Iglesias da por sentado el respaldo del PSOE al impuesto a las grandes fortunas después de hablarlo con Sánchez

La propuesta de Unidas Podemos para la creación de un impuesto a las grandes fortunas con el fin de recaudar 11.000 millones de euros al año —aproximadamente el 1% del PIB— fue previamente pactada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con el presidente Pedro Sánchez, según fuentes de la formación morada.

El acuerdo, según las mismas fuentes, incluye el compromiso de que el PSOE le dará respaldo en el Congreso. El apoyo del grupo socialista es imprescindible para que la medida sea aprobada, previsiblemente con el respaldo de todo el arco parlamentario de la izquierda y una feroz oposición de la derecha, que siempre se ha opuesto a la medida.

La decisión de que la iniciativa se tramite a través del Congreso, en el marco de la comisión para la reconstrucción económica y social tras la crisis sanitaria del covid-19, y no por un acuerdo del Consejo de Ministros permitirá a Sánchez plantearla como una iniciativa de los partidos y no de su Gobierno. La idea de un impuesto a las grandes fortunas no goza de la simpatía de la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lo que complicaría su tramitación desde el Ejecutivo. El presidente quiere además evitar, según las fuentes consultadas por infoLibre, que la iniciativa “radicalice” la imagen de su Gobierno, sobre todo en la Unión Europea, justo ahora que intenta conseguir un compromiso financiero de las instituciones comunitarias para la reconstrucción económica y social de España.

El programa fiscal de la coalición incluye subidas en el IRPF a las rentas mas altas con un efecto recaudatorio mucho más modesto que la iniciativa de Unidas Podemos —unos 450 millones según fuentes de la Moncloa— , además de un reforma del impuesto de sociedades para que las grandes empresas no puedan eludir sus obligaciones y pagar por debajo del 15%, una ambiciosa ley para perseguir el fraude fiscal y dos nuevos impuestos: el que gravará la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas y el que pretende que las tecnológicas que comercian con los datos de sus usuarios contribuyan por esa actividad a las arcas del Estado.

No obstante, el programa sí dice que el Gobierno “estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. Esa es la puerta a través de la cual aceptar el nuevo impuesto una vez que obtenga el respaldo del Congreso.

De momento, la ministra de Hacienda, María José Montero, descartó este martes tras la celebración del Consejo de Ministros que el Gobierno vaya a promover el impuesto sobre las grandes fortunas anunciado por Unidas Podemos y que, de confirmarse la versión de la formación morada, apoyará el PSOE en el Congreso. Y fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre evitaron confirmar el acuerdo entre Iglesias y Sánchez.

No obstante, los socialistas han planteado este impuesto en diferentes etapas de su historia reciente, incluido el mandato del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Se trata de una idea, hacer que las grandes fortunas paguen más impuestos, que además ha ido ganando adeptos en las filas del PSOE a medida que se ha ido haciendo más evidente la desigualdad provocada por la crisis de 2008: todos los informes oficiales conocidos certifican que cada día que pasa aumenta la riqueza de la minoría que más tiene mientras aumenta el número de los que viven en la pobreza. De hecho, la corrección de esa desigualdad es uno de los objetivos que más facilitó el acuerdo del Gobierno de coalición.

El impuesto a las grandes fortunas es una propuesta que el partido morado lleva años defendiendo en sus programas electorales y que ahora, con motivo de esta pandemia, quieren volver a poner sobre la mesa, como vía para sufragar los costes que implicará afrontar la crisis económica.

La dirección de Izquierda Unida (IU) que encabeza el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lleva varios días trabajando en un Plan de Reconstrucción para hacer frente a las consecuencias de la crisis del covid-19 que incluye precisamente un impuesto de solidaridad temporal a las grandes rentas o grandes patrimonios.

A finales de abril, el propio Iglesias difundió a través de su cuenta de Twitter una propuesta, planteada por los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley (California), y Camille Landais, de la London School of Economics, para crear un impuesto temporal progresivo a escala europea a las grandes fortunas con el que hacer frente a la crisis del coronavirus.

11.000 millones

La propuesta que Unidas Podemos trasladará al Congreso trata de poner en marcha un impuesto que permita recaudar en torno a un 1% del PIB, lo que significa unos 11.000 millones de euros, y que sustituya al actual Impuesto de Patrimonio con el fin de gravar de forma progresiva los patrimonios superiores a 1 millón de euros, de manera que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos. Las Comunidades Autónomas, propone UP, no podrían bonificarlo, como hacen ahora con el Impuesto del Patrimonio.

Lo idea de la formación morada es exceptuar del impuesto las viviendas habituales por debajo de 400.000 euros y escalar su progresividad del siguiente modo: 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, 2,5% a partir de 10 millones, 3% a partir de 50 millones y 3,5% a partir de 100.

En Unidas Podemos son muy conscientes de que la iniciativa tiene por delante muchos obstáculos antes de llegar a buen puerto y están abiertos a que el formato final pueda sufrir variaciones, pero consideran muy importante abrir ese debate y dar forma a una hgerramienta que consideran capital para corregir al desigualdad social en España.

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Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre subrayaron que gran parte del Ejecutivo, y desde luego el conjunto el PSOE, apoyaría una medida como esta. Sería un “esfuerzo estructural” de una cuantía limitada —un 1% del PIB en un contexto de de recesión del 10%— que encajaría incluso con la política de ingresos que promueve la UE sin penalizar las rentas del consumo que tan importantes van a ser para la recuperación después de la pandemia.

Otra cosa, reconocen las mismas fuentes, es el “coste político” que lleve aparejado, o el conflicto que pueda suponer para llega a acuerdos con Ciudadanos de cara a los Presupuestos si Esquerra se distancia definitivamente del bloque de la investidura.

Una posibilidad más fácil de vender, apuntan, sería convertir el impuesto en una medida recaudatoria excepcional limitándola a uno o dos años con ocasión de la emergencia económica provocada por el covid-19. En todo caso, la preocupación tiene más que ver con cómo pueda reaccionar la UE que con la oposición de la derecha, “que ya está echada al monte”.