Crisis del coronavirus

La alta tensión política amenaza con enquistar la renovación de varios órganos caducados desde hace meses

El presidente del PP, Pablo Casado, junto a la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvares de Toledo.

El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa del Congreso de los Diputados los nombres de los cinco candidatos elegidos para sustituir en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la media decena de consejeros que llevan desde septiembre en situación de interinidad. Con este movimiento, que todavía debe pasar el filtro de la Cámara Baja, el Ejecutivo de coalición ha abierto el melón de las renovaciones pendientes en varios órganos institucionales. Unos cambios que llevan meses paralizados y que todavía pueden enquistarse más con una tensión política disparada. Los conservadores y la extrema derecha, que mantienen una intensa guerra contra el Ejecutivo de coalición desde casi el comienzo de la pandemia, cuentan en el hemiciclo con el número de escaños necesarios para frenar cualquier intento de cambio que requiera un respaldo de tres quintos de la Cámara. Una situación en la que se encuentran el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de enero, Sánchez aprovechó su discurso de investidura para pedir responsabilidad a la oposición a la hora de alcanzar acuerdos que permitiesen afrontar los cambios pendientes en los órganos constitucionales y organismos independientes. Ahora, con un clima de crispación insoportable, estos pactos parecen cada vez más remotos. En el PP no ha sentado nada bien la decisión de Moncloa de dejarles fuera en la renovación de la CNMC. Y su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ya ha mostrado sus recelos a que los conservadores lleguen a acuerdos sobre el CGPJ o el TC con un Gobierno que trata de “someter” a la justicia. A pesar de ello, desde el Ejecutivo mantienen “la mano tendida” a la oposición. Eso sí, reconocen que en estos momentos el “ambiente” que se respira “no es muy propicio” a la hora de conformar pactos.

El rechazo de los conservadores a sentarse a dialogar con los socialistas pone en una situación complicada al órgano de gobierno de los jueces. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 567 que cada una de las Cámaras designa, por mayoría de tres quintos de sus miembros –210 diputados–, a diez vocales, de los cuales cuatro serán juristas de reconocida competencia y los otros seis corresponderán al turno judicial. Es decir, que la suma de fuerzas de PP y Vox –141 asientos en el hemiciclo– sería suficiente para frenar cualquier intento de resolver la situación de interinidad en la que se encuentra inmerso. “Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces”, recordó el pasado mes de septiembre su presidente, Carlos Lesmes, durante la apertura del año judicial.

El CGPJ estuvo a un paso de renovarse tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Pero la filtración de un whatsapp enviado por el senador Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que el pacto permitiría a los conservadores controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “por detrás” hizo que todo saltase por los aires. En diciembre de 2018, el Poder Judicial entró en funciones. Y así se mantiene año y medio después, camino de convertirse en la renovación más larga de la historia –el récord lo tiene hasta ahora el presidido por Francisco José Hernando, cuya sustitución se demoró dos largos años–. Esto no ha impedido, sin embargo, que el CGPJ continúe dibujando el mapa judicial español. A pesar de la interinidad, ha asignado más de medio centenar de plazas cuyo nombramiento es oficialmente definido como “discrecional”. Algunas de ellas tan importantes como la presidencia de la Audiencia Nacional o la de varios Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Salas del Supremo.

Un TC en funciones con recursos importantes sobre la mesa

El enroque de los conservadores también puede hacer descarrilar la renovación del máximo órgano de garantías. El pasado mes de noviembre concluyó el mandato del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y de tres de sus magistrados: la vicepresidenta Encarnación Roca, Andrés Ollero y Fernando Valdés. Como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, para estos cambios es necesario un apoyo de tres quintos de la Cámara Baja, por lo que, de nuevo, PP y Vox tienen fuerza suficiente como para tumbar juntos cualquier intento de cambio. Ante la enorme grieta existente entre los dos principales partidos, es más que probable que tanto los recursos de los líderes del procés como el presentado contra el decreto del estado de alarmaprocés tengan que ser resueltos por un TC en situación de interinidad y con una mayoría conservadora –7 votos a 5–.

En los últimos meses, cualquier intento de aproximación de los socialistas en materia judicial ha sido cortado de raíz por la dirección del PP. La última vez fue a mediados de mayo, cuando la formación conservadora dijo “no” en el Congreso al Real Decreto-ley elaborado por el Ejecutivo para hacer frente al colapso del coronavirus en materia judicial. No fue una sorpresa. El rechazo ya lo había anunciado claramente su presidente, Pablo Casado, un par de semanas antes. “No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias. [El Gobierno] no es fiable en sus planteamientos ni en sus promesas electorales ni en los pactos que hace con los demás partidos”, sostuvo durante una entrevista. Un mensaje que sorprendió incluso en los círculos conservadores. Porque los consejeros del ramo de esta formación en aquellas comunidades con competencias en esta materia estaban al tanto de los "ejes" de la iniciativa y no habían planteado objeciones de calado.

El Defensor del Pueblo espera desde 2017

Tampoco tienen posibilidad los socialistas para conformar una mayoría de tres quintos sin el PP en el caso del Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, dos de los organismos de los que se dotan las democracias para ejercer como contrapeso a los otros poderes. El primero de ellos, definido en la Constitución como “alto comisionado de las Cortes Generales” para la “defensa de los derechos” de los ciudadanos ante la Administración, es el encargado de cuestiones tan relevantes como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura o la vigilancia de los centros de privación de libertad –desde las cárceles hasta los CIE–. En la actualidad, al frente se encuentra el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, que asumió el cargo de forma provisional tras la salida de Soledad Becerril en julio de 2017, cuando expiró su mandato. La situación de interinidad, que ha venido marcada por dos citas electorales, acumula ya casi tres años.

En el caso del organismo encargado de fiscalizar a las formaciones políticas y entidades públicas, su renovación no arranca hasta 2021, por lo que todavía hay tiempo de sobra para que se calmen las aguas. Como ocurre con el CGPJ, sus doce consejeros son elegidos por el Parlamento con mayorías de 210 escaños: seis de ellos a propuesta del Congreso y el resto a propuesta del Senado. En el actual Tribunal de Cuentas, forman parte del primer cupo María José de la Fuente –presidenta–, José Manuel Suárez, María Antonia Lozano, Enriqueta Chicano, Ramón Álvarez de Miranda y Ángel Antonio Algarra. De la Cámara Alta, por su parte, proceden Javier Medina, Manuel Aznar, Felipe García, Margarita Mariscal de Gante, María Dolores Genaro y Lluís Amet. El equilibro de fuerzas, del mismo modo que en el Poder Judicial, se sitúa en siete votos frente a cinco a favor de la formación conservadora.

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RTVE se puede desbloquear con mayoría simple

Otra cuestión que se podría enquistar durante más tiempo por la falta de acuerdo sería la del concurso público para la designación de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de RTVE, un asunto que arrancó en agosto de 2018 pero que lleva paralizado más de un año. En este caso, la lista de elegidos que salga de la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado deberá ser sometida a votación en ambas Cámaras. En primera vuelta, necesitan nada menos que el respaldo de dos tercios –234 en la Baja y 177 en la Alta–, algo completamente imposible sin tejer acuerdos a ambos lados del espectro político. Sin embargo, esta designación contempla la posibilidad de una segunda votación, en la que se requiere mayoría absoluta, lo que hace más sencillo el desbloqueo que en los casos anteriores.

Estas cinco son las grandes asignaturas a resolver a lo largo de la legislatura. Sin embargo, hay otras tantas renovaciones que, aunque no requieren de un consenso tan amplio, también es preciso abordar. Es el caso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya última titular, Esther Arizmendi, falleció en junio de 2017 y para la que se necesita una mayoría absoluta del hemiciclo. También están caducados los mandatos de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que requieren del aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Y desde el pasado mes de febrero está pendiente de cubrir el cargo de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras la llegada al Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá. En este caso, sería necesaria una mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. De no conseguirse, una simple en el mismo órgano del Senado sería suficiente.

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