Organizaciones anticorrupción critican la ley que Cs lleva al Congreso por no hacer caso a la UE ni proteger lo suficiente a los alertadores

Ciudadanos lleva de nuevo al Congreso de los Diputados su proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción, cuya admisión a trámite se votará en el Pleno el próximo miércoles. Esta iniciativa, registrada en sucesivas legislaturas, incluye medidas para proteger a los denunciantes de corrupción, tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y suprime los plazos máximos de instrucción de las causas penales, entre otras cuestiones, informa Europa Press. Sin embargo, no lo suficiente, juzgan asociaciones especializadas en la corrupción y en la defensa de los que ellos llaman los alertadoresalertadores: un término que prefieren al de denunciantes por la carga negativa, consideran, del término. Y además, acusan al partido naranja de no trasponer en la legislación propuesta la directiva anticorrupción de la Unión Europea, un paso obligado para cualquier Estado miembro. 

La ley que propone Ciudadanos busca establecer "un marco integral para prevenir, reaccionar y castigar la corrupción, para acabar con la impunidad de los corruptos y para proteger a quienes la denuncian en aras del interés general". Para ello, prevé que a aquellos trabajadores del sector público –o los contratistas que trabajen con él– que denuncien supuestas prácticas corruptas se les garantice el derecho a la confidencialidad y a la indemnidad en su puesto de trabajo. La norma prevé multas de hasta 400.000 euros a quien cometa infracciones muy graves, como, por ejemplo, degradar de puesto a un informador. Además, Cs apuesta por crear la Autoridad Independiente de Integridad Pública (AAIP). 

Para ello, prevé que a aquellos trabajadores del sector público --o los contratistas que trabajen con él-- que denuncien supuestas prácticas corruptas se les garantice el derecho a la confidencialidad y a la indemnidad en su puesto de trabajo.

"Es posible que pienses que es una buena noticia" el hecho de que Ciudadanos proponga una ley anticorrupción, explican desde Corruptil, una organización especializada en el tema. "Sin embargo, está lejos de serlo", aseguran. La asociación se ha unido a otras como el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, la Asociación Nacional de Afectados por Delitos Económicos e Impagos, la Organización + Democracia o la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para elaborar un informe en el que desgranan las carencias del texto elaborado por el partido que lidera Inés Arrimadas. "La propuesta de Ley presentada por el grupo parlamentario responde a su legítimo intento de fomentar la denuncia de la corrupción lo que, sin duda, es digno de aplauso", reconocen: pero no se ha tenido en cuenta ni la opinión ni la experiencia de los expertos, "lo que, en parte, explica que adolezca de numerosas deficiencias técnicas". 

El informe (consultable aquí) critica, "desde un punto de vista semántico", que se utilice el término denunciante. Aseguran que esta palabra, "en nuestro contexto cultural", arrastra una "carga peyorativa". "Se han obviado la inclusión de términos como alertador, informador, comunicante, que, además de contar con el apoyo de reconocidos expertos y asociaciones cívicas especializadas en la lucha contra la corrupción, aportan un claro engarce con el ámbito de la prevención que, no olvidemos, también es objeto de esta ley a pesar de no desarrollarlo", afirma el documento. Por otro lado, si bien se define al "denunciante de corrupción", se dejan fuera a los facilitadores: también a los que utilizan los canales de denuncia interna en el sector privado y "a los que acudan al de las entidades del sector público diferentes a la Autoridad Independiente de Integridad Pública".

La corrupción en las empresas privadas, cuando tieien influencia en lo público, se debe perseguir. Y así lo afirma la directiva europea que España debe trasponer. Pero Ciudadanos lo ha dejado fuera de su norma, explica el informe. Tampoco se reconocen los "canales de denuncia internos", tanto de entidades públicas como privadas, cuyo reconocimiento aportaría seguridad extra al alertador y a los que la directiva dedica dos capítulos enteros.

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Otras carencias son desgranadas por el análisis de las organizaciones anticorrupción, como la falta de desarrollo de las funciones y cometido de la Autoridad Independiente de Integridad Pública. No se contempla la participación de la sociedad civil en la elección de su presidente, "a diferencia de algunas regulaciones autonómicas como la valenciana", recuerdan. Tampoco explica cómo se abordará la prevención de la corrupción. Y no se plantea reformar el delito de revelación de secretos, que permitiría proteger al alertador en vez de responsabilizarlo penalmente a pesar de que las informaciones que facilite sean de interés público.

La ley, concluye el informe, "no permitiría avanzar respecto de la situación actual", ya que no recoge derechos suficientes y no incorpora las modificaciones procesales y penales que las organizaciones consideran pertinentes. "No es solo la falta de protección, que la seguirán teniendo, sino la imposibilidad de que sus denuncias tengan eficacia real", sentencian. 

El partido naranja presentó por primera vez su proposición de ley contra la corrupción en septiembre de 2016, durante el gobierno de Mariano Rajoy. El Pleno acordó tramitarla en febrero de 2017 y a final de ese año terminaron de presentarse las enmiendas. Sin embargo, después se quedó parada en la Comisión Constitucional, sin que se reuniera la ponencia para empezar a debatir las aportaciones de los grupos, y al año siguiente Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado. Con el inicio de la actual legislatura en diciembre, el partido liderado por Inés Arrimadas volvió a registrar la iniciativa en el Congreso. Durante todo este tiempo, las organizaciones expertas, denuncian, no han sido consultadas.