Iglesias defiende que la Justicia decida si Ayuso incumplió la ley al negar atención hospitalaria a los ancianos

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió este martes que sean los tribunales de Justicia los que decidan si las decisiones adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la residencias de mayores fueron ilegales. Los documentos publicados por infoLibre y las declaraciones del consejero madrileño de Servicios Sociales apuntan a que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso condenó a miles de ancianos a morir negándoles la asistencia sanitaria que necesitaban durante el pico de las pandemia de covid-19.

Iglesias insistió en la gravedad de lo ocurrido apoyándose, sobre todo, en las declaraciones del consejero de la Comunidad de Madrid que corroboró que su propio Gobierno dio instrucciones que él mismo considera inmorales y probablemente ilegales y se mostró comprensivo con los familiares de las víctimas que están iniciando acciones en los tribunales. Fue el propio consejero quien aseguró que era “inmoral” y “eventualmente ilegal” que no se permitiera a los ancianos de las residencias madrileñas ser aceptados en los hospitales de la Comunidad. “Era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que, ciertamente, puede tener consecuencias legales”, admitió.

El vicepresidente reconoció que conocía lo que estaba ocurriendo —las primeras señales de alarma salieron de los militares que entraron en centros de mayores— pero recordó que durante todo este tiempo las competencias de gestión de las residencias siguieron en manos de las comunidades autónomas y que el Gobierno lo único que hizo fue reforzar su capacidad de actuación otorgándoles el carácter de servicios esenciales, transfiriéndoles 300 millones de euros para contratar personal y aumentando su capacidad de inspección de los que estaba pasando.

Iglesias ratificó su opinión de que lo ocurrido en Madrid es un “escándalo” que “puede tener consecuencias legales”. Son “muchas familias” de estos ancianos los que ya están emprendiendo acciones legales por este asunto. “Creo que los datos están ahí y no merecen discusión, y es lógico que esto esté generando preocupación y escándalo”, remarcó.

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Iglesias hizo estas afirmaciones tras la primera reunión presencial que mantiene el Gobierno desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma aún vigente, durante la cual se aprobó el proyecto de ley de Protección de la Infancia y el real decreto que regulará las normas sanitarias y de movilidad cuando el estado de alarma deje de estar en vigor.

El decreto de la nueva normalidad nace ya negociado y pactado con el PNV y Ciudadanos pero no con Esquerra, con quien el Gobierno también aspira a alcanzar un acuerdo que amplíe el respaldo que la medida necesitará en el Congreso cuando sea sometida a convalidación. No obstante, a falta de que tomen posición los grupos más pequeños que habitualmente respaldan la gestión del Ejecutivo durnate la pandemia —los dos partidos canarios y los regionalistas cántabros— con los votos de PNV y Cs Sánchez prácvticamente se garantiza el repsaldo que necesita para mantener vivas gran parte de las medidas sanitarias y de movilidad que estuvieron vigentes durante el estado de alarma.

El Consejo de Ministros comenzó con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el coronavirus a iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con la aprobación del real decreto ley que regulará la llamada nueva normalidad una vez que expire definitivamente el estado de alarma el próximo día 21 de junio.