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Crisis del coronavirus

La oposición se desentiende de la pandemia y trata de imponer su agenda al Gobierno

  • La derecha mantiene la presión sobre Pablo Iglesias mientras trata de provocar la caída del ministro del Interior 
  • El independentismo catalán vuelve a su agenda, con la vista puesta en la mesa de diálogo y las elecciones
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Publicada el 28/05/2020 a las 06:00 Actualizada el 28/05/2020 a las 09:22
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al salón de plenos del Congreso.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al salón de plenos del Congreso.

Efe

La pandemia ya no interesa. Con toda España en desescalada y varias comunidades a las puertas de recorrer la Fase III, la que última antes de iniciar la a nueva normalidad, el cambio de prioridades en la agenda política se hizo bien visible este miércoles en una sesión del Congreso de los Diputados en la que las referencias a la enfermedad brillaron por su ausencia y fueron sustituidas por una llamativa escalada verbal en la que el ministro del Interior, el juez en excedencia Fernando Grande-Marlaska, se convirtió en la pieza a batir en el primero de los diez días de luto oficial decretados por el Gobierno en memoria de las víctimas mortales causadas por el virus.

Las cifras de evolución de la enfermedad evidencian que la covid-19 sigue en retroceso y ya no venden como antes. El virus SARS-CoV-2 mató a 39 personas en España en los últimos siete días, según los datos publicadas por el Ministerio de Sanidad este miércoles, y la política española, acostumbrada a centenares de víctimas mortales diarias, ya mira para otro lado. En ese contexto, y más allá del debate sonre la reconstrucción que viene, la oposición impuso su agenda en el Congreso.

El temario del pleno de este miércoles habla por sí solo. La acción combinada de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos— contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con peticiones de dimisión incluidas, bronca desde las bancadas y gruesos epítetos en las intervenciones, recordó la ofensiva que los mismos partidos montaron entre febrero y marzo contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras la escala protagonizada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en un viaje con destino Turquía.

“Miserable”, “traidor”, “indigno” son solo tres ejemplos de los calificativos que tuvo que escuchar Marlaska en relación con un asunto en el que, según Pablo Casado, el PP va a seguir insistiendo “hasta el final”. Aunque en su particular competición por ver quién llega más lejos en la ofensiva contra el Gobierno, Vox volvió a ganarle la partida al PP anunciando una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en relación con el cese del comandante de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La judicialización de la política sigue siendo la nota distintiva de una legislatura en la que la derecha ya prometió, desde el día de la investidura de Pedro Sánchez, visitar con frecuencia los tribunales para frenar la acción de un Gobierno al que discuten la legitimidad.

La cuestión catalana volvió a su vez al Pleno, convertida de nuevo en una prioridad para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (Junts). Aprobados los presupuestos en el Parlament, ambas formaciones han vuelto a la disputa que anticipa las elecciones que el president Quim Torra anunció para este año pero que siguen sin fecha.

La mesa de diálogo

El portavoz republicano, Gabriel Rufián, volvió reclamar un papel protagonista en la formación de mayorías en torno a la coalición PSOE-Unidas Podemos e insistió en poner el foco en los condenados por el procés, entre ellos el líder de su formación, Oriol Junqueras. Su homóloga de Junts, Laura Borràs, fue por el mismo camino e, igual que Rufián, sacó a relucir el informe de Amnistía Internacional que reclama la puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, cabezas visibles de la poderosas organizaciones sociales independentistas que pusieron sus respectivas maquinarias de movilización al servicio de la declaración de independencia de octubre de 2017.

Fue también el pleno de la bronca en torno al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al que Vox y el PP han convertido también en uno de sus objetivos favoritos en los plenos de control. Iglesias llegó a acusar al secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, de llamar a la desobediencia a policías y guardias civiles. Y tuvo a su vez que escuchar a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, molesta por las referencias del líder del Unidas Podemos a su título nobiliario de marquesa, llamar “terrorista” a su padre, y calificarle a él mismo de “burro de Troya” y “embajador” de ETA en el gobierno.

Pero, más allá de eso, y a falta de datos negativos sobre la evolución de la enfermedad, la agenda de la oposición se centró este miércoles en la economía. Desde los planes del Gobierno en materia de fiscalidad —un debate que Vox llevó a la Cámara para exigir recortes a costa de un estado de las autonomías sobre el que descansa la sanidad y la educación— a las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para ayudar a sectores como la automoción, el comercio, la energía y la industria electrointensiva. Hubo hasta tiempo para debatir sobre un plan integral de movilidad sostenible.

La paradoja se produjo después, en el debate y votación del real decreto ley que permite prolongar hasta el 30 de junio los despidos temporales por culpa de la vovid-19. Una solución que, a pesar de tanta bronca, salió adelante sin votos en contra,  con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, Ciudadanos, Junts, PNV, EH-Bildu, UPN, PCR, y Foro Asturias —Vox, la CUP y el BNG se abstuvieron—.

 

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1 Comentarios
  • JBME JBME 28/05/20 13:41

    A CIUDADANOS (S): Edmundo, quo vadis?

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