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Crisis del coronavirus

La jueza del 8M no archiva la causa y acusa al Gobierno de "reticencias" a la hora de entregar documentación del CCAES

  • Reprocha a la abogada del Estado que no es constitucional su pretensión de suspender la investigación mientras contesta a sus recursos
  • Recuerda que "la documentación ya estaba recabada" por este organismo de Sanidad "según lo que los mismos empleados públicos manifestaban", es decir, que "el trabajo ya estaba hecho"

Publicada el 09/06/2020 a las 18:42 Actualizada el 09/06/2020 a las 18:55
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.

Europa Press

La jueza del caso 8M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa en la que investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no vetar la marcha feminista en Madrid. En su auto, evidencia además "dificultades" y "reticencias" que, en ocasiones, han encontrado los investigadores de la Guardia Civil para obtener documentos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad.

En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso, que fue conocido este lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación. Así, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid, según informa Europa Press.

En cuanto a los informes requeridos al CCAES, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid afirma que las dificultades para obtenerlos ha sido expresada por los propios agentes de la policía judicial en sus informes remitidos al juzgado, y que esta es la razón por la que determinados oficios que ella firmó tuvieran plazos de entrega.

Recuerda que, por lo que han declarado los investigadores del caso según la información que trasladan los agentes, "la documentación ya estaba recabada" por este organismo de Sanidad "según lo que los mismos empleados públicos manifestaban", es decir, que "el trabajo ya estaba hecho".

"Es por ello que ningún perjuicio se ocasionaba al organismo con la fijación del plazo pues, si estaba recabada, lo único que pendía era la entrega material y en tal sentido el dictado de la providencia, que, por tanto, se mantiene en sus propios términos", explica.

Instrucciones de Franco a su personal

Por otro lado, la jueza Rodríguez-Medel también rechaza el intento de la Abogacía del Estado de que no se recaben las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del Gobierno en relación con el covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo 2020.

La instructora remarca que "esas instrucciones internas no son objeto de investigación", algo que ella misma ya ha "concretado en resoluciones anteriores", pues sí lo son las "decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones". No obstante, cree que esto "no impide recabar" esas recomendaciones de Franco, ya que las considera "útiles para la investigación", pues "permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre el covid del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones".

"El recurso, por tanto, tiene que ser desestimado, dado que la diligencia de investigación acordada en la providencia recurrida es, a juicio de esta instructora, de clara utilidad a la investigación", insiste Rodríguez-Medel en su auto.

Defensa del forense

El auto defiende igualmente la petición de un nuevo informe al forense –documento que fue remitido ayer mismo– porque su "utilidad" es "clara", pues "permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio del covid-19 y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento", lo cual "es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia".

En cuanto a la declaración de Franco como investigado prevista para mañana, y que la Abogacía pedía suspender, Rodríguez-Medel la confirma y remarca que una citación "no requiere motivación" y recuerda que ha concretado de forma clara en sus autos los hechos que se le imputan.

Investigación pese al estado de alarma

La jueza incide en la suspensión de los plazos procesales con la declaración del estado de alarma e indica que la tramitación de este procedimiento penal no tiene por qué quedarse paralizado porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala en su artículo 184 que "todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial". "Este precepto no ha sido derogado", añade.

En este sentido, la magistrada defiende que "es algo notorio" que los juzgados de instrucción, o al menos el suyo, han seguido tramitando causas durante el estado de alarma y, por tanto, ha continuado escuchando a peritos, testigos, investigados, ya fuera por videoconferencia o de forma presencial. Afirma que es cierto que hay otras causas preferentes o más urgente y que, precisamente por ello, "se prefirió esperar" a que la suspensión de los plazos se alzaran para señalar la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, inicialmente prevista para el pasado viernes día 5.

En otro punto, la jueza rechaza la pretensión de los servicios jurídicos del Estado, respaldados por la Fiscalía, para que los recursos que ha interpuesto en defensa de Franco paralicen la investigación hasta que sean resueltos. "Somos de la opinión de que aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado", agrega la magistrada.

En este mismo fundamento, y para ilustrar su postura, la jueza agrega un cuadro de "hitos procesales" de la instrucción en el que se reflejan todos y cada uno de los recursos presentados tanto por la defensa –ejercida por la Abogacía del Estado– como por el resto de partes personalmente personadas, entre las que se encuentra la Fiscalía.

Lo señalado en dicho cuadro evidencia, según la titular del Juzgado de Instrucción número 51, que "todos los recursos han sido admitidos a trámite y se ha conferido traslado a las partes personadas, concretamente al fiscal que era el único personado cuando los recursos que nos ocupan fueron admitidos", añadiendo en este punto que "cuestión diferente es que la Fiscalía haya optado por demorar la presentación de su informe", hasta este mismo lunes.

Por todo ello, insiste la magistrada, "en la práctica la defensa y el Ministerio Fiscal ha tenido mucho más tiempo para recurrir las resoluciones que si los plazos no hubieran estado suspendidos. Dicho de otro modo, la situación de la suspensión de plazos le ha beneficiado y en modo alguno les ha perjudicado".

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4 Comentarios
  • mariajo99 mariajo99 09/06/20 21:53

    Estamos a merced, no de la justicia, sino de las personas que la administran. ¿Nadie va a ir contra la jueza? En su momento si que fueron contra el juez Garzón, así que, no entiendo nada.

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  • Tonimar Tonimar 09/06/20 21:41

    Creo que no debe comparecer ante la juez y en caso deque su actitud le puede acarrear graves consecuencias, presentarse y no responder a ninguna pregunta de la juez. En cuanto a los investigadores de la GC. el gobierno debe tomar medidas urgentes contra ellos, pues no se puede mentir en un asunto tan serio. El forense igual es un sabio en pandemias psiquiatricas, pero es una mierda en sus conocimientos de pademias viricas

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  • Galias Galias 09/06/20 19:30

    El procedimiento abierto por la jueza podía seguir un camino corto: que ante las críticas formuladas a su investigación políticamente o jurídicamente con los recursos de la Abogacia del Estado y de la Fiscalía, la jueza recapacitara, entrará en razones y archivara la causa. Esos intentos han sido baldíos y en el rechazo de los recursos la jueza mantiene cabezonamente el procedimiento. Quiere ver al Delegado del gobierno delante de ella para que aparezca su poder judicial como omnímodo y alargar el procedimiento para deteriorar al Gobierno. Es claramente la judicialización de la política, en cuya postura muchos jueces se sienten poderosos, cuando se trata de deteriorar a un gobierno progresista y feminista. Si yo fuera el abogado o asesor del Delegado del gobierno yo le sconsejaría: Qué? Que se acogiera a su derecho constitucional a no declarar. Y aventuro que lo hará. No darle pié a la jueza de tenerle delante de ella 2 horas o más friéndole a preguntas y a su denunciante. Estamos en un momento de guerra jurídica muy delicado. He oído esta mañana que el médico forense pertenece a los legionarios de Ctisto Rey. Los informes forenses suelen ser de una página o dos, por muy grave que sean las causas.

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    • Javipas Javipas 09/06/20 20:29

      Totalmente de acuerdo, nada que añadir.

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