Crisis del coronavirus
El Gobierno ensaya con éxito la geometría variable con Cs y ERC pensando ya en los Presupuestos
El Gobierno demostró una vez más este miércoles en el Congreso su capacidad de llegar a acuerdos a dos bandas, a izquierda y a derecha, apoyándose de nuevo en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para sacar adelante sus propuestas pero conservando también la capacidad de pactar con Ciudadanos.
Su decreto para impedir el colapso de la Justicia española salió adelante por mayoría absoluta gracias al respaldo de ERC y del PNV, frente a los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos y de los independentistas de Junts y la CUP, en una repetición de la votación que en enero invistió a Pedro Sanchez y desbloqueó la legislatura tras casi un año de parálisis.
Los republicanos confirmaron así su disposición a llegar a acuerdos con el Ejecutivo, después de distanciarse en la votación de la prorroga del estado de alarma, salvando un votación muy importante para la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos y en cuyo bloqueo la derecha —sobre todo el PP de Pablo Casado— se había empleado a fondo.
La segunda votación del día, de la que dependía la validez de algunas de las últimas medidas económicas aprobadas por el Gobierno suscitó el respaldo tanto de Esquerra como de Ciudadanos, lo que le permitió salir adelante con una holgada mayoría de 201 votos.
PSOE y Unidas Podemos demuestran así que la geometría variable, el término con el que desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero se conoce en la política española la posibilidad de un Gobierno de llegar a acuerdos por los dos lados del arco ideológico, goza de buena salud. Y el Ejecutivo de Sánchez se propone seguir sacándole partido a lo largo de los próximos meses con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que, según fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre, siguen siendo la piedra angular de la legislatura. Superar esa votación significa tener asegurados dos o tres años de mandato y eso, sostienen, despejaría en gran medida los nubarrones que todavía ensombrecen el horizonte al que tiene que hacer frente el Gobierno de coalición.
La líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, rehúye suscribir un acuerdo estable con Sánchez, que por otra parte el presidente no le ha planteado. Pero después de salvar la prórroga del estado de alarma la semana pasada se deja querer por el Gobierno y se ofrece a seguir apoyando sus medidas a cambio de impulsar sus propias propuestas: ahora mismo, por poner un ejemplo, está intentando conseguir que Sanidad haga obligatorio el uso de mascarillas en todos los ámbitos y no sólo en el transporte público, algo que el ministro Salvador Illa tiene intención de evaluar antes del fin de semana.
Arrimadas insistió en una entrevista en Antena 3 en que, durante al conversación que mantuvo el martes con Sánchez, en aplicación precisamente de los acuerdos a los que llegó con el Gobierno la semana pasada, le dijo que “a priori” no le garantiza “el apoyo a nada”, pero sí su disposición “a ir hablando y negociando cosa por cosa para ver si es bueno para los españoles”. Y eso incluye la prórroga del estado de alarma que previsiblemente se volverá votar la semana que viene, a la que Cs sigue sin oponerse —a la espera de conocer sus términos— y que el Gobierno considera imprescindible para completar la desescalada.
El Ejecutivo ya ha comenzado a sondear entre los partidos con representación en el Congreso de cara a esa quinta prórroga que, a diferencia de todas las anteriores, podría decretarse por un periodo de un mes, hasta finales de junio, aproximadamente cuando se supone que terminarán las medidas de confinamiento, aunque esa fecha se puede demorar algo más en los territorios que se retrasen en el pase de una fase a otra de la desescalada.
Es verdad que Cs ha señalado en varias ocasiones en que esta medida excepcional no se puede seguir prorrogando indefinidamente, algo en lo que coincide con varios de los grupos que prestan apoyo al Gobierno, como el PNV y Esquerra. De ahí que el presidente, para allanar el camino al apoyo de estas formaciones, haya propuesto este miércoles en el Congreso la apertura de “un debate político en la Cámara para ver cómo podemos reforzar los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de la administración” para que, cuando ya no esté en vigor el estado de alarma, si se producen rebrotes tengan el menor efecto posible sobre la salud de las personas, sobre el sistema sanitario y sobre la actividad económica. Y contar, mientras tanto, con “un estado de alarma distinto”, porque “es muy distinta la situación a la de hace ocho semanas”.
Recuperar el diálogo
Esquerra también está buscando recolocarse en el juego de mayorías del Congreso después de desencuentro de la semana pasada. Su portavoz, Gabriel Rufián, confirmó que su formación está “intentando recuperar la senda de diálogo” con el Gobierno para una abstención en el Congreso de cara a la quinta prórroga del estado de alarma, pero insistió en el “respeto institucional” que debe mantener hacia las comunidades autónomas.
En una entrevista en RNE insistió en que las autonomías no pueden ser “meras transmisoras de datos” sino “corresponsables” en las decisiones de la desescalada, algo que el Gobierno cree que ya está ocurriendo gracias a las medidas de cogobernanza pactadas la semana pasada con el PNV.
Rufián ha asegurado comprender que el Gobierno quiera “ir sumando alianzas”, pero para Esquerra “la presencia de un partido de derechas” como Ciudadanos, con una política “neoliberal”, es “bastante incompatible” con “políticas de izquierda”. Así que no cree que sea posible sacar adelante una prepuestos generales del Estado con el apoyo simultáneo de ambas formaciones.
Para cambiar el 'no' de ERC a la próxima prórroga del estado de alarma, los republicanos aprobaron el lunes tres condiciones: “Acabar el mando único” sanitario y policial para que el Govern de Cataluña pueda decidir y gestionar la desescalada —algo que el Gobierno sólo está dispuesto a aceptar en los términos pactados con el PNV—, aplicar un permiso retribuido para el cuidado de menores y personas dependientes, y que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit para hacer frente a la crisis del coronavirus.
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La geometría variable volvió a hacerse visible en la comisión de reconstrucción económica del Congreso,comisión que este jueves aprobó el plan de trabajo pactado PSOE y Unidas Podemos con el respaldo de Ciudadanos, Más País, Compromís y Coalición Canaria (168 escaños en total), la abstención de PP, Vox, ERC, Junts, CUP, BNG y PNV (162) y ningún voto en contra.
Negociar con todos sus socios será, a partir de ahora, una necesidad diaria del Gobierno. Un buen ejemplo lo protagonizó el único diputado de Compromís, Joan Baldoví, uno de sus aliados más fieles, que este miércoles amenazó con no apoyar la prórroga de la semana que viene si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no rectificaba las afirmaciones que hizo en el Pleno del Congreso en relación con la posición de su grupo, al que acusó de querer “enredar” con el reparto de fondos extraordinarios para las Comunidades Autónoma.
El departamento que dirige Montero difundió horas más tarde a través de Europa Press unas declaraciones dando satisfacción a Baldoví en la que afirmaba que “nunca ha negado los problemas de financiación” de la Comunitat Valenciana y, de hecho, “ha reconocido públicamente” que esta autonomía está “infrafinanciada”.
