma en un comunicado. ¿De qué manera? Lo explica Javier Gil. La denuncia llega de los vecinos organizados en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Los inquilinos de dos bloques, en un origen viviendas de protección oficial, vienen denunciando desde el pasado año subidas abusivas en el precio del alquiler por parte del fondo estadounidense.

Como respuesta masiva, los inquilinos esquivaron el verano pasado la firma de un nuevo contrato en las condiciones impuestas por el gran propietario, pero siguieron pagando las mensualidades como muestra de su intención por mantener el compromiso de pago que hasta entonces habían cumplido de manera escrupulosa. "Quedaron fuera de contrato entre agosto y octubre, dependiendo del caso, pero siguieron pagando el alquiler", explica el portavoz. El problema surge a partir del jueves pasado, cuando los vecinos empiezan a constatar una "devolución masiva" de aquellas mensualidades. Blackstone ha comenzado ahora a devolver los pagos abonados desde agosto y octubre, cuando los vecinos decidieron rechazar la subida del precio y quedaron por tanto fuera de la relación contractual. El objetivo del fondo, aduce el activista, no es otro que alegar un "impago del alquiler" para "facilitar la expulsión de centenares de familias" que accedieron a sus viviendas con protección pública.

La estrategia no es nueva, sino que se trata de una "maniobra habitual en los procesos especulativos de los últimos años". Como tal, los sindicatos han tejido una respuesta que, sin embargo, ahora queda notablemente debilitada por las circunstancias especiales derivadas del estado de alarma. "Nosotros lo que solemos hacer es consignar al juzgado e ir a juicio para defender que los inquilinos sí quieren pagar el alquiler, pero se niegan a pagar subidas fruto de la especulación", explica Gil. Que el fondo no tomara medidas hasta ahora, aceptando los pagos mensuales, demuestra que existía una "renovación implícita del contrato".

Pepa Gómez es una de las vecinas que sufre las consecuencias de las estrategias articuladas por el fondo extranjero. "Venimos pagando nuestras rentas porque no quisimos pagar contratos abusivos", dice al otro lado del teléfono. El pago se mantuvo con normalidad hasta ahora. "En mitad de un estado de alarma, con poca movilidad y pocos recursos, se han devuelto todas las rentas". La devolución masiva detectada ahora "obliga a los inquilinos a personarse" en oficinas postales o juzgados para realizar las gestiones marcadas, con el "riesgo de contagio" que ello conlleva. Gómez, además, recalca la situación personal, derivada de la crisis, de los arrendatarios: muchos "trabajan en residencias u hospitales, otros estamos en un ERTE, tenemos el dinero justo".

Gómez también recuerda que los pisos afectados eran de protección oficial, pero la Comunidad de Madrid "los malvendió a Blackstone" y el fondo, a su vez, lanzó una oferta que "doblaba el precio en un principio fijado con la comunidad". La inquilina insiste en que los vecinos sí quieren pagar y quedarse en sus viviendas, pero no a cualquier precio. "No queremos irnos de nuestras casas, de un barrio que hemos hecho nosotros, pero no queremos pagar el doble", subraya.

Un portavoz autorizado de Blackstone explica a este diario que el fondo estadounidense está "devolviendo los recibos de una serie de inquilinos que no firmaron renovación en agosto de 2019". Niegan, no obstante, que las devoluciones se hayan producido con motivo del estado de alarma y recalcan que se vienen realizando desde el inicio del conflicto. En todo caso, el portavoz recalca estar "cumpliendo, como no puede ser de otra manera, con todas las condiciones relativas al real decreto" del Gobierno de Pedro Sánchez y "con cualquier otra ley" relativa a la vivienda. Los inquilinos, zanja, "pueden estar completamente tranquilos independientemente de su situación".

"Inmoralidad y falta de empatía"

También en Madrid, los vecinos organizados contra el fondo de inversión Azora –concretamente con su filial Lazora, que cuenta con más de siete mil viviendas repartidas por el país– han denunciado públicamente estrategias abusivas que buscan sacar rédito en una situación de crisis. Los vecinos, explica Javier Gil, están también fuera de contrato tras rechazar las condiciones de renovación. Ahora, en medio del estado de alarma, el fondo les ha vuelto a ofrecer un nuevo contrato con subidas extraordinarias. Alega, además, que la oferta se prolongará únicamente lo que dure el estado de alarma. Lazora, dicen los vecinos, "condiciona a las familias a decidir su futuro durante el periodo de confinamiento" al "imponer subidas abusivas". De la misma manera, afirman los inquilinos, "solo hace unas semanas se negaban a renovar los contratos que vencían los próximos meses y no daban ninguna explicación a las familias", pero precisamente en los últimos días "la inmoralidad y la falta de empatía hacia sus inquilinos llega a unos extremos inimaginables".

Javier Gil explica que la problemática es común y los casos no dejan de sucederse. "Tenemos constancia de casos parecidos en Donosti, Madrid y Cataluña, por parte de Blackstone y Lazora", detalla. Todo esto, agrega, "lo estamos viendo en muy poco tiempo, pero los bloques en lucha están haciendo presión".

Silvia Abadía, portavoz del Sindicat de Llogaters, subraya que Lazora "se ha dedicado durante los últimos años a comprar muchísima vivienda, muchas de protección oficial". En Cataluña, recalca, los vecinos comenzaron "hace nueve meses a denunciar subidas del alquiler de hasta el 80% en la renovación". Con el sindicato como columna vertebral, todos ellos repararon en que las subidas "eran sistemáticas" y en cinco meses se lograron "once fincas organizadas en seis municipios diferentes". Pero llega el coronavirus y lo para todo, al menos hasta ahora.

En un primer momento, "Azora empezó a enviar correos electrónicos ofreciendo actividades de yoga o fumigación" a vecinos que, previamente, habían estado "recibiendo amenazas importantes de expulsión". A partir de entonces, Silvia Abadía explica que el fondo empieza a trazar algunas opciones, como la posibilidad de "acogerse a microcréditos con un interés del 2%", con condiciones "bastante dudosas". Otros vecinos, recalca la activista, reciben la propuesta de acogerse a la prórroga de seis meses planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, "pero firmando una renovación del contrato" inmediatamente posterior a la moratoria y "con subidas de entre el 40% y el 80%". Por otro lado, "algunos vecinos han recibido un burofax diciendo que se les termina el contrato y que se vayan".

Para la activista, se trata de una actitud "totalmente antiética en un momento en que la ciudadanía llama a la solidaridad". El motivo, reflexiona, es que "cuando la gente tiene miedo y se encuentra en una situación de debilidad, es más fácil que sea coaccionada".

Fuentes de Lazora explican, a preguntas de este diario, que "las condiciones de renovación son distintas en cada caso" y la mensualidad, destacan, se fija "en sintonía con los precios de mercado" y en el caso catalán siguiendo los límites que marca la agencia de la vivienda. Durante el estado de alarma, indican, se han diseñado por su parte "políticas flexibles que buscan que esta situación sobrevenida no provoque mayores complicaciones en distintas situaciones ya complejas". Niegan de manera tajante estar ofreciendo microcréditos, una afirmación "gravísima y absolutamente falsa". Por último, destacan que todo aquel que solicite los seis meses de prórroga podrá acogerse a ello de forma automática. "Creemos que hay un interés por confundir y mezclar situaciones (de familias en situaciones de vulnerabilidad y otras que no lo están) para generar alarma entre nuestros inquilinos", lanzan y aseguran "detectar una campaña organizada" por parte de los activistas.

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7 Comentarios
  • Vamonosqueestarde Vamonosqueestarde 28/04/20 23:14

    En este entramado, ¿alguien está investigando al hijo de JM Aznar y Ana Botella? ¿Y el yerno?

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  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 28/04/20 22:51

    Recuerdo "Las uvas de la ira" cuando el desahuciado granjero quiere pegarle un tiro al diretor dle banco por no rnovalr elcredito. Cuando le dice que eslesun empledo deuna Sociedqd Anónima dice que entonces se lo pegará al Presidente y cuando le dicen que el Presidente es otro empleado y que los propietarios son miles deaccionistas pregunta ¿entonces a quién tengo que pegarle un tiro?

    Es hora de desarrollar una ley que impida que los fondos de inversión que, además, pagan impuestos en otro país o que tienen accionistas,directos o a tavés de emprsas de "tapadera" por elcsimple procedimento de establecer que cuaqueir fondo de inversion que cometa este "fraude de ley" (art. 6.4. CC) y esa falta de "buena fe" (art. 7.1CC) dando asícumñlimiento a la obligación de que no se permita que prospere (art. 7.2 CC). Así se lo pensarían antees deinvertir en España dinero negro procedente ¡vaya Vd.saber ! de cualquier oscuro mecanismo de blanqueo de dinero.

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  • Mochuelo Mochuelo 28/04/20 21:00

    Pero este fondo buitre Blackstone, no es al que le vendió la señora de Aznar, o sea la señora del "cup of cofee in Plaza Mayor" los dos mil (2.000) pisos de protección social, dejando totalmente desprotegidos a los inquilinos? Seguro que algun tipo de comisión fue a parar a la empresa Famaztella o algo así, aparte de que uno de sus hijos debió de entrar por oposición en Blackstone?

    Que poca memoria tenemos¡¡¡¡ Lo mejor sería que fueseis a Marbella a preguntarle a esa señora que cómo fue la operación, igual os lo explica y os arregla el problema.

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  • Ambon Ambon 28/04/20 16:58

    No hay persona más vil en la explotación que el capataz, el pequeño propietario da la cara y dependiendo de su calidad humana, cede mas, menos o nada, las sociedades tienen capataces que nunca pueden ceder ni un ápice.

    Si el juez tuviera que ajusticiar personalmente al reo, habría menos condenas de muerte, pero de esta forma todos se justifican en el deber y el reo acaba ajusticiado.

    Pasa lo mismo con las actuaciones de las grandes empresas que su único compromiso es con los accionistas y el resto, trabajadores, clientes, proveedores, el resto no importa, son solo sujetos a exprimir para aumentar los beneficios del Amo

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  • currante currante 28/04/20 16:29

    Estos fondos buitres carroñeros ya se frotas las manos de la desgracia ajena .Este gobierno tendria que ser consecuente y actuar con toda la dureza contra esta gentuza y aprobar leyes urgentes que impidan esos abusos como tantos otros

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  • José Joaquín Belda Gonzálvez José Joaquín Belda Gonzálvez 28/04/20 08:22

    Ya era hora que en el campo de la vivienda se instrumentaran, medidas que al parecer son las correctas, aunque sean para solucionar la temporalidad de esta situacion. El verdadero reto a continuación es el de desarrollar un verdadero Plan de vivienda social, que rompa de una vez con la absurda idea de la panacea del alquiler, cuando lo que hay que hacer es ofrecer posibilidades de ampliar la financiación hasta el 100% y reducir o eliminar los impuestos de transmisiones e IVA para las viviendas social habituales. Ello a buen seguro que si que bajaria los precios de los alquileres, al descongestionar la presión actual que existe sobre los alquileres, cuando una vivienda en propiedad aunque pagues 30 0 40 años, ofrece la estabilidad a largo plaza de tener casa propia, sin alquileres una vez jubilados.
    Medidas para ello como lo son el alquiler con opción a compra es otra baza decisiva , en lugar de comprar viviendas publicas para alquilar ya que estos retraen enormes recursos, que son mejor utilizados para ayudar a las emergencias mediante avales y ayudas directas, a las familias vulnerables o con bajos recursos

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    • Dver Dver 28/04/20 14:08

      Sí, y no del todo. Es evidente que un Plan Nacional de Vivienda social es urgentísimo y de mantenimiento obligado en el tiempo. Pero el alquiler también es una medida adecuada. Más del 50% de la vivienda europea es en alquiler, y en Viena el 70% municipal. Está claro que hay dos grupos, por entendernos, dentro de este sector. El de lo grandes tenedores (bancos y fondos de inversión), y el de los pequeños tenedores que alquilan para poder vivir o mejorar un poquito su vida. La solución es muy clara, y estuvo activa legalmente durante ¡el franquismo!. Y es la siguiente: la duración del contrato de alquiler debe ser de por vida del arrendatario (con las subidas legales de la mensualidad). Al pequeño arrendador no solo no le afecta negativamente en absoluto este contrato, pues se asegura una renta prácticamente de por vida sin problemas (debemos tener en cuenta que si entra en vigor este plazo, es la gente corriente la que busca esta solución, la que no da problemas y mantiene la casa; como pasó antes). Si la casa la compró al contado, saca una renta mejor que la bancaria, con la ventaja de contar con un bien raíz en propiedad para cuando haga falta y se pueda legalmente); si la ha comprado a plazos, la vivienda se le pagará sola y después de un tiempo dispondrá del bien raíz. Se podrá objetar que al tener un inquilino dentro, no puede disponer a su antojo del bien raíz, pero había, y debe haberlas, excepciones; necesidad de disponer de la vivienda para uso propio o para algún hijo que forme familia, u otras excepciones justas y bien tasadas. Sin embargo, a los inversores en bienes raíces, que para nada se quieren convertir en propietarios perpetuos cobrando alquileres, sino que su finalidad es puramente especulativa para vender en el momento adecuado (no olvidemos que la vivienda no es un mercado al uso, la posibilidad de construir depende de los planes urbanísticos, es decir de una voluntad política; si no se crea suelo disponible la demanda sube y el precio se dispara), a estos inversores, digo, los contratos de duración indefinida no les interesa. Con esta simple ley, derogada por la ideología neoliberal del Psoe y PP, se acaba casi toda la especulación.

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