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Crisis del coronavirus

Radiografía del colapso en las residencias: mascarillas donadas, falta de protocolos y plantillas llevadas a la "extenuación"

  • Un informe repasa el naufragio de los centros de mayores ante la pandemia, con trabajadores "extenuados" mientras "el sistema no respondía con agilidad"
  • "La magnitud hubiera sido mucho menor con mejor dotación", señala el estudio, elaborado por la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría
  • "Los cuidados no deben ser concebidos como negocio", concluye el informe, que propone un plan de "salud emocional" para los trabajadores tras la crisis
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Publicada el 08/05/2020 a las 06:00
Militares de la Brilat desinfectan la residencia de mayores Nosa Señora dos Anxos, en Ribadavia, Ourense.

Militares de la Brilat desinfectan una residencia de mayores.

La opacidad oficial es llamativa. Con las residencias de mayores convertidas en la zona cero de la pandemia en España, con las estimaciones más fiables situando entre sus paredes más de la mitad de las muertes, el Gobierno sigue sin dar cifras actualizadas y la ocultación es la tónica dominante en los gobiernos autonómicos. Pero, a estas alturas, nada es capaz de ocultar un fracaso sistémico, que forma parte del compendio de causas que explican los más de 17.000 muertos en las residencias. Un completo informe traza ahora una radiografía del colapso. "Han faltado medios, directrices, claridad y protocolos", señala el informe La atención en residencias. Recomendaciones para avanzar hacia un cambio de modelo y una nueva estrategia de cuidados, elaborado por Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, para la Cátedra Prospect 2030, compartida por la Generalitat y la Universidad de Valencia. "La magnitud de las consecuencias [de la pandemia] hubiera sido mucho menor si hubiese existido mejor coordinación sociosanitaria y si las residencias hubieran estado mejor dotadas de recursos humanos y técnicos", señala el informe, que recalca cómo "muchos centros residenciales han resistido gracias a donaciones de mascarillas, pantallas para la cara o test rápidos por parte de empresas" y "han competido por proveerse de recursos en un mercado privado caótico y escaso".

El perfil técnico de los profesionales, señala el informe, "es inferior al de los profesionales del hospital". "La figura profesional con mayor presencia es el de las gerocultoras y hay escaso número de profesionales de enfermería y medicina sólo a algunas horas", añade. La formación de las geroculturas está centrada en los cuidados de higiene y alimentación, "insuficiente para atender a una pandemia", señala el informe, que destaca cómo los profesionales han tenido que "trabajar hasta la extenuación mientras el sistema no respondía con la agilidad necesaria". La autora del informe sugiere incluso que, superada la fase aguda de la crisis, los trabajadores de los centros atiendan "programas específicos" para su "salud emocional".

La formación de los profesionales no es la idónea: "Las plantillas están sobrecargadas, mal pagadas y con escasa formación. Apenas hay reciclaje y formación continuada en aspectos relevantes para la calidad de vida de las personas: buen trato, decisiones éticas, reducción de sujeciones físicas y químicas, terapias no farmacológicas, manejo de conductas problemáticas asociado a las demencias, control de ambientes, condiciones adecuadas de vida para personas con discapacidad que envejecen".

Ratios y espacios libres

El informe ilustra, con datos de la OCDE, la posición de retraso comparativo de España, que sólo destina un 0,7% del PIB al gasto público en servicios sociales de atención a la dependencia, frente al 2,6% de Suecia, el 2% de Bélgica, el 1,34% de Francia y el 1,28% de Alemania. Ello redunda en un "estancamiento" de la oferta, mientras "las listas de espera se eternizan". El informe también pone de relieve una mala posición en la clasificación por ratios. Hay 4,2 plazas por cada 100 mayores. Suecia, Bélgica u Holanda, por ejemplo, superan las 7 por cada 100, recalca Pinazo.

Las residencias no están en condiciones idóneas para garantizar la salud de quienes viven en ellas, según se concluye de la lectura del informe. "En muchas residencias no se dispone de espacios libres, habitaciones o salas para poder hacer diversas actividades y, en caso de epidemias, aislamiento. Solo un 15% de las habitaciones son individuales y no en todos los centros se pueden sectorizar los edificios. La mayoría de centros no disponen de oxígeno en las habitaciones –ni la normativa lo exige–, ni la capacidad para poder prescribirlo", indica la investigación.

Falta de preparación

"Nadie estaba preparado para una crisis sanitaria como esta y tampoco las residencias estaban preparadas para esta situación, pero el número tan elevado de muertes en personas mayores obliga a reflexionar sobre los cuidados y la atención a las personas más vulnerables", añade el informe, que es categórico en el diagnóstico: "Las medidas preventivas que se han adoptado ante la crisis han sido tímidas, insuficientes y han llegado con retraso. Han faltado medios, directrices, claridad y protocolos".

El informe es prudente a la hora de vincular la situación de las residencias con la elevada mortalidad en las mismas, ya que allí conviven personas de mayor riesgo. "La ausencia de datos y la falta de transparencia impiden conocer las causas últimas de los fallecimientos, el número de muertes evitables, la relación causal (si existe) con la ratio, número de camas por residencia, tipo de gestión, o la eficacia en resolver la crisis de unos equipos u otros". No obstante, sí hay una conclusión clara: "La fragilidad del sistema de cuidados ha quedado en evidencia".

Lo que sí ha funcionado

Las autoridades deben establecer protocolos atendiendo a las enseñanzas de la pandemia, indica el informe. "Lo que parecen tener en común las residencias que se han librado del covid-19 [...] ha sido que han podido sectorizar el edificio, trabajar en grupos pequeños, asignar los mismos trabajadores a unidades de convivencia pequeños, evitar que el mismo profesional trabaje con diferentes grupos de personas, se han adelantado en las compras y han hecho acopio de material de protección", señala Pinazo.

Este es el modelo a imitar. "En algunos centros", añade el informe, "han creado equipos de profesionales de la organización que estaban en su casa con un permiso retribuido a la espera de ser activados en el caso de que cualquier profesional estuviera en contacto con alguna persona con covid-19 o tuviera algún síntoma". Esto permitió una sustitución inmediata de las bajas.

Peso del sector privado

El estudio encargado por la Cátedra Prospect 2030 señala que "ha ido creciendo el peso de grandes empresas, inversores, fondos extranjeros que han comprado o construido residencias", en línea con lo desvelado por la investigación realizada por infoLibre. Ello se ha producido en paralelo a la consolidación de un modelo asistencial que se ha desvelado fallido. "Se ha ido gestando un sistema muy vulnerable donde la pandemia ha tenido consecuencias devastadoras. Un error ha sido la falta de control y apoyo por parte de la Administración a las residencias, públicas y privadas. También ha habido una inadecuada financiación de los centros. No se puede exigir calidad si no se financian suficientemente", indica el informe de Pinazo, que ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y acumula 25 años de experiencia investigadora en este campo.

En España hay 372.985 plazas, con datos de 2019. 271.696 se encuentran en centros privados (72,8%) y 101.289 en públicos (27,1%). Hay unas 87.000 plazas concertadas y algo más de 35.000 gestionadas en concesión. En total, hay unas 112.000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores. La mayoría son empresas, pero también hay entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones y alguna cooperativa). El sistema, en el que los fondos de inversión son protagonistas, ha generado un círculo vicioso de ofertas a la baja en las adjudicaciones a empresas privadas y ajustes en el gasto para garantizar el beneficio [ver aquí en detalle]. "Los cuidados de las personas no deben ser concebidos como negocio", concluye el informe.

"Discriminación"

El trabajo, de 28 páginas, denuncia situaciones de "discriminación por edad, sobreprotección y revictimización de diversos colectivos", en coincidencia con lo denunciado por las sociedades de geriatras y gerontólogos.

"Las personas que enferman en un centro residencial, siendo el principal grupo de riesgo, tienen derecho a la atención sanitaria pública por su condición de ciudadanos, tanto en la atención primaria de salud como en la especializada. No es admisible que sean privados de este derecho por su edad avanzada o por tener una gran discapacidad", señala el informe, que propone en las cuotas a pagar por los residentes o en el precio de los conciertos "no se incluya esta asistencia sanitaria como un pago extra, pues todos los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos la sanidad pública".

Modelos de futuro

Pinazo, que lleva años estudiando prácticas de éxito, reclama una "redefinición" del modelo de residencias, con "un rol de mayor protagonismo, de supervisión pedagógica y control sobre el funcionamiento de las residencias".

El objetivo es caminar hacia el "modelo hogar", ensayado ya en los países nórdicos y que en España encuentra sus mejores ejemplos en las experiencias housing de Cataluña, País Vasco y Navarra. No obstante, la autora expone su temor a que se avance hacia un "modelo institucional hospitalario". "Una cosa es que las personas que allí vivan reciban la atención sanitaria que precisen y otra que las residencias acaben siendo hospitales. No podemos olvidar que el deseo de todas las personas es vivir en su casa o al menos vivir 'como en casa' cuando no es posible vivir en el propio hogar. Sería un tremendo error que se intente retornar al obsoleto modelo institucional-hospitalario planteando que lo único que importa es la atención sanitaria", señala.

"Mantener el actual modelo de cuidados no es una opción de futuro", concluye Pinazo.

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1 Comentarios
  • jorgeplaza jorgeplaza 08/05/20 08:40

    ¿La dotación estatal ha influido? "[España dedica] el 0,7% del PIB al gasto público en servicios sociales de atención a la dependencia, frente al 2,6% de Suecia, el 2% de Bélgica, el 1,34% de Francia y el 1,28% de Alemania." Pero Bélgica encabeza la lista mundial de muertes por habitante sobre todo debido a la debacle de sus geriátricos, Francia tampoco ha sido manca y, en cambio, Alemania (si nos creemos sus datos) y Suecia ocupan puestos más discretos. No se ve ninguna relación entre porcentaje del PIB dedicado al asunto y mortalidad.

    Otra contradicción: si las experiencias de "housing" más avanzadas se dan en Cataluña entre otras regiones, ¿por qué en Cataluña se ha dado, creo que junto con Madrid, la mayor tasa de mortalidad en geriátricos?

    Estos informes suelen mezclar churras con merinas en un intento de contentar a todos los destinatarios, pero así se incurre inevitablemente en contradicciones. Cosas que sí tienen que ver y no se dicen o se pasa de puntillas por ellas: las ofertas a la baja de la administración pública, que obliga a quienes las ganan a escatimar ellos a su vez con sus empleados y proveedores; otra y fundamental: la asistencia a los geriátricos por horas del personal sanitario, porque eso tiene una consecuencia lógica terrible: ES PERSONAL PLURIEMPLEADO QUE HA PROPAGADO EL VIRUS A TODOS LOS CENTROS EN LOS QUE TRABAJA. Naturalmente que de forma involuntaria y con la mejor intención, pero lo han hecho. (Por cierto: lo mismo es aplicable a los contagios en hospitales). Cuando se mire en detalle el horroroso caso de la mortalidad en geriátricos durante la epidemia, si es que se hace alguna vez, se comprobará que ha sido la principal causa, porque tenemos el triste honor de tener más sanitarios enfermos de COVID-19 que nadie en el mundo. Por eso, porque son los sanitarios los principales vectores del virus en geriátricos, están afectados por igual los negocios y las entidades sin ánimo de lucro, salvo que antes se demuestre convincentemente lo contrario. Y la negativa de los hospitales a admitir a pacientes de geriátricos durante los momentos de más agobio tampoco ha influido precisamente para bien.

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