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Crisis del coronavirus

La Junta rectifica tras las críticas a la suspensión de los trámites de la renta básica andaluza cuando se active el Ingreso Mínimo

  • Ahora indica a los ayuntamientos que "no se suspende", sino que se informará al que la pida de su "carácter subsidiario" respeto a la prestación del Gobierno
  • Queda sin vigencia la indicación de que se dejará de tramitar la prestación, que levantó el rechazo de la oposición y colectivos sociales
  • La Junta mantiene la indicación a los servicios sociales de no gestionar el IMV y de "obligar" a los beneficiarios de la renta básica a pedir antes la estatal
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Publicada el 11/06/2020 a las 13:00 Actualizada el 11/06/2020 a las 13:46
Instrucción inicial de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.

Instrucción inicial de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía, tras la publicación de su previsión de suspender la tramitación de la renta básica andaluza cuando se pueda pedir el Ingreso Mínimo Vital, ha rectificado su decisión. Ahora se limitará a "informar debidamente a la ciudadanía del actual carácter subsidiario de esta prestación" mientras "trabaja en la armonización de ambas prestaciones". La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Cs) confirmó a este periódico que quedaba sin vigencia la paralización de las tramitaciones, publicada este miércoles por infoLibre [ver aquí]. A partir del lunes se verá en qué se plasma definitivamente la posición de la Junta.

En una primera comunicación dirigida a los ayuntamientos, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Cs) afirmaba: "Desde las delegaciones territoriales [provinciales] de esta consejería, a partir del [lunes] día 15 de junio, en que se puede solicitar el IMV, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía" [ver aquí el documento]. En las delegaciones provinciales de la consejería, explicaba la Junta, "no se podrían iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía" a partir del día 15 de junio, cuando ya se puede solicitar el IMV, "mientras no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar".

Esta suspensión levantó críticas de PSOE, Adelante Andalucía y organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Barrios Ignorados. El PSOE advirtió incluso de problemas legales si se paralizaba la tramitación de una prestación con cobertura legal. Más tarde, Igualdad elaboró una breve segunda instrucción, firmada por el mismo alto cargo, Francisco Vidal, director general de Servicios Sociales, y también dirigida a las entidades locales. Dice lo siguiente [ver aquí]:

"Ante las dudas surgidas por el comunicado remitido con fecha de 10 de junio a las entidades locales, la Dirección General de Servicios Sociales aclara [...]:

1.- La renta mínima de inserción social de Andalucía no se suspende, debiéndose informar debidamente a la ciudadanía del actual carácter subsidiario de esta prestación conforme al art.5.c del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.

2.- Actualmente desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por medio de la Dirección General de Servicios Sociales se trabaja en la armonización de ambas prestaciones".

La segunda comunicación no afecta a otros aspectos relevantes de la primera, como la indicación a los ayuntamientos de que no asuman la gestión del IMV. La consejería señala que "el IMV no requiere una valoración social de los profesionales, por lo que se considera que no sería conveniente, ni justificado destinar el personal de los servicios sociales comunitarios a desempeñar tareas que vayan más allá de la información básica a la ciudadanía [...]". También se "obliga" a solicitar el IMV antes que la renta andaluza.

 

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1 Comentarios
  • Antonio Somoza Antonio Somoza 13/06/20 00:59

    Algunos datos que nos dan una idea de la sensibilidad que siempre han mostrado los gobiernos andaluces, el actual y el anterior, con este tipo de medidas: Andalucía, la comunidad más poblada de España, con 8.476.718 habitantes, atendió en 2018 a 40.870 perceptores con una cuantía de 419,52 euros; mientras que Navarra, con 656.487 habitantes atendía a 36.303 personas con ayudas de 610,89 euros y el País Vasco, con 2.189.310 habitantes sumaba 120.606 ayudas con un monto de 644,49 euros. Los datos están sacados del Informe de Rentas Mínimas de Insercción de 2018 que publicó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y encima, el actual gobierno andaluz, se quejaba de trato desigual con las comunidades que más en serio se han tomado este tipo de subvenciones de todo el Estado y que van a gestionar directamente las mismas. ¿Para qué quería JuanmaMoreno las competencias en esta materia? ¿Pare cederselas a VOX como ya hizo con la presdiencia de la Comisión para la reconstrucción? Vista la primera orden dictada y luego ligeramente rectificada, me da la impresión de que por ahí van los tiros.

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