Moncloa teme que el enredo en la reforma laboral haga imposible una última prórroga del estado de alarma

El as en la manga con el que el PSOE pretendía garantizarse, en la peor de las hipótesis, la mayoría parlamentaria que necesitaba para dar respaldo en el Congreso a la quinta prórroga del estado de alarma estalló como una bomba en medio de la agenda política y, por primera vez en dos meses, arrebató los titulares de los medios de comunicación a la pandemia del covid-19.

La negociación con los grupos que desde hacía diez días dirigía la vicepresidenta Carmen Calvo con la participación de la portavoz parlamentaria Adriana Lastra, culminó en un acuerdo con EH Bildu suscrito también por Unidas Podemos —algo nada habitual desde que comenzó la legislatura— con el fin de “derogar de manera íntegra la reforma laboral” del PP de 2012 “antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19”. Un acuerdo anunciado al filo de las nueve de la noche del miércoles pero que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían confirmado en el pleno del Congreso en torno a las dos de la tarde, de manera que garantizaba la abstención de los cinco diputados abertzales en la votación de la prórroga del estado de alarma.

El pacto con Bildu fue la guinda de una negociación complicada, según confirman fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre, en la que el propio Sánchez se tuvo que emplear a fondo para amarrar algunos apoyos. Lo que le obligó a entrar en el detalle de demandas territoriales puntuales para asegurarse que la quinta prórroga salía adelante pese al ‘no’ del PP y de Esquerra, que según las mismas fuentes se enrocó desde el principio en no querer negociar, algo que acabó reprochándole la portavoz socialista, Adriana Lastra, desde la tribuna.

Prolongar el estado de alarma se ha encarecido mucho en el Congreso. Hasta el punto de que el Gobierno teme tener dificultades para sacar adelante la sexta prórroga que, según las previsiones del Ministerio de Sanidad ,será necesario solicitar para completar la fase final de la desescalada y alcanzar, ya entrado el verano, la nueva normalidad.

El distanciamiento de ERC es evidente y nada sugiere que los republicanos vayan a bajar el listón de sus demandas. Compromís, un aliado hasta ahora fiel con el que gobiernan en la Comunitat Valenciana, se ha instalado en el ‘no’ hasta que el Gobierno acepte mejorar la financiación de su territorio. Los partidos canarios votaron ‘sí’, pero su apoyo depende ahora de que en los próximos días se concreten planes específicos para la recuperación turística de las islas, amenazadas más que ningún otro lugar por una recesión descomunal. Bildu y el BNG estarán una vez más a la cola de las peticiones para hacer valer sus votos.

Por si eso fuera poco, el acuerdo con Bildu ya ha encarecido la negociación con Ciudadanos, que dentro de quince días estará marcada por la agitación que la derecha política y mediática ya ha puesto en marcha para estigmatizar cualquier acuerdo con los abertzales, a cuyos diputados consideran herederos de ETA. Y, lo que es aún más relevante, ha molestado al PNV en un contexto electoral en el que tiene que disputar parte del voto a la formación de Arnaldo Otegi.

La preocupación en Moncloa ya es palpable. No hay seguridad de poder sacar adelante la prórroga y sí el convencimiento de que saldrá mucho más caro conseguir más ‘síes’ que ‘noes’. Así que ya hay quien cree que es hora de considerar el modo de acelerar las reformas legales o las herramientas jurídicas necesarias para garantizar que si no hay prórroga al menos se pueda impedir el tránsito entre provincias hasta el mes de julio, verdadera piedra angular para evitar la propagación de un eventual rebrote.

El anuncio de una reforma laboral inmediata movilizó a la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Una reforma laboral ahora mismo, en medio de la crisis económica más profunda de los últimos 80 años, amenazaría según ella con echar por tierra la compleja negociación liderada por la ministra para conseguir que la Unión Europea acabe asumiendo una buena parte de los costes económicos y financieros de la crisis del coronavirus. Un objetivo que se ha convertido en la piedra angular de la estrategia del propio Sánchez para limitar la profundidad de la recesión en la que ya está entrando España y garantizar que la reactivación económica tenga lugar cuanto antes y con el menor coste posible.

La llamada de alarma de Calviño fue lo que desencadenó la intervención de Sánchez. El presidente ordenó anular esa parte del acuerdo y, al filo de la medianoche, sustituirla unilateralmente por la referencia textual del acuerdo de la coalición de Gobierno a la reforma laboral. Un documento en el que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en diciembre a derogarla, sin precisar su alcance más allá del compromiso de recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” del PP y de impulsar,“en el marco del diálogo social”, la protección de las personas trabajadoras y la recuperación el papel de los convenios colectivos.

Reformas urgentes

Aquel acuerdo obliga al Gobierno a impulsar con “carácter urgente” tres reformas. La primera ya se ha consumado —la derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad— y las otras dos siguen pendientes: poner fin a las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, y acabar con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Fuentes del PSOE niegan la intervención de Calviño, que sí confirman desde el Gobierno, y aseguran que decidieron cambiar la redacción del acuerdo a la vista de que la introducción del término “derogación íntegra” estaba siendo, a juicio de los socialistas, malinterpretada, toda vez que no se puede derogar el una tacada toda la normativa laboral porque, de hacerlo, daría lugar a un vacío legal insostenible tanto para las empresas como para loa trabajadores.

En cualquier caso, en Moncloa son muy conscientes del “daño político” que esto les ha ocasionado en un momento tan improcedente como este, en el que esperaban que la atención se centrase en la actitud poco constructiva del PP de Pablo Casado. “Hemos enfadado a todo el mundo”, reconoce una fuente del Gobierno. A los aliados en el Congreso y a los agentes sociales. Por no hablar del problema creado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al echar por tierra meses de esfuerzo para crear un clima favorable a los planes del Gobierno en el seno de la mesa entre sindicatos y empresarios.

Ahora, tanto Bildu como Unidas Podemos se aferran a la literalidad de lo firmado. No tiene trascendencia legal, pero sí simbólica. Y aunque los abertzales admiten un cierto grado de interpretación y los morados subrayan su concordancia con el acuerdo de Gobierno, ambas formaciones se aferran al compromiso de llevar a cabo las reformas “antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19”. Un plazo impreciso que, no obstante, alude a un cambio en la normativa antes de fin de año, apenas cuando España esté, en el mejor de los casos, empezando a recuperar terreno a la crisis económica provocada por el confinamiento.

Es ahí donde Calviño hizo valer su autoridad para convencer a Sánchez de que diese marcha atrás. Ella misma asumió la posición del Gobierno y, ya por la tarde, en el marco de una sesión telemática organizada por el Círculo de Economía, calificó de “absurdo y contraproducente” abrir ahora mismo el debate sobre derogar la reforma laboral en el marco de la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus, precisamente cuando más falta hace, subrayó, evitar “la más mínima inseguridad jurídica. Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no por crearlos”, remarcó.

La ministra admitió la posibilidad tramitar cambios en el ámbito laboral, pero “siempre con el objetivo claro de impulsar el empleo y la actividad económica a la vez que se protege a los trabajadores” y desde luego, subrayó, de acuerdo con los agentes sociales y con el respaldo del Congreso: “Cualquier modificación se hará de forma dialogada con los agentes sociales”.

Lo ocurrido ha echado por tierra la delicada relación del Gobierno con la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dio por suspendido el diálogo social. Para qué se van a sentar en una mesa, declaró, “si ya está decidido lo que se va a hacer, si el menú del día está preparado”. “Que no sigan contando con nosotros”, muy descontento con lo que considera una deslealtad .