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Crisis del coronavirus

La alta tensión política amenaza con enquistar la renovación de varios órganos caducados desde hace meses

  • Desde el Gobierno reconocen que en estos momentos el ambiente que se respira no es muy propicio para tejer acuerdos con el principal partido de la oposición
  • La suma de PP y Vox es suficiente para tumbar cualquier intento de renovación del CGPJ, el Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas
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Publicada el 08/06/2020 a las 06:00
El presidente del PP, Pablo Casado, junto a la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvares de Toledo.

El presidente del PP, Pablo Casado, junto a la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvares de Toledo.

EFE

El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa del Congreso de los Diputados los nombres de los cinco candidatos elegidos para sustituir en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la media decena de consejeros que llevan desde septiembre en situación de interinidad. Con este movimiento, que todavía debe pasar el filtro de la Cámara Baja, el Ejecutivo de coalición ha abierto el melón de las renovaciones pendientes en varios órganos institucionales. Unos cambios que llevan meses paralizados y que todavía pueden enquistarse más con una tensión política disparada. Los conservadores y la extrema derecha, que mantienen una intensa guerra contra el Ejecutivo de coalición desde casi el comienzo de la pandemia, cuentan en el hemiciclo con el número de escaños necesarios para frenar cualquier intento de cambio que requiera un respaldo de tres quintos de la Cámara. Una situación en la que se encuentran el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de enero, Sánchez aprovechó su discurso de investidura para pedir responsabilidad a la oposición a la hora de alcanzar acuerdos que permitiesen afrontar los cambios pendientes en los órganos constitucionales y organismos independientes. Ahora, con un clima de crispación insoportable, estos pactos parecen cada vez más remotos. En el PP no ha sentado nada bien la decisión de Moncloa de dejarles fuera en la renovación de la CNMC. Y su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ya ha mostrado sus recelos a que los conservadores lleguen a acuerdos sobre el CGPJ o el TC con un Gobierno que trata de “someter” a la justicia. A pesar de ello, desde el Ejecutivo mantienen “la mano tendida” a la oposición. Eso sí, reconocen que en estos momentos el “ambiente” que se respira “no es muy propicio” a la hora de conformar pactos.

El rechazo de los conservadores a sentarse a dialogar con los socialistas pone en una situación complicada al órgano de gobierno de los jueces. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 567 que cada una de las Cámaras designa, por mayoría de tres quintos de sus miembros –210 diputados–, a diez vocales, de los cuales cuatro serán juristas de reconocida competencia y los otros seis corresponderán al turno judicial. Es decir, que la suma de fuerzas de PP y Vox –141 asientos en el hemiciclo– sería suficiente para frenar cualquier intento de resolver la situación de interinidad en la que se encuentra inmerso. “Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces”, recordó el pasado mes de septiembre su presidente, Carlos Lesmes, durante la apertura del año judicial.

El CGPJ estuvo a un paso de renovarse tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Pero la filtración de un whatsapp enviado por el senador Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que el pacto permitiría a los conservadores controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “por detrás” hizo que todo saltase por los aires. En diciembre de 2018, el Poder Judicial entró en funciones. Y así se mantiene año y medio después, camino de convertirse en la renovación más larga de la historia –el récord lo tiene hasta ahora el presidido por Francisco José Hernando, cuya sustitución se demoró dos largos años–. Esto no ha impedido, sin embargo, que el CGPJ continúe dibujando el mapa judicial español. A pesar de la interinidad, ha asignado más de medio centenar de plazas cuyo nombramiento es oficialmente definido como “discrecional”. Algunas de ellas tan importantes como la presidencia de la Audiencia Nacional o la de varios Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Salas del Supremo.

Un TC en funciones con recursos importantes sobre la mesa

El enroque de los conservadores también puede hacer descarrilar la renovación del máximo órgano de garantías. El pasado mes de noviembre concluyó el mandato del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y de tres de sus magistrados: la vicepresidenta Encarnación Roca, Andrés Ollero y Fernando Valdés. Como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, para estos cambios es necesario un apoyo de tres quintos de la Cámara Baja, por lo que, de nuevo, PP y Vox tienen fuerza suficiente como para tumbar juntos cualquier intento de cambio. Ante la enorme grieta existente entre los dos principales partidos, es más que probable que tanto los recursos de los líderes del procés como el presentado contra el decreto del estado de alarma tengan que ser resueltos por un TC en situación de interinidad y con una mayoría conservadora –7 votos a 5–.

En los últimos meses, cualquier intento de aproximación de los socialistas en materia judicial ha sido cortado de raíz por la dirección del PP. La última vez fue a mediados de mayo, cuando la formación conservadora dijo “no” en el Congreso al Real Decreto-ley elaborado por el Ejecutivo para hacer frente al colapso del coronavirus en materia judicial. No fue una sorpresa. El rechazo ya lo había anunciado claramente su presidente, Pablo Casado, un par de semanas antes. “No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias. [El Gobierno] no es fiable en sus planteamientos ni en sus promesas electorales ni en los pactos que hace con los demás partidos”, sostuvo durante una entrevista. Un mensaje que sorprendió incluso en los círculos conservadores. Porque los consejeros del ramo de esta formación en aquellas comunidades con competencias en esta materia estaban al tanto de los "ejes" de la iniciativa y no habían planteado objeciones de calado.

El Defensor del Pueblo espera desde 2017

Tampoco tienen posibilidad los socialistas para conformar una mayoría de tres quintos sin el PP en el caso del Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, dos de los organismos de los que se dotan las democracias para ejercer como contrapeso a los otros poderes. El primero de ellos, definido en la Constitución como “alto comisionado de las Cortes Generales” para la “defensa de los derechos” de los ciudadanos ante la Administración, es el encargado de cuestiones tan relevantes como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura o la vigilancia de los centros de privación de libertad –desde las cárceles hasta los CIE–. En la actualidad, al frente se encuentra el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, que asumió el cargo de forma provisional tras la salida de Soledad Becerril en julio de 2017, cuando expiró su mandato. La situación de interinidad, que ha venido marcada por dos citas electorales, acumula ya casi tres años.

En el caso del organismo encargado de fiscalizar a las formaciones políticas y entidades públicas, su renovación no arranca hasta 2021, por lo que todavía hay tiempo de sobra para que se calmen las aguas. Como ocurre con el CGPJ, sus doce consejeros son elegidos por el Parlamento con mayorías de 210 escaños: seis de ellos a propuesta del Congreso y el resto a propuesta del Senado. En el actual Tribunal de Cuentas, forman parte del primer cupo María José de la Fuente –presidenta–, José Manuel Suárez, María Antonia Lozano, Enriqueta Chicano, Ramón Álvarez de Miranda y Ángel Antonio Algarra. De la Cámara Alta, por su parte, proceden Javier Medina, Manuel Aznar, Felipe García, Margarita Mariscal de Gante, María Dolores Genaro y Lluís Amet. El equilibro de fuerzas, del mismo modo que en el Poder Judicial, se sitúa en siete votos frente a cinco a favor de la formación conservadora.

RTVE se puede desbloquear con mayoría simple

Otra cuestión que se podría enquistar durante más tiempo por la falta de acuerdo sería la del concurso público para la designación de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de RTVE, un asunto que arrancó en agosto de 2018 pero que lleva paralizado más de un año. En este caso, la lista de elegidos que salga de la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado deberá ser sometida a votación en ambas Cámaras. En primera vuelta, necesitan nada menos que el respaldo de dos tercios –234 en la Baja y 177 en la Alta–, algo completamente imposible sin tejer acuerdos a ambos lados del espectro político. Sin embargo, esta designación contempla la posibilidad de una segunda votación, en la que se requiere mayoría absoluta, lo que hace más sencillo el desbloqueo que en los casos anteriores.

Estas cinco son las grandes asignaturas a resolver a lo largo de la legislatura. Sin embargo, hay otras tantas renovaciones que, aunque no requieren de un consenso tan amplio, también es preciso abordar. Es el caso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya última titular, Esther Arizmendi, falleció en junio de 2017 y para la que se necesita una mayoría absoluta del hemiciclo. También están caducados los mandatos de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que requieren del aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Y desde el pasado mes de febrero está pendiente de cubrir el cargo de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras la llegada al Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá. En este caso, sería necesaria una mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. De no conseguirse, una simple en el mismo órgano del Senado sería suficiente.

 

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14 Comentarios
  • Fernandos Fernandos 13/06/20 13:19

    ¿Para cuando elecciones libres?parece increible que un organismo tan importante como el poder judicial, seo lo mas denostado por la sociedad, son una cueva de obtusos vejestorios con un adn franquista, que perece que van heredando de padres a hijos.

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  • Tonimar Tonimar 08/06/20 21:52

    Si la gente que ocupa esos cargos, fueran gente responsable y honrada, deberían dimitir para que se pudieran nombrar los nuevos cargos y no seguir chupando del bote, mientras cierta gentuza bloquea las instituciones

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  • Javipas Javipas 08/06/20 21:29

    Para estos energúmenos incultos, todo lo que no sea de su corriente es ilegitimo, al contrario con su corriente, incluso la corrupción y la desvergüenza, son legítimos. No hay nada que hacer ni confiar en estos, repito, energúmenos, lo pondrán todo lo difícil posible sin ningún rubor, son así.

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  • unlector unlector 08/06/20 13:23

    si esta derecha considera ilegítimo al actual Gobierno, es que considera ilegítima o inválida la actual Democracia.
    Siendo así, que salgan, cierren la puerta, "Gracias ningunas. Hasta nunca", y ya nos entenderemos entre el resto.

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  • robes_pi_r robes_pi_r 08/06/20 12:22

    Este artículo se queda corto, muy corto. El control casi absoluto del PP de los principales órganos del Poder Judicial y otras instituciones se remonta a los tiempos de Aznar. Una clara maniobra de ocultación fue el pacto para la justicia de 2001. El señor Francisco José Hernando presidió el CGPJ de 2001 al 2008, se enfrentó al gobierno Zapatero y al Congreso con la doctrina Parot, con el matrimonio homosexual y el estatuto de Catalunya actuando como el brazo judicial del PP. Le sustituyó Carlos Dívar, el señor que llevaba una vida de Jet set en Marbella a costa de las dietas del CGPJ. Tras un breve interinaje de Gonzalo Moliner, conquista el cargo el señor Lesmes, cuyas hazaña se recuerdan mejor y llegan hasta nuestros días. Sólo recordar una de las más recientes: emitieron un comunicado, para muchos claramente amenazador, contra Arriaga Asociados por intentar que muchos españoles gracias al TJUE recuperen parte del dinero de sus hipotecas.

    Como bien dice Fernandos no se va a renovar nada, el PP no va a dejar que funcionen democráticamente unas instituciones que forman gran parte de su poder, por decirlo suavemente, un poder no legal, ni reglamentaria ni éticamente legítimo. El PP, la extrema derecha, no va a renunciar a uno de los instrumentos que la ayuda a mantener la tutela de la democracia española. Creo que ya es hora de decir las cosas claras.

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    • Santi Doñate Santi Doñate 10/06/20 17:09

      ¿ Una Brunete Jurídica ?, yo creo que sí .

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  • GRINGO GRINGO 08/06/20 12:05

    Aunque no se consiga renovar ningún órgano, deberían intentarlo y dar todos los pasos necesarios para que cada uno quede "retratado". Con lo que le gusta los wc's a FraCazado estará decorando alguno ya.

    Está todo "atado y bien atado", pero hay que pelear para desatar y desatascar nuestra democracia.

    No hacer nada cuando se gobierna y facilitar todo cuando gobierna el contrario, es "otra manera de atar lo que ya está atado", es apretar el nudo....

    P.D. Se me ocurre que, una vez venzan los cargos, "dejen de cobrar", así veremos como se dan más prisa en llegar a un acuerdo, pues no creo que nadie de éstos esté dispuesto a trabajar gratis.

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  • Fernandos Fernandos 08/06/20 11:00

    No es ninguna novedad, cuando han gobernado, el PSOE les ha facilitado los cambios y cuando ha gobernado el PSOE, se las han apañado para no renvar nada, ahora no va a ser menos, máxime cuando ya tiene todos los resortes del poder dominados y dirigidos por los mas afines a sus tesis, la izquierda no aprenden nunca.

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  • senenoa senenoa 08/06/20 09:10

    Que el Gobierno lo olvide. Al PP le llevó cuarenta años (a base de pactos cuando estaba en mayoría y bloqueos cuando estaba en minoría) llegar a este estado de cosas, en el que controla todos los altos estamentos judiciales, la CNMV y otros que manejan o controlan el poder económico. Les va su futuro político (y en no pocos casos penal) en ello. No van a soltar esta presa nunca; habrá que quitérsela de las fauces con un mayoría absoluta (y suficiente) de izquierdas. No hay otra.

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  • JPZ JPZ 07/06/20 22:57

    A Álvaro Sánchez Castrillo le recomiendo la lectura del arte de Luis García Montero en este mismo periódico, "Mas que cargarnos de razones, debemos descargarnos de sinrazones"

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  • Ciudadano, no súbdito Ciudadano, no súbdito 07/06/20 22:26

    Estamos atados al modelo “canovista” de la Transición, que en lugar de haber avanzado en derechos y libertades y superado las herencias franquistas, se conformó con un lavado de cara formal y una excesiva necesidad de consensos pactados con una parte de los poderes fácticos representados por los conservadores que están tan solo jugando a mantener el status quo de un pacto que a diferencia de Portugal nos está impidiendo adaptarnos a las necesidades actuales que ya no son las de 1975 o 1978, me da igual. La clave, en mi opinión, es si Sánchez  es otro “reformista”más del PSOE o quiere un verdadero desarrollo de este país superando un pacto constitucional que tiene luces pero con muchas sombras, y que es evidente que ya está obsoleto. Para mi el PSOE actual es una verdadera incógnita... pero se repiten muchos de los vicios históricos del modelo liberal español. No hemos aprendido casi nada. En un momento en el que los cambios que representa el siglo XXI ya están muy claros seguimos en la misma noria aquí.

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