El covid deja al desnudo el modelo de cuidados y muestra la necesidad de reforzar la igualdad en el empleo y el hogar

La nueva normalidad que empieza a tomar forma arrastra toda una serie de retos para la ciudadanía. Los desafíos que emergen, consecuencia de la crisis sanitaria, se unen a las tareas pendientes en clave de género. Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad, ha puesto en valor algunas de esas labores y las ha canalizado a través de un compromiso: un pacto de estado por los cuidados. Su voluntad, ha dicho la mañana del jueves en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, pasa por aprobar el acuerdo en la presente legislatura.

"Si hablamos de reconstruir es porque algo se ha roto o que no ha funcionado. No ha funcionado la ficción de que la sociedad funciona gracias a un mercado que se autorregula, y que las vidas de las personas deben organizarse y someterse a las supuestas reglas de la economía", ha dicho la ministra. La crisis sanitaria no sólo ha puesto de manifiesto la importancia de lo público, sino que "ha permitido ver con toda claridad que es la economía la que funciona gracias a las personas". Pero también que "nuestro país necesita cuidar". Los cuidados como eje central de la vida, un mantra repetido hasta la saciedad por el movimiento feminista, especialmente en las últimas movilizaciones en torno al 8M.

"Cuando nos preguntamos qué hace posible que una sociedad funcione pensamos en las empresas y negocios, en el trabajo productivo. Pero rara vez pensamos en hacer la compra, planchar, hacer la comida o cuidar a los niños y niñas o a las personas que lo necesitan", ha subrayado Montero. La crisis de cuidados, ha remachado, existía antes de la emergencia sanitaria, pero ahora asoma con más fuerza.

A su entender, "sostener la vida en todas sus etapas" se presenta como la gran asignatura pendiente de los gobiernos. Los cuidados "han sido un deber femenino que ni siquiera se ha contemplado como trabajo, ni siquiera como una tarea merecedora de reconocimiento y valor". Y cuando se han incorporado al mercado laboral, se ha hecho por la vía de la precariedad. Los cuidados, ejercidos a la sombra del trabajo productivo, se han demostrado, en cambio, esenciales. Especialmente en un momento de crisis: son la base que "hace posible nuestras vidas" y sin ellos "la sociedad colapsa".

El teletrabajo como trampa

El primer paso hacia la revalorización de los cuidados tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales de las mujeres, uno de los grandes lastres en el desarrollo personal y profesional de ellas. La brecha retributiva, que roza el 22%, pero también el cisma en las pensiones, superior al 30%, y la parcialidad en el empleo, de un escandaloso 70%, son piedras en el camino para las mujeres. En añadido, el 90% de las trabajadoras adapta su jornada laboral para cuidar. Irene Montero ha citado también a la investigadora María Ángeles Durán, quien siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE), estima que el trabajo de cuidados no remunerados se traduciría en 28 millones de empleos a jornada completa.

En materia laboral, la crisis del covid-19 ha demostrado el peso del teletrabajo. Pero también ha manifestado su reverso: la trampa mortal que puede suponer para las mujeres si no va acompañado por una regulación garantista. Montero ha destacado "la regulación del teletrabajo que impulsa el Ministerio de Trabajo y que tendrá necesariamente perspectiva de género para que el trabajo a distancia no sea una trampa para las mujeres".

Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, recuerda que esta crisis ha introducido el teletrabajo "por la vía de la emergencia" para salvaguardar la salud pública y el empleo. A partir de ahora, señala, "debe ser regulado y establecido en base a la negociación colectiva porque puede comportar serios retrocesos, como estamos comprobando, en conciliación y en corresponsabilidad, en salud laboral y en general en igualdad". Sin embargo, el trabajo a distancia "ha llegado para quedarse" y estará bien presente en "la fase de la desescalada y más allá, a largo plazo". Sólo el diálogo social y la negociación colectiva, estima la sindicalista, reforzarán los derechos laborales de las personas que se acojan a este método.

La titular del Ministerio de Igualdad se ha comprometido, además, a poner en marcha instrumentos para "corregir la brecha retributiva e impulsar los planes de igualdad en las empresas". Estas dos últimas cuestiones han sido parte de las tradicionales reivindicaciones de los sindicatos en materia de igualdad. Desde el pasado mes de marzo, todas las empresas con más de 150 trabajadores están obligadas a contar con un plan de igualdad, requisito que será impuesto a las compañías con más de un centenar de empleados a partir del año que viene y que se extenderá a las empresas con más de 50 asalariados en plantilla en un plazo de dos años. Así lo estableció el Real Decreto 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Corresponsabilidad, permisos y educación

La garantía de igualdad en el empleo pasa necesariamente por no apartar la vista de la corresponsabilidad. En el marco de una estrategia para revalorizar los cuidados, el Ministerio de Igualdad ha anunciado su intención de impulsar, codo a codo junto al ministerio de Yolanda Díaz, una ley de tiempo corresponsable, recogida en el acuerdo de coalición, "cuyo objetivo ha de ser garantizar el derecho a la conciliación precisamente para garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad".

En ese terreno, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles darán el impulso necesario a la conciliación en las familias. Una medida con la que no todos comulgan, pero que está incluida también en el pacto firmado para gobernar. La reconstrucción de país, señalan desde Comisiones Obreras, debe tener como prioridad "la conciliación y la corresponsabilidad" entendidas "desde la premisa de que es un problema central, no exclusivo de mujeres". La crisis sanitaria "ha servido para visibilizar las muchas carencias que tenemos en este ámbito, que se verán agravadas con la reincorporación al trabajo". Para el sindicato, una corresponsabilidad efectiva requiere de adaptaciones de jornada e incentivos económicos para los progenitores que se acojan de forma igualitaria a los permisos.

Como pieza fundamental en el engranaje, la ministra ha señalado también a la educación infantil entre los cero y los tres años. Un tipo de educación que "cumple una función esencial en el ámbito de los cuidados", de manera que un pacto estatal en la materia "debe también dignificar y reconocer esta labor y extender hasta el último rincón del país la red pública de escuelas infantiles".

Tanto las voces expertas como las sindicales coinciden en que la educación universal para los más pequeños se demuestra positiva para la conciliación y, por consiguiente, para terminar con la precariedad laboral femenina y mejorar las pensiones. Actualmente, España se posiciona como uno de los países de la Unión Europea en los que se registra un menor porcentaje de plazas escolares en el primer ciclo financiadas totalmente por la administración, sólo por delante de Reino Unido y Chipre.

Familias monoparentales

La conciliación, no obstante, guarda muchas más complejidades para algunas familias. Irene Montero se ha detenido en las monoparentales, al menos 1,9 millones en el país, el 82% encabezadas por mujeres. "Estas son las familias más vulnerables según los indicadores", ha dicho. "Debemos avanzar todavía más, fuera de la contingencia de una crisis, en legislar para garantizar la igualdad de todas familias en su diversidad, especialmente de las monoparentales" y hacerlo, ha remachado, "teniendo en cuenta la necesidad de una fiscalidad redistributiva y justa".

Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (Fams), reconoce tener expectativas, pero sus reivindicaciones se mueven en una misma línea: lograr una ley específica a nivel estatal. "Vamos a seguir pidiéndola hasta que podamos conseguirla", dice a este diario. Por el momento, la propuesta encima de la mesa es "una ley de diversidad familiar", pero las familias monoparentales se conformarían con tener "un gran apartado" propio dentro de la norma. "Seguimos pensando que estamos en clara desventaja", subraya.

Especialmente tras la crisis del covid-19. La pandemia "ha sacado a la luz las situaciones de discriminación que ya estábamos viviendo", lo que ocurre es que, hasta el momento, las madres "no tenían voz, no estaban en la agenda política". Flores insiste en que las familias monoparentales parten de cero, de modo que cualquier pequeño paso será una victoria. Haberlas tenido en cuenta en la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), estima, "es una cuestión de justicia", pero es sólo un comienzo. "Tiene que haber una fiscalidad igualitaria, la corresponsabilidad tiene que ser social, pero además el empleo y la conciliación tienen que ir de la mano", sentencia. "No se puede legislar para potenciar la economía sin tener en cuenta los cuidados".

Empleo doméstico y Convenio 189

El 16 de junio de 2011, hace nueve años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaba su Convenio 189, hoy firmado por un total de 29 países. Entre ellos, Alemania, Chile, Brasil, Jamaica, Suiza, Portugal, Italia, Irlanda y Suecia. Ni rastro de España. El convenio fija los criterios básicos para regular el trabajo doméstico, hoy día atravesado por condiciones de precariedad que redundan no sólo en los sueldos, sino en la parcialidad, las bajas médicas, las enfermedades laborales, el libre despido y las pensiones de las trabajadoras.

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Las mujeres más vulnerables, ha dicho Irene Montero, son "las migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular y con condiciones de trabajo que se parecen más a la servidumbre o esclavitud que a derechos laborales dignos". Que cuidan, ha añadido, "nuestros hogares y se ocupan de que las cosas estén en plenas condiciones para que otras mujeres y hombres podamos salir al mercado laboral".

Ellas, las empleadas domésticas, llevan años reclamando al menos la ratificación del Convenio 189 para empezar a adquirir los derechos que les han sido negados. A lo largo del estado de alarma, las trabajadoras del hogar recibieron "por primera vez un subsidio, pero siguen esperando el compromiso de ratificación del Convenio 189" y además, durante esta crisis, "están reclamando la regularización de aquellas que trabajan sin contrato y en situación administrativa irregular", ha reconocido la ministra.

Carolina Elías, portavoz del Servicio Doméstico Activo (Sedoac), entiende la ratificación del convenio como "una herramienta para conseguir los derechos" que persiguen, que no son otros que entrar en el régimen general y tener las mismas prestaciones que el resto de trabajadores. Más adelante, las empleadas aspiran a contar con una ley de riesgos laborales propia e inspecciones de trabajo que se adapten a sus circunstancias, entre otros asuntos. Pero el convenio, advierte, no es una "varita mágica", sino que por el contrario debe ir acompañado de "una fuerte campaña de sensibilización" y también de "políticas públicas para que las familias con bajos ingresos" que necesiten servicio doméstico "puedan pagar a la Seguridad Social" o parte del pago "sea asumido por el Estado". Que los cuidados estén en el centro, reflexiona la activista, pero no "a costa del sudor" de las trabajadoras.