Investigación infoLibre

Nueve Gobiernos autonómicos y dos forales ocultan a sus ciudadanos en qué residencias hay fallecidos por coronavirus

Madrid suma el mayor número de muertos en residencias. En la foto, Díaz Ayuso y un avión con material sanitario.

Más de 16.500 personas que vivían en residencias han muerto en España en dos meses de pandemia por covid-19 o con una sintomatología compatible. Y hay decenas de miles contagiados. Son cifras tremendas. Y en muchas ocasiones están además envueltas en la desinformación, ya que las autoridades dan la cifra global de fallecidos y positivos, pero no especifican los datos por geriátricos. Algo que, a su vez, dispara la incertidumbre entre los familiares de muchos residentes.

infoLibre ha contactado con los Gobiernos de las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas responsables de dar la información para saber si estaban facilitando los datos sobre el número de muertes desglosados por residencias y, en caso negativo, para conocer las razones del ocultamiento. Todos respondieron, menos la Diputación de Bizkaia, cuya directora de comunicación –Estibaliz Ortiz Tinoco– fue incapaz en seis días de ofrecer a este periódico una explicación sobre su política informativa. Las conclusiones son las siguientes:

– Los Gobiernos autonómicos más transparentes son los de Asturias y Cantabria, que ofrecen los datos desglosados por geriátricos en un espacio específico de sus respectivas web, lo que lógicamente facilita la búsqueda de la información. Y no se limitan a dar el número de fallecidos, sino que aportan otros datos de interés.

– La Diputación de Gipuzkoa también explica en qué geriátricos se producen los decesos, aunque lo hace en notas de prensa diarias, sin que haya un lugar específico en su web para encontrar la información.

– Los Ejecutivos de Canarias, Extremadura, Illes Balears y Murcia no informan por iniciativa propia, pero aportan los datos a los medios de comunicación cuando lo solicitan. Así al menos lo hicieron con infoLibre.

– La Xunta de Galicia desvela el nombre del geriátrico cuando el fallecimiento se produce “en” el propio centro, pero lo oculta cuando el residente muere tras ser trasladado a un hospital.

– Los otros nueve Gobiernos autonómicos (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Navarra) y las Diputaciones de Álava y Bizkaia ocultan a sus ciudadanos el lugar donde se producen los fallecimientos. Un hecho que requiere un matiz en dos casos. Castilla y León sí informa sobre las residencias públicas, pero no de los centros privados, que son la inmensa mayoría (el 98% del total). La Rioja no publica esa información desde hace semanas, aunque sí lo hacía al principio de la pandemia, y un portavoz del Ejecutivo riojano aseguró a este periódico que se están planteando regresar a su política de transparencia inicial.

– Entre las nueve comunidades autónomas opacas, seis son multiprovinciales. Pues bien, tres de ellas –Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana– llegan al extremo de no desglosar el número de fallecidos en residencias ni siquiera por provincias. Se limitan a ofrecer el dato autonómico agregado.

– 18 de las 19 Administraciones informan prácticamente a diario del dato global de fallecidos en las residencias. Hay una que lo hace cada 15 días para no desatar el "pánico": Bizkaia, a cuyo frente está el diputado general Unai Rementeria.

A continuación, infoLibre detalla una a una la información que facilitan las 19 Administraciones públicas.

Las tres más transparentes

ASTURIAS

El Gobierno de Asturias, que preside Adrián Barbón (PSOE), tiene un apartado en su web denominado “Situación actual de centros residenciales de personas mayores”, donde se puede consultar “la información diaria sobre la situación de centros públicos y privados, así como las gráficas de evolución”.

Los datos se facilitan tanto en formato pdf como en excel. Junto a las cifras acumuladas de la región –el 29 de abril habían fallecido 160 residentes–, también se aportan datos sobre contagios entre los profesionales y sobre el número de centros residenciales afectados.

Por centros se desglosan los decesos desde el día anterior –no la cifra acumulada– y los casos activos, además de indicar si el geriátrico tiene gestión pública, privada, concertada o de una entidad sin ánimo de lucro.

Hay que señalar que el Gobierno asturiano no empezó a publicar los datos sobre fallecimientos en geriátricos privados hasta el 9 de abril, cuando los Servicios Jurídicos de la Consejería de Derechos Sociales avalaron que "la información de todas las residencias de mayores sea pública en aras del derecho a la salud y del control de la pandemia", según informaron en aquel momento desde dicho departamento.

Los tres geriátricos donde más personas habían perdido la vida, a 30 de abril, eran el centro concertado Jovellanos, en Gijón (23 decesos); la residencia pública de Grado (22), y la privada Plaza Real, en Gijón (20). 

CANTABRIA

El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla (PRC) ofrece, una vez la semana, todos los datos sobre la evolución del covid-19 en los centros residenciales de la región. En un documento pdf, explica desde el número de pruebas realizadas a profesionales y residentes hasta la cifra de contagios, pasando por la de fallecidos. Todo ello desglosado por centros.

En el caso de los decesos, la información se divide en tres categorías: muertes confirmadas por coronavirus, con sintomatología compatible y por otras causas.

A fecha 22 de abril, se habían producido en los 64 centros residenciales de Cantabria 92 muertes confirmadas por covid-19 y 13 con síntomas compatibles. En total, 105. En 49 geriátricos no se había contabilizado ni un solo fallecimiento por esta causa. [Aquí está el pdf]

En el lado opuesto se encontraban los geriátricos de La Loma, en Castro Urdiales, con 16 fallecidos entre confirmados de covid-19 y compatibles; Sagrada Familia, en Cabezón de la Sal, con 14, y el Asilo San José, en Torrelavega, también con 14.

Son llamativas las cifras del centro Orpeala quinta compañía más grande del sector, con 49 geriátricos repartidos por España– en Santander: había tenido 18 decesos, pero según el informe del Gobierno cántabro ni uno solo por coronavirus o por sintomatología compatible.

GIPUZKOA

En el País Vasco, aunque el Gobierno autonómico facilita algunos datos globales, son las tres diputaciones forales las encargadas de informar sobre los centros de sus territorios. La única que aporta información desglosada sobre fallecimientos en los geriátricos es la de Gipuzkoa, a cuyo frente está Markel Olano (PNV).

Los datos se facilitan a través de una nota de prensa diaria –que se difunde sobre las 18:00 horas para recoger los datos hasta las 13:00 del mismo día–, sin que exista un apartado específico en la web para la situación de los centros residenciales, como ocurre en Asturias y Cantabria. Ello dificulta lógicamente la búsqueda, pero la información está.

A 30 de abril se habían producido 160 fallecimientos en las residencias de Gipuzkoa. Los centros más golpeados eran San José, en Ordizia, con 25 decesos; Iturbide, en Arrasate, con 23, y DomusVi Berra, en San Sebastián, con 18.

LAS CUATRO QUE INFORMAN A LOS MEDIOS

CANARIAS

El Gobierno canario que dirige Ángel Víctor Torres (PSOE) tiene una página con datos sobre el impacto del covid-19 en las islas y difunde una nota de prensa diaria –como todas las Administraciones– con las últimas cifras. En ninguna de ellas aparece la información desglosada por residencias.

Sin embargo, la portavoz de la Consejería de Sanidad indicó que facilitaban la información a cualquier medio que lo pidiese.

Una primera conclusión de los datos aportados a infoLibre es la baja incidencia que el virus ha tenido en los geriátricos de Canarias en comparación con el resto de España. A 28 de abril, sólo el 12% de los 132 fallecidos en las islas eran mayores de residencias.

De las 16 personas que vivían en geriátricos que perdieron la vida, 15 estaban en Tenerife y uno en Gran Canaria. Un centro acumulaba casi la mitad de los decesos: Jardines de San Marcos, en Tegueste, con siete.

En otros dos casos, explicó la portavoz, “los certificados de defunción marcaba posible covid y se les hizo una prueba PCR postmortem y dio negativo. Esos quedan fuera de la estadística, pero están en los informes que se envían al Gobierno central y a la Fiscalía. También hay siete personas fallecidas con síntomas que podrían ser compatibles con covid”.

EXTREMADURA

Una situación similar a la de Canarias se produce en Extremadura, presidida por Guillermo Fernández Vara (PSOE). En las notas de prensa diarias se ofrece diversa información sobre la evolución del coronavirus en la región, pero no figuran los datos desglosados de fallecimientos por residencias.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales señaló que esa información se enviaba a la Fiscalía y que también se facilitaba a los medios que preguntaban.

Los datos aportados a infoLibre indican que, de los 324 centros para mayores que hay en Extremadura, en 276 no se habían producido fallecimientos por coronavirus y en 48 sí. Entre estos últimos, los cinco con mayor número de decesos, a 29 de abril, eran los siguientes: 73 en la residencia El Cuartillo, en Cáceres; 25 en el centro de Garrovillas, en la localidad cacereña del mismo nombre; 22 en el geriátrico Cervantes, en Cáceres; 19 en la residencia de DomusVi en Badajoz, y 19 en el centro Virgen de la Luz, en Arroyo de la Luz (Cáceres).

ILLES BALEARS

La tercera comunidad autónoma que no aporta por iniciativa propia el desglose de fallecidos por residencia, pero sí lo hace a petición de los medios, es Illes Balears, presidida por Francina Armengol (PSOE).

“El Servicio de Salud informa puntualmente cada día a Fiscalía sobre la situación en las residencias. En los informes se indica la situación de los residentes y trabajadores positivos, de las muertes que se han producido, de las altas y de las diversas acciones que se toman en materia asistencial. Con esta información, la Fiscalía decidirá si abre diligencias”, explicó la portavoz del departamento de Salud y Consumo, quien añadió que hasta el 29 de abril se ha comunicado a la Fiscalía “la muerte de 80 de personas en residencias de ancianos”.

Del listado que se facilitó a infoLibre se extrae una primera conclusión: en 103 de los 118 geriátricos de Illes Balears no se ha producido ninguna muerte confirmada por covid-19, entre el 8 de marzo y el 29 de abril.

De los 15 centros donde sí se produjo algún deceso por la pandemia, destaca DomusVi en Palma, que con 26 fallecimientos acumulaba el 32,5% de todas las producidas en las residencias de las islas. El geriátrico de DomusVi en Costa d’en Blanes, con nueve muertes, era el tercero que más muertes sumaba. Con el mismo número está la residencia Son Ametler, mientras que el geriátrico Oasis tenía 11 fallecidos.

MURCIA

Murcia, gobernada por Fernando López Miras (PP), es la cuarta comunidad en este grupo: no cuelga desglosados los datos por residencias en su web, pero los facilita sin problema cuando un medio de comunicación los solicita.

En la región hay más de 50 geriátricos y sólo en cuatro se han producido fallecimientos por covid-19. El número total de decesos, hasta el 28 de abril, era de 62. Más de la mitad, en concreto 33, se habían registrado en la residencia de Caser en Santo Ángel, una pedanía junto a la capital. En el centro Manuel Campillo, en Santomera, gestionado por Sergesa, habían muerto 16 mayores. Y en el geriátrico de Orpea en Cartagena habían perdido la vida otras 11. Entre estos tres centros había además 97 casos activos, de ellos 47 en Caser.

La lista se completa con la residencia de Abanilla, que había registrado dos muertes, y que tenía además 42 casos activos.

LA COMUNIDAD QUE DA DATOS A MEDIAS

GALICIA

La Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo (PP), ha ejecutado hasta tres políticas informativas diferentes en relación con los fallecimientos en residencias de ancianos. En una primera fase, la Xunta confirmaba los datos sobre geriátricos concretos, a petición de los medios. A finales de marzo, pasaron a dar cifras dos organismos por separado –las Consellerías de Sanidad y de Políticas Sociales–, con el efecto práctico de que aquellos residentes de geriátricos muertos en hospitales dejaron de atribuirse a centros concretos. Desde el 8 de abril, es el Servicio Galego de Saúde (Sergas) quien centraliza los datos.

La situación actual es la siguiente: de los 547 decesos que el covid-19 había provocado en Galicia hasta el 30 de abril, 249 afectaron a personas que vivían en residencias (el 45% del total). De ellas, 128 se produjeron en geriátricos, y la Xunta aporta con transparencia el nombre del geriátrico en sus notas de prensa diarias. Otros 121 fallecieron en hospitales y “residencias integradas” –se crearon cuatro y en ellas sólo están personas contagiadas–, pero en este caso el Gobierno gallego oculta cuál es su centro de origen.

Este periódico preguntó al portavoz del Sergas por qué no se facilitaba el dato de aquellos residentes que morían en hospitales. “No disponemos de esa información”, contestó. Una explicación que evidentemente no se ajusta a la realidad. Primero, porque en marzo se la facilitaban a los medios. Segundo, porque son datos que deben transmitir a la Fiscalía. Y tercero, por una cuestión de mera lógica: ¿cómo va a saber la Xunta que son fallecidos “vinculados con centros residenciales”, tal y como indica textualmente en sus notas de prensa, y al mismo tiempo desconocer dónde vivían?

En cuanto a los 128 fallecidos “en” las propias residencias, de los que la Xunta sí informa con claridad, hay que señalar que corresponden a 22 geriátricos diferentes. A 30 de abril, en cuatro de ellos se acumulaban más de una veintena de muertes: 22 se habían producido en el DomusVi de Santiago; 21 en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en A Farixa (Ourense), gestionada por la Fundación San Rosendo; 20 en el DomusVi de Aldán, en Cangas do Morrazo (Pontevedra), y 13 en el DomusVi de Barreiro, en Vigo. Hay que señalar que estos dos últimos fueron transformados por la Xunta en “residencias integradas”, de forma que residentes de ambos constituyen una parte significativa de la lista de 121 fallecidos que el Gobierno de Feijóo no desglosa por centros.

LAS 11 QUE OCULTAN LAS CIFRAS

ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía, que dirige Juanma Moreno (PP), tiene una web específica con múltiples datos sobre la situación y la evolución del covid-19 en la comunidad. Uno de los apartados se dedica a los casos confirmados y defunciones en residencias según sexo por provincia y distrito sanitario. Sin embargo, no desglosa los datos por geriátricos.

De los 1.207 fallecimientos por la pandemia que se habían producido en Andalucía el 29 de abril, 459 eran personas que vivían en residencias (el 38% del total).

Ante la pregunta de por qué la Junta no facilita la información por geriátricos, una portavoz de la Consejería de Sanidad respondió: “El motivo esencial para no dar los datos desglosados por centros es salvaguardar la privacidad y el bienestar de los residentes”.

ARAGÓN

El Ejecutivo que lidera Javier Lambán (PSOE) es uno de los más opacos de España en esta materia. Entre tres y cuatro veces a la semana, en la nota de prensa en la que se informa de la situación del covid-19, se aporta el dato global de fallecidos en la comunidad que vivían en residencias.

En el comunicado del 28 de abril, por ejemplo, figuraba la siguiente información: “En los centros residenciales de Aragón, entre residentes y trabajadores, la cifra de personas con coronavirus confirmado asciende a 1.811. Desde que comenzó la pandemia, han fallecido 543 personas y 398 se han recuperado. En este tiempo, han sido hospitalizadas 256; y 383 han sido atendidas en los denominados centros intermedios. En estos momentos, estos dispositivos tienen 204 plazas ocupadas”. Eso es todo. Por no dar, el Gobierno aragonés no da ni el dato desglosado por sus tres provincias.

Aquel día, Aragón llevaba contabilizados 735 muertes por la pandemia, de forma que los 543 fallecidos en geriátricos suponían casi el 75% del total.

Como en todos los demás casos, infoLibre preguntó cuáles eran las razones para esta actuación. “Cada centro puede ofrecer sus datos, como así lo han hecho algunos y se han publicado cifras de fallecidos y contagiados en varias residencias, pero como Administración el Gobierno prefiere no dar los datos pormenorizados por centros para no estigmatizarlos y para no provocar más angustia a las familias”, explicó la portavoz del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

CASTILLA-LA MANCHA

La misma política de opacidad se practica en Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page (PSOE). El único dato que se ofrece sobre decesos en las residencias es el global de toda la comunidad, sin ofrecer ni siquiera el desglose de las cinco provincias.

En la nota del 30 de abril se indicaba que el número de residentes fallecidos confirmados por covid-19 era de 1.002. Este dato incluye también a aquellos que vivían en geriátricos y fallecieron en hospitales. Una cifra que suponía el 40% de los 2.463 casos contabilizados desde el inicio de la pandemia.

El motivo que alega el Ejecutivo autonómico para no desglosar la información es el siguiente: “Por la gran cantidad de datos, ya que en Castilla-La Mancha contamos con más de 400 centros sociosanitarios y tenemos actualmente 225 centros con algún caso confirmado de residente y ha habido una gran cantidad de estos centros con fallecidos”. Esos 225 centros sí se desglosan por provincia: 64 en Toledo, 56 en Ciudad Real, 39 en Cuenca, 36 en Guadalajara y 30 en Albacete.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León, dirigida por Alfonso Fernández Mañueco (PP), mantiene una posición peculiar: facilita el desglose de fallecidos en las residencias públicas, pero no en las privadas. Algo que en la práctica equivale a no dar prácticamente información si se tiene en cuenta que en la comunidad hay 1.214 geriátricos, de los que sólo 25 son de titularidad de la Junta (el 2% del total).

¿Cuáles son las razones? Una portavoz de la Consejería de Familia lo explica así: “Los Servicios Jurídicos de la Junta mantienen que no se puede publicar información específica de la situación concreta de residencias privadas. Al principio sí se facilitaba, pero algunas residencias se quejaron porque se ponía el foco en las que tenían más casos y entendían que se les podía perjudicar. Lo pusimos en conocimiento de los Servicios Jurídicos y emitieron un informe en ese sentido: los centros privados facilitan información a la Junta pero como custodio que es de esa información, no puede difundirla. Incluso se ha elevado una petición a la Abogacía del Estado porque la intención de la Consejería ha sido, como hacía al principio de esta pandemia, facilitar la información concreta y específica de las privadas”.

Ante esa respuesta, infoLibre pidió a la Junta copia del informe jurídico que sostiene esa posición, o conocer al menos en qué textos legales se apoya. “No se puede facilitar la información de residencias privadas por la Ley de Protección de Datos”, fue la respuesta. Los Servicios Jurídicos de Castilla y León determinaron, por tanto, lo contrario que los de Asturias.

En Castilla y León, como en el resto de España, muchas de las residencias privadas reciben gran parte de sus ingresos de fondos públicos, a través de la concertación de plazas. Y, para funcionar, todas tienen que estar registradas y autorizadas por la Administración autonómica correspondiente.

En definitiva, la Junta ofrece dos informaciones a diario: el dato global de mortalidad en residencias en cada una de las nueve provincias y las cifras desglosadas en el caso de los 25 geriátricos titularidad de la Junta.

La información que ofrece la Junta permite extraer varias conclusiones interesantes. Primera, que de los 1.214 centros de la región, sólo en 260 se ha producido algún fallecimiento por coronavirus (21,4% del total), y de ellos hay 122 donde el número de decesos supera los cinco. Segunda, que de los 3.692 residentes que perdieron la vida por cualquier causa, 1.262 lo hicieron con covid-19 confirmado y 1.075 con síntomas compatibles. Por tanto, sólo el 37% de los residentes fallecieron con seguridad por una causa ajena a la pandemia. Y tercera, que los 1.262 residentes que fallecieron con covid-19 confirmado suponían el 71% del total en la región (1.770).

CATALUÑA

La Generalitat catalana, que preside Quim Torra (JxCat), tampoco explica a sus ciudadanos en qué geriátricos están falleciendo residentes. En su nota de prensa diaria, se limita a detallar las cifras por región sanitaria.

La portavoz del Departamento de Salud ofreció la siguiente explicación sobre su política informativa: “Por ahora la disponibilidad de los datos estadísticos sólo permite ofrecer los que diariamente se facilitan en la nota de prensa”.

Como en todos los casos en los que la excusa que pone una Administración es que no dispone de los datos, y al mismo tiempo ofrece una cifra global, es evidente que no es cierto. Una cifra agregada –en este caso los datos por región sanitaria, en el de Galicia los de hospitales y residencias integradas– sólo se puede construir a partir de la suma de datos desagregados. Es imposible tener la primera sin la segunda.

A 30 de abril, habían fallecido en residencias catalanas 1.046 personas con positivo confirmado y 1.950 con síntomas compatibles. La suma de ambas –2.996– suponía el 29% del total de decesos en la comunidad (10.311).

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat valenciana, liderada por Ximo Puig (PSOE), figura en el grupo de las Administraciones más opacas, que ni siquiera ofrece el dato de fallecidos en residencias desglosado por provincias. Únicamente aporta la cifra global de toda la comunidad.

Una portavoz de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública justificó así esta circunstancia: “Como ha explicado la consellera [Ana Barceló] en numerosas ocasiones, no ofrecemos el dato por residencias ya que fue una petición expresa del sector con el objetivo de evitar la alarma que genera entre los residentes. Muchos de ellos incluso siguen la rueda de prensa diaria de la consellera. Es un asunto muy sensible”.

La Generalitat valenciana tiene una página con estadísticas del covid-19, en la que no se habla de residencias, y en las notas de prensa diarias realiza una breve referencia a los geriátricos. En la del 30 de abril indicó que 462 residentes habían fallecido y 1.979 habían dado positivo en la comunidad. Además, 30 residencias se encontraban bajo “vigilancia activa de control sanitario”: 13 en Valencia, 9 en Castellón y 8 en Alicante.

Esos 462 residentes fallecidos equivalían al 37% del total (1.244).

LA RIOJA

La comunidad presidida por Concha Andreu (PSOE) empezó la pandemia siendo de las más transparentes, pero se pasó al grupo de las opacas. Y ahora, asegura un portavoz de la Consejería de Salud, está pensando en volver a ofrecer datos de residentes fallecidos desglosados por geriátricos.

¿A qué obedeció ese cambio de criterio? “Dábamos esos datos al principio y tuvimos que dejar de publicarlos por el cambio de criterio de caso confirmado que hubo hace unas semanas, al incluirse los test de seroprevalencia. Tras el cambio realizado en los últimos días, que se vuelve al concepto inicial de casos confirmados por PCR, estamos estudiando retomar su publicación”, explicó el citado portavoz.

En la fase transparente inicial, el Ejecutivo riojano detallaba la residencia, las plazas del centro, el número de casos confirmados y los fallecidos. El 5 de abril, por ejemplo, habían fallecido 58 personas con coronavirus en centros riojanos de la tercera edad. La más afectada era la residencia Viamed los Jazmines, en Haro, con 12 decesos.

En la fase actual, La Rioja tiene una página con estadísticas sobre la situación epidemiológica de la pandemia, en la que se indican los fallecimientos diarios en los geriátricos de la comunidad. En las notas de prensa también se incluyen datos, siempre globales. En la del 30 de abril, se explicaba que “de las 32 residencias existentes en la comunidad, en 13 no se ha registrado ningún caso y en 15 no se han producido fallecimientos. Desde el inicio de la pandemia, han fallecido 189 usuarios con covid-19 de estos centros”. Una cifra que supone el 57% del total de muertes en La Rioja hasta esa fecha (332).

MADRID

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), es otro ejemplo de máxima opacidad. Y al consejero que ofreció datos desglosados de fallecimientos en residencias a los portavoces de la oposición en la Asamblea le quitaron las competencias pocas horas después de ese mínimo gesto de transparencia.

Hay que destacar que esta política informativa se produce en la comunidad que, con enorme diferencia, acumula más muertes en sus geriátricos por la pandemia. En las 475 residencias de la región han fallecido desde el 8 de marzo hasta el 22 de abril 7.007 personas y, de ellas, 1.017 tenían covid-19 y 4.596 sufrían sintomatología compatible con el coronavirus. En total, 5.613 mayores muertos con afección segura o probable del covid-19, lo que equivale al 80% del total de decesos.

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), facilitó el 25 de marzo a los portavoces parlamentarios cierta información sobre las residencias donde más personas habían muerto. En concreto, aportó datos sobre los 30 geriátricos donde se habían producido diez o más decesos. Un análisis de los que estaban en situación más crítica desvela que, de las 17 donde habían perdido la vida 15 o más personas, sólo una era pública. Pocas horas después, Ayuso comunicó que la gestión de la pandemia pasaba a estar bajo el mando único del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), en una evidente desautorización de Reyero.

La Comunidad de Madrid difunde ciertas estadísticas sobre el impacto del coronavirus, por ejemplo con los casos confirmados por municipio y distrito de la capital, y la cifra global de fallecidos en los geriátricos.

Ante la pregunta de infoLibre sobre las razones para ocultar esos datos, una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales indicó: “La información facilitada no detalla los fallecimientos por centro porque esta información no ha sido reclamada por el Ministerio”, en referencia a los datos que las comunidades tienen la obligación de enviar al Gobierno central.

Como es evidente, no hay conexión entre ambas cuestiones. La Comunidad puede hacer pública la información que considere relevante, algo en lo que no entra en absoluto el Ejecutivo central. La decisión de informar con transparencia a los ciudadanos o de ocultarle los datos es, por tanto, una decisión que corresponde en exclusiva al Gobierno autonómico correspondiente.

La portavoz también indicó que la cifra global que se publica “incluye exclusivamente a los fallecidos en residencias porque así lo especifica el Ministerio” de Sanidad. Eso significa que no se está contabilizando a aquellas personas que vivían en un geriátrico pero han fallecido en un hospital, a pesar de que la Comunidad tiene esos datos.

Dicha portavoz también añadió que “desde el inicio de la crisis la Consejería ha informado de la situación a los grupos parlamentarios, con los que ha mantenido hasta siete reuniones”. infoLibre ha consultado a los tres grupos de la oposición –PSOE, Más Madrid y Podemos– y todos mantienen que la última vez que el Gobierno les facilitó datos sobre decesos en residencias fue el 25 de marzo.

NAVARRA

La Comunidad Foral de Navarra, que lidera María Chivite (PSOE), ofreció una explicación similar a Madrid sobre su política informativa: “Publicamos los datos tal como nos los solicita el Ministerio para seguir la misma pauta en todas las comunidades”, indicó una portavoz del Departamento de Derechos Sociales. “No se ha considerado publicar el dato por residencia”, añadió.

El Gobierno foral publica notas de prensa generales sobre la evolución del covid-19 y otras que se centran en la situación en los geriátricos. Por ejemplo, en la del 29 de abril se indicaba que desde el 8 de marzo habían fallecido 215 personas en residencias con positivo confirmado y otras 180 con síntomas compatibles. En total, 395 mayores, cifra que equivale al 70% del total de decesos en los geriátricos durante ese periodo (563).

ÁLAVA

La Diputación Foral de Álava, que dirige Ramiro González (PNV), tampoco aporta la información detallada por geriátricos. “Se desglosa por redes: residencias forales, residencias municipales de ayuntamientos de 20.000 habitantes, y residencias privadas. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, única localidad de más de 20.000 habitantes, informa de los datos de sus propias residencias”, indicó un portavoz de la Diputación.

Ante la pregunta de por qué no se facilitaban los datos por centros, dicho portavoz respondió que “ese desglose se traslada puntualmente al Gobierno Vasco, al Ministerio de Sanidad y a la Fiscalía”.

BIZKAIA

La Diputación Foral de Bizkaia, que tiene al frente a Unai Rementeria (PNV), es con diferencia la más opaca de toda España.

En las notas diarias que difunde sobre la situación en las redes asistenciales, ni siquiera figura el número total de fallecidos. Y lo máximo que explica es el número de residentes con positivo confirmado –766 el 29 de abril– y el número de centros con personas afectadas –49 residencias de un total de 155–.

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La política de opacidad tampoco se resuelve preguntando a la directora de Comunicación de la institución, Estíbaliz Ortiz Tinoco, incapaz desde el martes de la semana pasada de responder a las preguntas de infoLibre. De forma que la Administración que dirige Rementeria es la única de las 19 que no ofreció explicación alguna sobre su política informativa.

En una nota de prensa difundida el 16 de abril, en la que se informa sobre la comparecencia de Rementeria en las Juntas Generales de Bizkaia, en el noveno párrafo se puede leer que el diputado general defendió su “gestión rigurosa y responsable de los datos de víctimas y afectados” y afirmó que no tenía “nada que esconder”. Hasta entonces, según aseguró, habían fallecido en las residencias 157 personas por coronavirus y 20 “con sospecha”.

Lo que el dirigente del PNV llama “gestión rigurosa” es informar de la cifra de fallecidos cada 15 días –no hay ningún otro Gobierno en España, sea central, autonómico o foral que no lo haga prácticamente a diario–, además de defender esa política de opacidad con argumentos cuanto menos pintorescos: "No informamos diariamente de los muertos en residencias para que no se convierta en una lotería", declaró en una entrevista la semana pasada en la Cadena Ser. Hacer lo contrario, según él, generaría “pánico”. Y ocultar los datos no es una cuestión de “transparencia”.

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