La Junta suspenderá la tramitación de la renta básica andaluza en cuanto se active el ingreso mínimo del Gobierno

La Junta de Andalucía prevé paralizar la semana que viene la tramitación de su renta básica por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según un documento oficial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Este departamento suspende la tramitación hasta aprobar una modificación de la norma que regula su propia prestación. El motivo, alega la Junta, es que el decreto autonómico, de 2017, establece que la renta andaluza tiene "carácter subsidiario" y que fija la obligación de sus beneficiarios de "solicitar las prestaciones" que pudieran corresponderles para "incrementar sus recursos económicos". De este modo, según la Junta, es necesario que antes de pedir la renta básica andaluza se solicite el IMV. La prestación andaluza, según esta explicación, sólo se tramitarían las solicitudes de los que tuvieran resolución denegatoria o no estuvieran cubiertos por el IMV. El resto de tramitaciones se paraliza. "No nos queda otra", señala la consejería a preguntas de infoLibre.

La Renta Mínima de Inserción Social es una ayuda mensual del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM asciende a 537,84 euros al mes. Es decir, la renta supone 419,51 euros. Esta ayuda puede incrementarse un 10% del IPREM por cada integrante de la unidad familiar distinto del solicitante. Cuando fue aprobada, la cuantía máxima, para familias de ocho o más personas, era de 779,87 euros. En abril se beneficiaron casi 11.000 familias, su récord histórico, con un gasto de 11,3 millones, la nómina más elevada desde su implantación. El número de perceptores ha subido un 76% desde el inicio de la crisis del coronavirus.

La decisión de suspender su tramitación está incluida en una comunicación a los ayuntamientos salida de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dirigida por Rocío Ruiz (Ciudadanos) y con fecha de 9 de junio [ver aquí el documento]. "Desde las delegaciones territoriales [provinciales] de esta consejería, a partir del [lunes] día 15 de junio, en que se puede solicitar el IMV, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía", señala el escrito oficial.

La comunicación indica que el decreto del IMV recoge que esta nueva prestación es "compatible con el resto de rentas mínimas autonómicas" y que "no computa la percepción de estas para determinar el derecho a la prestación". No obstante, a juicio de Francisco José Vidal Mazo, "resulta evidente que su aprobación requiere de una reformulación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía". Mientras tanto, en lo que la Junta llama "transición", se dan unas indicaciones a las entidades locales. "La recomendación [...] es que en la información facilitada a las personas interesadas se priorice la solicitud del IMV, supeditando las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a aquellos supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del IMV, o supuestos en los que claramente la normativa no permita el acceso (por ejemplo, personas menores de 23 años sin menores a cargo o que no hayan sido víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos)". Y añade: "Las personas y/o unidades familiares que se encuentren en situación de vulnerabilidad quedan obligadas a solicitar el IMV antes de solicitar la Renta Mínima de Inserción Social".

En las delegaciones provinciales de la consejería, explica la Junta, "no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía" a partir del día 15 de junio, cuando ya se puede solicitar el IMV, "mientras no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar".

La consejería indica además que "el IMV no requiere una valoración social de los profesionales, por lo que se considera que no sería conveniente, ni justificado destinar el personal de los servicios sociales comunitarios a desempeñar tareas que vayan más allá de la información básica a la ciudadanía y la derivación a los sistemas de información establecidos y oficinas tramitadoras".

"Si bien la Renta Mínima de Inserción Social no computa a la hora de valorar el acceso al IMV, a la inversa no se produce la misma situación, por lo que las unidades familiares que accedan a éste último, en la mayoría de los casos, no mantendrán el derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, existiendo riesgo de solapamiento", añade la comunicación. La Consejería, a través de un portavoz, culpa a la "precipitación" y falta de información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones antes de aprobar la norma reguladora del IMV. Aquí hay una disparidad de criterio clara con respecto al ministerio, según el cual "durante los meses de preparación de IMV todas las comunidades han señalado que este modelo les parecía el adecuado".

PSOE y Adelante Andalucía

El PSOE, una vez conocida la comunicación, considera que el Gobierno andaluz "pretende suspender la Renta Mínima de Inserción Social y dejar de tramitar sus solicitudes desde la próxima semana aprovechando la entrada en funcionamiento del IMV". La portavoz de Igualdad socialista, Soledad Pérez, asegura que la medida supone "asesinar" la renta mínima andaluza, "pese a que se trata de un derecho ciudadano en la comunidad reconocido por ley y por el propio Estatuto de Autonomía" [ver aquí, artículo 23]. Su eliminación acabaría "en los juzgados", advirtió Pérez.

"Es verdad que con el IMV las rentas mínimas tienen que cambiar sus normativas, sea para atender a más familias que no están cubiertas, ampliando los tramos que el IMV deja fuera, o cubriendo a las personas entre 18 y 23 años, o dotando de más dinero... Y, por supuesto, si con tu normativa alguien no cumple los requisitos, se deniega. Pero, ¿cómo se va a decir que no se tramita ninguna ayuda y dar instrucciones para ello a través de un director general? O cambias la ley, o un ciudadano tiene todo el derecho a presentarlo", señala Pérez, que incide en que con esta decisión la Junta manda un "mensaje" a los ayuntamientos de "no me molestéis" y otro a la sociedad de "desactivación" de la renta básica. "Es inaceptable decir que no se va a tramitar una ayuda hasta que se deniegue el IMV. Eso acabaría en los juzgados", recalca.

El parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez califica la instrucción como "muy grave". "Con el desarrollo normativo vigente, no se puede hacer [anunciar la suspensión de las tramitaciones]. Tendrá que mandar instrucciones específicas a las delegaciones provinciales de la Junta. Lo que no puede es enviar una carta a las entidades locales, dando esa indicación sin que haya instrucciones específicas", explica. "No pueden tener retenidas las solicitudes de renta mínima de inserción hasta conocer las resoluciones. ¿Cómo van a privar de un derecho a la ciudadanía?", señala Sánchez, que cree que no se justifica esta decisión durante el periodo que tarde el cambio de la norma andaluza.

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Asociación Pro Derechos Humanos y Barrios Ignorados

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) acusó a la Junta de "renunciar a responsabilidades propias en la protección de todas las familias vulnerables y empobrecidas". En una comunicación remitida a este periódico, Apdha, una organización que trabaja en los barrios más pobres de Andalucía, señala que la decisión supone "recorte de derechos sociales" y un "recorte presupuestario encubierto a los fondos sociales de nuestra comunidad". "Para la Junta de Andalucía la gestión la renta mínima es una patata caliente demostrada en su mala gestión, lentitud y el gran atasco existente (resolviendo actualmente expedientes de finales del 2018). Con esta decisión intenta transferir al Estado su responsabilidad en la atención de la población empobrecida llevando a la virtual desaparición la renta mínima", señala Apdha.

Lola Contreras, presidenta de la asociación Barrios Ignorados, afirma que se trata de una "decisión política" que "podría haberse evitado". "Tienen equipo jurídico de sobra para tener esto ya totalmente resuelto. Con esto la Junta deja a muchas familias totalmente desprotegidas, porque no ha articulado ningún mecanismo de transición. Esto no era era necesario. ¿Qué pasa ahora con todas esas familias que están tramitando la renta mínima? ¿Qué se les dice? ¿Que tienen que traer el ingreso mínimo denegado? ¿Y mientras? Es un jarro de agua fría", concluye Contreras.