La orden de exclusión de ancianos en hospitales que Madrid quiso ocultar deriva en otra denuncia contra Ayuso

La orden cuya existencia trató de ocultar el Gobierno de Madrid porque establecía criterios de exclusión para el ingreso hospitalario de usuarios de geriátricos con covid-19 acaba de poner por cuarta vez en riesgo judicial a Isabel Díaz Ayuso. La Asociación en Defensa de lo Público (Adeppu) ha presentado esta mañana en el juzgado de guardia de la capital una denuncia contra la presidenta regional y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Políticas Sociales, Alberto Reyero. Otras tres denuncias con el mismo trasfondo se encuentran en espera de decisiones de la Fiscalía y de distintos tribunales. En una, y por lo que ha trascendido este lunes, el juez se ha declarado incompetente sin llegar a pronunciarse sobre si cabía o no la admisión. Previsiblemente, todas ellas acabarán en el Supremo, ante el que Ayuso goza de aforamiento como presidenta regional.

La mencionada orden es el Protocolo desvelado hace una semana por infoLibre [puedes consultarlo aquí] y sobre el que la jefa del Ejecutivo madrileño mintió el jueves en la Asamblea regional. Ese día, Ayuso calificó de "borrador" el  documento publicado por este periódico pese a que no solo aparece firmado por un alto cargo de su equipo sino que fue enviado a hospitales y residencias. Para evitar un posible error, este periódico no lo reprodujo hasta que lo sometió a un examen pericial. El análisis corroboró la veracidad de la firma así como que el documento no había sido objeto de modificaciones. 

Los denunciantes incluyen en la denuncia al consejero Reyero, que pertenece a Ciudadanos y que se opuso de manera contundente al citado Protocolo. Lo hacen bajo el argumento de que al igual que Ayuso y Ruiz Escudero, también el responsable de Políticas Sociales, departamento del que dependen las residencias, conocía la situación. Los denunciantes remarcan no obstante la oposición de Reyero a los criterios de exclusión. Adeppu lo denuncia porque, al percatarse de lo que significaban esos criterios de exclusión, Reyero "debería haber dimitido automáticamente y haberse ido a la Fiscalía". Así lo aseguró este lunes por la tarde la secretaria de comunicación de Adeppu, Eleanor Moggio.

Los denunciantes describen de manera descarnada lo sucedido en las residencias de mayores de Madrid, donde la cifra de fallecidos asciende ya a 5.950, casi un tercio (31%) del total de muertes por el coronavirus en geriátricos de España. La política seguida por el Ejecutivo madrileño condujo, según los denunciantes, a "abandonar a su suerte a miles y miles en las residencias con el resultado que todos sabemos".

El ya célebre e inquietante Protocolo fue aprobado por el Gobierno de Ayuso la tercera semana de marzo. En su texto se fijaron los “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. Esa expresión figura de forma literal varias veces en el texto, firmado digitalmente el 20 de marzo por el entonces director de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Víu. infoLibre tiene pruebas de que fue enviado a varios hospitales y residencias de la Comunidad.

Del texto de Carlos Mur existen en realidad tres versiones. Pero permanecía oculta la versión 2, que fue la desvelada por este periódico. Esta versión 2 es, precisamente, la que se refiere en términos más fríos y contundentes a la prohibición de trasladar a hospitales a pacientes de las residencias que estuvieran enfermos.

Entre los criterios que utiliza el Protocolo del Gobierno Ayuso para condenar a determinados pacientes a permanecer en la residencia y no ser trasladados al hospital figuran algunos relacionados con la discapacidad física o mental del residente. Y en todo momento plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia.

Entre otras, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”,"Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". Y la instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".

Tres querellas y una cuarta denuncia en lista de espera

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Contra Ayuso ya están en lista de espera tres querellas –es decir, denuncias cuyo autor se persona desde el principio para ejercer de acusación adicional a la de la Fiscalía– y una denuncia más. Y todas ellas comparten el mismo nexo: la sospecha de que el Gobierno de Madrid permitió que los usuarios de residencias de ancianos que contrajeron el virus fueron poco menos que abandonados a su suerte al verse privados de atención hospitalaria. Ayuso goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que hace más previsible que un juzgado ordinario de instrucción se inhiba aun si la denuncia se dirige contra otros responsables políticos y contra directores de las residencias afectadas. 

Presentadas por familiares de mayores, las tres querellas llevan el sello de Marea de Residencias, movimiento ciudadano que ha convertido la catástrofe de las muertes en geriátricos en una ola de protesta y acción judicial: la primera lleva tres semanas esperando que la jueza de instrucción 39 de Madrid decida si la admite o no; en la segunda, interpuesta en Alcorcón, el juez se ha declarado incompetente; y de la tercera, elevada en Leganés, no se sabe aún nada. La semana pasada, y una vez publicado el Protocolo que Madrid trató de ocultar, la Marea de Residencias amplió la primera de sus denuncias por el "soporte documental" que constituye lo difundido. 

La cuarta denuncia pero primera en términos cronológicos, formulada en forma de misiva por la Asociación del Defensor del Paciente ante el Tribunal Supremo y luego ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ha sido remitida a la Fiscalía de Madrid, que de momento mantiene abiertas diligencias de investigación. La denuncia se sustentó en el hecho de que la propia Díaz Ayuso sugiriese en una entrevista con el diario El Mundo que, en efecto, hubo un veto a ingresar en hospitales a pacientes con origen en residencias de mayores. Al recorderle la periodista cómo la patronal del sector se había lamentado de que durante el pico de la pandemia "no se aceptaron hospitalizaciones de internos", la jefa del Ejecutivo madrileño contestó así: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".