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Policía

El Defensor del Pueblo exige a Interior "instrucciones precisas" sobre el uso de la fuerza de agentes antidisturbios

Agentes antidisturbios durante unas protestas Girona, el pasado mes de octubre.

infoLibre

El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio del Interior que elabore un protocolo con "instrucciones claras y precisas" sobre el uso de la fuerza de las unidades policiales de antidisturbios "a fin de reforzar la seguridad jurídica de los agentes y de los ciudadanos".

Así se recoge en el informe anual de 2019 [ver aquí], del que se ha hecho eco Europa Press. Un año en el que se llevaron a cabo diferentes actuaciones policiales contra las protestas en Cataluña que derivaron en graves disturbios organizados por grupos independentistas contrarios a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés'.

La Institución dice que ha constatado que hay "un debate social sobre la concreción de lo correcto en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza", un debate que, según recoge el informe, "no es tanto cuando se ejerce pacíficamente el derecho de manifestación sino cuando, a su vez, los ciudadanos ejercen resistencia pasiva o violencia activa ante una actuación legal de la policía".

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En este sentido, el Defensor considera necesario que exista un protocolo de actuación del uso de la fuerza en el cual se proporcione a los funcionarios de policía "instrucciones claras y precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso tanto de la fuerza como de las armas reglamentarias y de los materiales antidisturbios, a fin de reforzar la seguridad jurídica de los agentes y de los ciudadanos".

En 2019 se recibieron 17 quejas en la Institución presidida por Francisco Fernández Marugán relativas a malos tratos policiales y 89 quejas por trato incorrecto. El Defensor recuerda que "volvió a insistir en la necesidad de reformar algunos aspectos" de la Ley orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP 2015 y conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'. Esta norma, que el Gobierno ha prometido derogar, es la que se está aplicando durante el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus, y con la que se han impuesto más de 900.000 multas por infringir las limitaciones de movimientos desde el 14 de marzo.

Como cada año, el Defensor del Pueblo aborda otros temas como las actividades de control desarrolladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), que en 2019 realizó 106 visitas a lugares de privación de libertad y formuló 889 resoluciones (48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales) para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

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