Ayuso mantiene a los investigadores hospitalarios sin convenio desde hace un año: "No podemos esperar más"

Aunque no tratan directamente con los pacientes, su trabajo en la trastienda de los hospitales es fundamental a la hora de salvar vidas. Diariamente, más de un millar de investigadores biomédicos se dejan la piel en las diferentes fundaciones de los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en busca de tratamientos que ayuden a mitigar en los pacientes el impacto de enfermedades como el cáncer o, más recientemente, el covid-19. En sus manos está, por ejemplo, la capacidad de prever en base a diferentes indicadores cómo puede evolucionar un positivo por coronavirus, algo que permita a los hospitales hacer cábalas a futuro sobre la disponibilidad de camas en las UCI. Sin embargo, a pesar del importante papel que desempeñan llevando sus descubrimientos a la práctica clínica, el sector ni siquiera cuenta por ahora con un convenio sectorial. El preacuerdo alcanzado hace un año con el Ejecutivo regional todavía no se ha publicado oficialmente.

Hace tres lustros, estos investigadores se encontraban vinculados directamente a los hospitales y gozaban de una situación similar a la del resto del personal del Sermas. Sin embargo, todo cambió en 2003, cuando el Ejecutivo madrileño puso en marcha las Fundaciones de Investigación Biomédica, unos centros público-privados levantados con la intención de llevar a cabo una gestión más eficiente del presupuesto destinado a la investigación y desarrollo. A día de hoy, hay 13 fundaciones de este tipo en toda la región, una docena en hospitales y la restante en atención primaria. En ellas, según los cálculos de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), desempeñan sus labores unos 1.200 científicos de todas las disciplinas, de los que cerca de un millar se concentran sólo en el Gregorio Marañón, La Paz, Doce de Octubre y Ramón y Cajal. Alrededor de un 20% de todos estos investigadores, algo más de dos centenares, están trabajando en el desarrollo de un tratamiento o una vacuna eficaz para hacer frente al Sars-CoV-2.

Pero aunque trabajen en las mismas instalaciones hospitalarias que los médicos, estos científicos no están sujetos al convenio colectivo que rige para el personal del Servicio Madrileño de Salud. “No tenemos nada más allá de lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores”, sostiene el presidente de la ANIH, Juan Ángel Fresno, que critica que los investigadores de las fundaciones lleven tres lustros “sin ningún tipo de derecho” pero sufriendo “todos los recortes”, desde la “retirada de la paga extra” a la bajada del 5% en los salarios que en tiempos de crisis se aplicó a los trabajadores públicos. No tienen días de libre disposición. Tampoco acumulan antigüedad. Y el descontrol salarial es absoluto. Fresno explica que “hay compañeros que llevan menos tiempo trabajando pero que cobran mucho más”. “Con el paso de los años los nuevos sueldos se van actualizando a la realidad salarial pero los antiguos se quedan inmóviles”, añade.

Tras años de presiones, los investigadores hospitalarios consiguieron sentar a la Consejería de Sanidad en la mesa de diálogo. Y tras una “fuerte” negociación, salió un preacuerdo de convenio colectivo que solucionaba parte de las exigencias puestas sobre la mesa por los científicos durante tantos años. El texto establece los diferentes grupos profesionales, las distintas categorías –investigador titular, investigador asociado, investigador adjunto…– y todas las áreas funcionales. Es decir, ordena de una vez el sector. Además, recoge unas tablas salariales equiparables a las del personal estatutario del Sermas. “Aunque nos dejamos algunas cosas en el tintero en la negociación, al final lo que queríamos era un primer convenio que concediera claridad, que ordenara la situación, que fijase unas reglas del juego con las que pudiéramos jugar”, cuenta el presidente de la AINH. Este texto, que también pretende poner fin al uso abusivo de los contratos temporales para obra o servicio, fue firmado por la Consejería de Sanidad, sindicatos y fundaciones en mayo de 2019.

Pero aquella victoria todavía no ha llegado a quedar plasmada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Y los investigadores siguen, en plena pandemia, en su particular “limbo”, ese por el que llevan circulando desde hace quince años. “Llueve sobre mojado. Es tremenda la desidia a la hora de publicarlo oficialmente”, desliza Fresno. La misma indignación muestra la investigadora del Hospital Puerta de Hierro y presidenta del comité de empresa de su fundación, Raquel Castejón, que no comprende cómo es posible que esta cuestión lleve tantos meses enredada en “trámites burocráticos”. “No podemos esperar más”, dice. 

A preguntas de infoLibre, la Consejería de Sanidad madrileña explica que el pasado mes de diciembre remitió toda la documentación relacionada con el preacuerdo al departamento de Hacienda. “A mediados de enero de 2020, se mantuvo reunión con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda desde la que se hizo una valoración previa positiva”, explican desde el departamento, añadiendo que también se solicitó a las propias fundaciones “información actualizada de carácter económico, así como de la antigüedad de los profesionales contratados”. Estos centros, continúan, “terminaron de remitir” los datos “a principios de abril”, información que “se ha estado cotejando y corrigiendo en algunos aspectos”.

Al mismo tiempo, prosiguen, Sanidad ya ha recibido también el “informe” de la Dirección General de Trabajo, “cuyas observaciones se deberán incluir en el texto del convenio colectivo” con el “acuerdo previo de todos los agentes”. “Debido a la situación vivida en las últimas semanas, no han podido reunirse para hacer una valoración conjunta”, recalcan desde el departamento. A pesar de ello, Sanidad deja claro que, a través de la Dirección General de Investigación, “se ha seguido trabajando con las fundaciones en las cuestiones que desde Hacienda eran necesarias ampliar”.

Temporalidad alta

Castejón lleva semanas dejándose la piel contra el coronavirus junto a su equipo en el laboratorio. Responde al teléfono poco después de que los aplausos a los sanitarios vuelvan a resonar en las calles un día más. “En cuanto empezaron a ingresar los primeros enfermos, nosotros ya sabíamos, por la experiencia previa de otros países, que determinadas proteínas se expresaban ante situaciones de inflamación alta. Entonces, se nos pidió que ayudáramos determinando esa proteína y que intentáramos prever en función de la concentración si los pacientes que llegaban iban o no a empeorar, intentando evitar de esta forma que se nos llenaran las UCI”, intenta explicar Castejón de forma sencilla. Ahora, la bajada de tensión en los centros madrileños les está permitiendo hacer más investigación de cara a largo plazo. “Determinar marcadores, ver si determinados tratamientos son o no efectivos…”, resume en conversación con infoLibre.

La investigadora, que siempre ha puesto todos sus esfuerzos en las enfermedades autoinmunes, cuenta con más de una década de experiencia a sus espaldas. Terminó la carrera, hizo el doctorado, estuvo en el extranjero y desde 2003 lleva trabajando de forma ininterrumpida para el Puerta de Hierro. Por el momento, ella se siente una “privilegiada”. “Aunque no es fijo, tengo un contrato estable”, cuenta. Sin embargo, continúa, la realidad del sector es otra bien distinta. “Hay una temporalidad altísima”, apunta Castejón. En la misma línea se pronuncia el presidente de la ANIH y también investigador en el área de oncología del Hospital La Paz, que asegura que esta inestabilidad “extrema” golpea a alrededor del 80% del personal en la región y repercute “en los resultados de las investigaciones”. “Cuando esquilmas un grupo y la gente viene nueva se empieza otra vez de cero, hay que volver a formarles. Esa situación lo que hace es impedir que la ciencia avance. Y parece que nadie quiere entenderlo”, resalta la científica.

Contratos en fraude de ley

Muchos de estos contratos temporales son, además, en fraude de ley. Y eso ha sido confirmado por la justicia en repetidas ocasiones. “El truco que suelen utilizar es irte cambiando de proyecto, de forma que te cierran un contrato y te abren otro. Hay investigadores que se pasan 10 o 15 años encadenando contratos”, resalta Castejón. En el caso de las fundaciones madrileñas, Fresno calcula que habrán ganado “medio centenar de demandas” y que debe haber casi el mismo número de procedimientos abiertos todavía en los tribunales a la espera de que se reinicie la actividad normal. Para el presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios es indignante que la vía judicial sea la única que les queda a muchos profesionales con trayectorias brillantes para conseguir algo tan sencillo como un contrato de trabajo indefinido después de años navegando las aguas de la inestabilidad laboral.

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Vanesa (nombre ficticio) comenzó su relación con la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital La Paz en enero de 2009 a través de un contrato por obra o servicio que se prolongó hasta diciembre de 2014. Sin embargo, las tareas realizadas durante aquellos cinco años no se circunscribieron sólo al proyecto al que había sido asignada. Además de ese trabajo, dio apoyo a labores de diagnóstico, fue representante del IdiPaz en la plataforma europea EATRIS, dirigió tesis doctorales… Con la primera relación laboral cumplida, el centro le hizo otros dos temporales más. Fue entonces cuando llevó su caso a los tribunales. Y el juez le dio la razón: “La validez de la cláusula contractual de temporalidad del contrato de obra y servicio exige que el trabajo realizado se ciña exclusivamente a las tareas que son objeto de contrato y no a otras distintas, máxime cuando muchas de ellas pueden calificarse como de tipo estructural o permanente de la empresa”, recoge el fallo facilitado a este diario, en el que se dictamina que la relación que unía a ambas partes pasaba a ser de naturaleza indefinida no fija.

La historia de Martina, que se anima a hablar con este diario bajo la petición expresa de que se oculte su identidad con un nombre ficticio, es otra más de las que ejemplifican la compleja situación a la que hacen frente los investigadores biomédicos de los hospitales. Doctora en Biología, ejerce actualmente sus funciones como responsable de calidad en la unidad de producción celular de una de estas fundaciones madrileñas. “Participamos en diferentes ensayos clínicos para el tratamiento de pacientes de traumatología y pacientes con complicaciones derivadas de un trasplante hematológico”, detalla. Su relación laboral con el centro arrancó en 2006. Desde entonces, explica, ha encadenado “contratos de fin de obra” que no se ajustan al trabajo que realiza. “Estoy en una situación de fraude de ley”, apunta. Más de una década de “incertidumbre”, “precariedad” e “inestabilidad”. “Al menos tengo la seguridad de que mi pareja sí tiene un trabajo estable”, culmina.

Después de tantos años trabajando sin la luz de los focos en la trastienda de los hospitales, la pandemia ha colocado de nuevo a los investigadores biomédicos en primer plano. Ahora, ciudadanía y administraciones públicas tienen los ojos puestos en ellos. En sus manos, al igual que en las de los médicos, enfermeros o celadores, está también la vida de miles de personas que hacen frente a un bicho que ha puesto el mundo entero patas arribabicho. Desde hace semanas, los aplausos también son para ellos. Y las felicitaciones. Pero todo esto, en algún momento, acabará. Y no tienen muchas esperanzas de que el susto del coronavirus termine por arreglar, de una vez por todas, un sector que lleva años enfermo. “Aunque ojalá no, me temo que después de esto seguiremos igual. Está muy extendida la idea de que somos estudiosos, de que lo hacemos por vocación, que en parte es cierta. Pero también somos trabajadores”, sentencia Castejón.