El Ejecutivo presenta su ley climática como una "revolución industrial y económica" que sirva de recuperación tras el covid

Tras años de espera, el Gobierno trasladará al Parlamento su Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una vez ha sido aprobada este martes en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha aprovechado la oportunidad de dar luz verde a una norma que se lleva reclamando casi una década para venderla como la garante de una "revolución industrial y económica" que estimule el tejido productivo del país para salir de la recesión provocada por la pandemia, según ha explicado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa.

Como se han encargado de explicar las portavoces del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una norma que va mucho más allá de un elemento legislativo para luchar contra el calentamiento global. Ya lo era antes del coronavirus, y ahora entiende el Ejecutivo que hay más razones que nunca para ello. "La lucha contra la emergencia climática y la transición ecológica tienen que ser dos cimientos sobre los que pivote la reconstrucción social y económica del país", ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero. Ribera ha ido más allá: el texto, que tendrá que pasar por el visto bueno y las aportaciones del resto de partidos del Congreso, define  "cómo construir el país que queremos en el tiempo que está por venir". 

Ribera ha explicado que la ley climática, cuyo primer borrador pasó por el Consejo de Ministros hace más de un año, en febrero de 2019, está en línea con las voces que en toda Europa están pidiendo que la recuperación económica tenga color verde y apueste por empleos que contribuyan a mitigar la emergencia climática, transformaciones sostenibles de las empresas y protección de la biodiversidad. La Ley de Cambio Climático, ha asegurado la ministra, será capaz de "proveer empleos de calidad y estables. Justo aquello que necesitamos, aquí y ahora, en España y también en el mundo". En base, entre otras medidas que incluye el texto, a la promoción y respaldo a las energías renovables con el objetivo de que a mediados de siglo toda la producción de electricidad del país sea 100% limpia y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La ley, como ya adelantó infoLibre el pasado viernes, propone que España sea neutra en carbono en 2050: es decir, que lo poco que se emita se compense por otras vías, como la absorción de CO2 por parte de los suelos, los bosques y los océanos. Además, establece un marco para favorecer la movilidad sostenible y la creación de zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades e intenta "no dejar a nadie atrás" –una de las frases favoritas de la ministra–, apostando por los convenios de transición justa para que el cierre de las instalaciones industriales más emisoras y contaminantes no dirija a más trabajadores en paro.

También aumenta, con respecto al pasado borrador, las "políticas de adaptación del cambio climático": "Hemos focalizado nuestra atención" durante mucho tiempo, ha asegurado Ribera, en la "mitigación", es decir, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: pero tanto o más importante que esa labor es adaptarnos ante el aumento de las temperaturas y la "disminución de los recursos hídricos" que conllevará el cambio climático y que dejará sin margen de acción a buena parte del sector primario del país si se fracasa, ha destacado la vicepresidenta. 

Una prohibición polémica

La norma aún necesita la aprobación del Congreso, y muchas de las miradas se dirigirán a la prohibición de vender vehículos nuevos que emitan CO2 a partir de 2040: es decir, se quedarían fuera del mercado automovilístico las tecnologías más comunes y más sucias, basadas en el diésel y la gasolina. Ya en febrero y también en este anteproyecto actualizado, el Gobierno apostó por una redacción ambigua que solo asegura que se tomarán "las medidas necesarias" para todo lo que se venda a partir de ese año sea libre de gases de efecto invernadero: pero fuentes del Miteco y la propia Teresa Ribera han confirmado que sí que se trata de una prohibición, aunque no se utilice ese término. 

Sin embargo, la ministra Ribera cree que no va a haber "particulares discrepancias", a pesar de que durante años el sector del automóvil y partidos como el PP se han opuesto en público, en privado y por todas las vías posibles a la prohibición, ya que creen que desincentiva la compra y pone en un brete a una industria que ya lleva meses especialmente castigada por la bajada de las ventas.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno ha insistido durante la rueda de prensa en que no se trata de que España está obligada a poner su granito de arena para cumplir con el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados para finales de siglo. Es también cuestión de que "un clima distinto impacta de forma muy importante y en nuestro modo de vida, en nuestro bienestar". Como ya se ha mencionado, la ministra ha hecho alusión a la disminución de los recursos hídricos que puede poner en brete a la agricultura y la ganadería españolas. También se ha referido a que durante el año pasado en la Península Ibérica se han sufrido "tres olas de calor y varios episodios de lluvias torrenciales" en un territorio "con clima semiárido". "Es posible que esto se incremente durante los próximos 20 años", por lo que hay que actuar cuanto antes.

Así impactará la ley climática: tres grandes cambios para los ciudadanos y tres para las cuentas de las empresas

Ver más

Nueve años de espera

Hace años que la acción climática española reclama una Ley de Cambio Climático que ponga orden en la descarbonización, garantice una transición justa, establezca unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y ponga al país en la vanguardia de la lucha contra la emergencia. El Gobierno ha hecho hincapié en que el mandato de la Comisión de Cambio Climático del Congreso data de 2011. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Rajoy, dirigido por Isabel García Tejerina, aseguraba que la tenía ya casi lista cuando fue depuesto por la moción de censura de Sánchez, en junio de 2018. Afirmaba por entonces Ribera, que relevó a Tejerina al frente de sus responsabilidades, que se encontraron con muy poco trabajo hecho, así que tuvieron que empezar prácticamente de cero. Y terminaron la primera fase, la elaboración del borrador antes de la participación pública, en febrero de 2019, sin tiempo ya para presentar la norma en el Parlamento.

Tras mucho tiempo en un cajón y dos comicios consecutivos, la formación de Gobierno en enero de este año por fin dio vía libre a la ley. Transición Ecológica prometió que vería la luz en los primeros 100 días, pero entonces llegó una terrible pandemia global para eclipsarlo y aplazarlo todo. Ahora se lleva, por fin, al Congreso para su tramitación. El Ejecutivo defiende que no aceptará ninguna modificación para rebajar la "ambición" del texto.