Crisis del coronavirus

Residencias madrileñas se preparan para la desescalada preocupadas por la falta de test para identificar a asintomáticos

Militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) totalmente protegidos se disponen a entrar por la puerta de la Residencia y Centro de Día ORPEA Madrid Sanchinarro

Tras casi siete semanas de estado de alarma, España pone la vista en la futura desescalada. El Gobierno ya ha dejado claro a las comunidades autónomas que antes de embarcarse en esta nueva fase de la lucha contra la pandemia deberán estar preparadas para poder duplicar el número de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ante la posibilidad de nuevos rebrotes. Pero no sólo eso. También tendrán que tener listos protocolos específicos para algunos de los principales focos de riesgo, entre los que destacan las residencias. Estos centros, junto con los hospitales, han sido los más castigados por el brote de coronavirus. Y ahora algunos de ellos, como los afincados en suelo madrileño, afrontan la preparación para la vuelta a lo que ha sido llamado “nueva normalidad” enormemente preocupados por la imposibilidad de hacer los test de detección de forma generalizada. “Sólo se están haciendo a las personas mayores y a los trabajadores que presentan síntomas. ¿Qué pasa si yo tengo entre mis empleados a personas asintomáticas?”, critican en conversación telefónica con infoLibre.

A comienzos de abril, el Ministerio de Sanidad anunció que había adquirido una partida de cinco millones de pruebas rápidas de detección de anticuerpos con el objetivo de incrementar la capacidad de diagnosticar el covid-19 de forma precoz. El anuncio vino acompañado de una guía en la que el departamento que dirige Salvador Illa explicaba cuál era el procedimiento a seguir tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. En este segundo, avisaba de la necesidad de priorizar el uso de estos test tanto en centros sociosanitarios como en residencias de mayores, en las que ya han fallecido más de 14.000 personas, según las cifras de Europa Press. No obstante, dejaba claro que su uso estaba “indicado en pacientes sintomáticos si han transcurrido varios días desde el inicio de síntomas”. “Este test ha demostrado una especificidad del 100% y una sensibilidad del 64% cuando se aplica en pacientes sin tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad, siendo de alrededor del 80% en pacientes con más de 7 días de evolución”, completaba.

Un día después del anuncio, el Ejecutivo madrileño elaboró un protocolo para las pruebas diagnósticas en los centros sociosanitarios. El documento, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, insistía en línea con lo indicado desde el Gobierno central en que el uso de las pruebas de detección de anticuerpos estaba indicado exclusivamente para aquellos pacientes que presentaran una sintomatología compatible con el coronavirus. De esta forma, el protocolo no contemplaba la realización de pruebas de diagnóstico generalizadas. Ni para los residentes ni tampoco para los profesionales del sector. Así, en el caso de los trabajadores especificaba que la prueba de diagnóstico microbiológico –la famosa PCR– debe realizarse una vez haya transcurrida una semana desde el comienzo de los síntomas y “siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos y mejoría de la clínica respiratoria en los últimos tres días”. De dar positivo, aislamiento durante 14 días y repetición de la prueba. De dar negativo, incorporación al puesto de trabajo con mascarilla quirúrgica evitando cualquier contacto con pacientes inmunodeprimidos.

Ahora, con el plan de desescalada en marcha, algunas residencias se muestran preocupadas ante la ausencia de test generalizados. Es el caso, por ejemplo, de un centro madrileño privado que no pertenece a ningún gran grupo empresarial y con más de tres décadas de experiencia en el sector. “Si sólo se hacen pruebas a aquellas personas con síntomas esto no va a terminar nunca. Es necesario realizarlas a todo el mundo”, explica la gerente de la residencia, que muestra su preocupación ante el riesgo de que pueda haber personas asintomáticas en la plantilla: “Tengo a una decena de trabajadoras que entran y salen todos los días del centro y que podrían contagiar”. En este sentido, explica que se ha dirigido también a prevención de riesgos laborales, desde donde le han insistido en el requisito indispensable de la sintomatología. “De todos modos, en estos momentos no disponen de ellos. Y cuando los tengan –asegura– me cobrarán unos 60 euros por trabajador”. “La única opción que me queda ahora mismo es mentir con los síntomas. Hasta ahora no me lo había planteado, pero viendo cómo está la situación…”, apunta desesperada al otro lado del teléfono.

De Andalucía a Comunitat Valenciana

A pesar de las indicaciones de Sanidad, las pruebas en estos centros se están planteando de forma desigual en diferentes comunidades autónomas. En Andalucía, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla distribuyó unos 90.000 test rápidos entre las residencias de mayores. El objetivo, exponía la Junta en un comunicado, era que se realizasen tanto en pacientes y trabajadores con síntomas como asintomáticos. Seis días después del anuncio, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, informaba en rueda de prensa de que las pruebas ya se habían hecho en el “cien por ciento” de los centros de la región –unos 800 en los que viven alrededor de 45.000 ancianos– y “al cien por ciento” de los cuidadores. Esta es la línea que se está siguiendo también en Extremadura, donde la Consejería de Sanidad ya explicó que estaban haciendo cribados entre los trabajadores de las residencias tengan o no sintomatología asociada al covid-19.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanidad ha elaborado un protocolo, adelantado por Valencia Plaza, en el que establece las directrices a seguir para la realización de las pruebas de diagnóstico en las residencias de la región. La estrategia en esta comunidad autónoma pasa por realizar PCR “a todos los residentes y personal” –con o sin síntomas– de aquellos centros en los que “se haya producido algún brote”. Sin embargo, el objetivo es dar un paso más en las próximas semanas. “En primer lugar, haremos test al 100% de empleados y ancianos de las residencias donde hay covid, pero introduciremos más actuaciones para todos los centros dentro del plan de trabajo”, explicó en declaraciones a los medios la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, quien destacó la importancia de tener controlado a todo el personal en estos focos de riesgo –algo más de 300 en la región– porque “ellos son los vectores por donde puede entrar el virus dado que, a día de hoy, son los únicos con los que los residentes tienen contacto”.

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“Nada de concentraciones los sábados o los domingos”

Con la vista puesta en la desescalada progresiva, algunos territorios han comenzado ya a relajar determinadas restricciones impuestas en plena crisis sanitaria. En suelo andaluz, la Junta ha vuelto a permitir desde este mismo lunes los ingresos en residencias de personas mayores tras apreciar la “evolución favorable” del impacto del virus en estos lugares. Eso sí, las nuevas entradas se harán bajo estrictas medidas de seguridad. Los centros, según fija el protocolo aprobado la semana pasada, deberán realizar al nuevo interno una prueba PCR, con cuatro días de antelación como máximo. Además, a su llegada se le someterá a un test rápido de diagnóstico que, del mismo modo, deberá dar negativo. Una vez superadas ambas pruebas, la persona ingresada será puesta en aislamiento durante un periodo de siete días. Eso sí, no sin antes informar a los centros de las personas con quien ha pasado el confinamiento el interno en los quince días previos a su entrada. El objetivo es poder trazar fácilmente el rastro del virus ante un posible positivo.

Pero para asegurar esta vuelta a la normalidad, los empresarios del sector en España insisten en la necesidad de pruebas generalizadas. “¿Cómo vamos a afrontar este nuevo escenario si las residencias, a día de hoy, siguen sin estar totalmente protegidas?”, se pregunta la gerente de uno de los centros consultados. En su caso, es de los pocos en la Comunidad de Madrid, donde hay más de cuatrocientos, que no ha tenido un solo contagio hasta la fecha. “Nos adelantamos y confinamos antes de que lo ordenaran las autoridades”, explica. Ella ya tiene en su cabeza cómo va a ser la desescalada en el centro que dirige. “Nada de concentraciones los sábados o los domingos. Y al menos al principio una persona por residente. Con mascarillas, con guantes y manteniendo las distancias de seguridad. Y nada de libre circulación por el centro”, apunta. Lo tiene “clarísimo”, porque lo que está en juego son vidas humanas. “Hay que mirar al mayor desde el punto de vista social y no como un negocio”, sentencia al otro lado del teléfono.

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