Legislar más allá del covid: Vox copa las propuestas de la oposición sin que PP o Cs hayan impulsado ninguna ley

La crisis del covid-19 ha arrasado con todo en lo sanitario, en lo social, en lo económico... y también en lo político. No sólo en lo que tiene que ver con la contaminación del clima político, sino en el funcionamiento ordinario de la actividad.  El grueso de los debates parlamentarios sobre iniciativas o los relativos al control al Gobierno han estado protagonizados por la pandemia. Baste una cifra para hacerse una idea: en el registro del Congreso de los Diputados hay depositadas 3.907 iniciativas relacionadas con el covid-19. El grueso de ellas, 2.594, son preguntas de los Grupos Parlamentarios al Gobierno para su respuesta por escrito.

¿Y qué ha pasado al margen de la crisis del covid-19? ¿Por qué iniciativas han apostado los grupos parlamentarios en las últimas semanas? Entre el lunes 16 de marzo, cuando ya había arrancado el estado de alarma y este viernes, 19 de junio, el registro de iniciativas del Congreso de los Diputados contabiliza 33 iniciativas que, en el caso contar con los apoyos necesarios en el Pleno, acabarán convertidas en leyes. Se trata de 18 proyectos de ley, textos que parten del Gobierno, y de 15 proposiciones de ley. Estas últimas tienen su origen en los grupos parlamentarios. 

De las 18 iniciativas que han partido del Ejecutivo, ocho de ellas no tienen relación directa con la pandemia. En el caso las proposiciones de la oposición, ocho –de un total de 15– no tienen nada que ver con el covid-19. Seis parten de Vox y dos lo hacen del Grupo Plural.

Las proposiciones no de ley planteadas en el mismo periodo de tiempo han sido 135. Este tipo de iniciativas no tienen efecto vinculante y, por lo tanto no obligan. Por lo general, los partidos políticos recurren a ellas para buscar que sus rivales se retraten sobre determinados planteamientos o para medir el clima de la Cámara antes de registrar textos cuya aprobación sí que tendrían efectos jurídicos.

infoLibre repasa las proyectos de ley y proposiciones de ley que han llegado al Congreso en los últimos meses y el estado concreto en el que se encuentran en lo relativo a su tramitación.

Proposiciones de ley

Vox

La extrema derecha de Vox es el grupo que lidera el ránking de proposiciones de ley ajenas al covid-19 en este periodo. Una de las últimas iniciativas tiene que ver con la modificación de la ley de la carrera militar para "establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional". "Hora es ya de reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a los empleados públicos, cuando sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos. No es solo que un futuro incierto se oponga al reclutamiento; es que la Nación no puede abandonar a quienes la han servido con lealtad, sin dañar, al permitirlo, los propios cimientos de la moral, la cohesión y la disciplina de la Institución militar que la sirve y, por descontado, al interés nacional mismo", dice la formación liderada por Santiago Abascal en la exposición de motivos de esta iniciativa.

También han trasladado al Congreso de los Diputados uno de sus planteamientos más polémicos, el de la "violencia intrafamiliar" con una proposición de Ley Orgánica de Violencia Intrafamiliar. Uno de los ejes de la apuesta de la extrema derecha ha sido desde su llegada a las instituciones ha sido cargar contra la ley de violencia de género y abogar por una ley de violencia intrafamiliar. Porque, a juicio de la formación liderada por Santiago Abascal, "no es tolerable que por consignas ideológicas, el esfuerzo y los recursos de todos los ciudadanos se centren únicamente en proteger a la mujer contra los actos violentos de los que son objeto por parte de sus parejas masculinas". A principios del mes de marzo, el partido de Abascal ya había registrado una proposición no de ley en la misma dirección.

En el texto registrado por Vox en el registro de la Cámara, la extrema derecha sostiene que "procede dictar una ley integral de lucha contra la violencia intrafamiliar" que sustituya a la vigente ley contra la violencia de género, "de forma que el Estado español luche con más eficacia contra la violencia contra la mujer de matriz machista y a la vez contra el resto de las formas de violencia doméstica o intrafamiliar contemplando este fenómeno de forma global y yendo a sus causas últimas, sin reduccionismos ni sectarismos ideológicos". "Este es el objeto de la presente ley", justifican.

Adiós a los impuestos

El 21 de mayo, Vox registró una proposición de ley para la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tasa transferida a las comunidades autónomas. Esta iniciativa es una de las banderas tradicionales del Partido Popular.

Entre las razones por las que la extrema derecha considera que este tributo debe ser abolido está el hecho de que su carácter autonómico acaba provocando "éxodo fiscal" y el de que hay gente que se ve obligada a renunciar a sus herencias por no poder hacer frente al pago de impuestos que implica aceptarlas. "En los últimos años, son muchos los contribuyentes que, al tiempo de recibir una herencia, deben acudir a herramientas de financiación bancaria para enfrentar la cuota del impuesto. Ello se debe a que un gran porcentaje de la población ha dedicado una parte significativa de sus ahorros a la adquisición de la vivienda habitual, con lo que la mayor proporción del caudal relicto la constituyen inmuebles, sin liquidez en el corto plazo. El Consejo General del Notariado cifró en 46.679 las renuncias a herencias en 2018, un 8,6% más que en 2017 y un 322,5% más que en 2007", explican desde Vox.

También de carácter impositivo es la proposición de ley que apuesta por una modificación del real decreto de 2004 que aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Aboga por aumentar la autonomía normativa de las entidades locales sobre los impuestos sobre Bienes Inmuebles, Actividades Económicas, y Vehículos de Tracción Mecánica "y se dote de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos españoles".

Al hilo de las informaciones que apuntan a que el Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias han nombrado a más de una veintena de directores generales a dedo, Vox ha redactado una proposición de ley para modificar el artículo 66.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Este artículo mantiene que "los directores generales serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del Presidente del Gobierno". Y que estos nombramientos "habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1" salvo que el real decreto de estructura permita que, "en atención a las características específicas de las funciones de la dirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional". Vox propone suprimir del texto original la posibilidad de que estos cargos no sean funcionarios.

La derecha ha sido muy crítica con la entrada del vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El pasado 24 de abril, Vox depositó en el registro del Congreso de los Diputados una modificación de la ley reguladora del CNI para incluir un artículo que, entre otras cuestiones, contemple que "la Oficina Nacional de Seguridad realizará una investigación de seguridad de los candidatos previa a su incorporación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia" y que "los candidatos que no obtengan un informe favorable no serán incorporados a dicha comisión".

Grupo Plural

Las otras dos iniciativas de este tipo sin relación con la crisis del covid-19 han partido del Grupo Parlamentario Plural, integrado por Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, Teruel Existe y el BNG.

La Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social por hijo a cargo o de crianza de los hijos fue presentada el pasado 25 de mayo, firmada por Laura Borràs (Junts per Catalunya). "No podemos desperdiciar más tiempo. Nuestros menores, y en particular los que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, merecen una pronta puesta en marcha de medidas mucho más ambiciosas y efectivas que las presentes, propias de un país puntero de la Unión Europea. Una mayor inversión de recursos públicos en infancia es una apuesta de presente y de futuro, no solo para dar mayores oportunidades a nuestros niños, sino también a nuestra sociedad en general", justifican.

Semanas antes, registraban una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones.

Los proponentes creen que "es necesario un cambio en la cultura empresarial, que elimine la morosidad de la gestión empresarial y la presente ante la sociedad como lo que es, una mala y muy perjudicial práctica comercial". Por ello, abogan por "medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular de forma expresa, clara y concisa las infracciones y las sanciones que se derivan en relación al incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco contractual de la ley, que perjudiquen la posición del acreedor de la deuda". La medida está especialmente enfocada a proteger a las pequeñas y medianas empresas.

El papel del PP

En su papel de principal partido de la oposición, el Partido Popular se ha volcado en las proposiciones no de ley –sin efecto vinculante–. Ha registrado 43. El pasado 25 de marzo presentó una proposición de ley para la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para permitir la participación y el voto telemático en los órganos colegiados de las entidades locales en determinadas circunstancias como bajas por enfermedad o maternidad o paternidad, pero fue retirada.

Ciudadanos, por su parte, también ha optado por las proposiciones no de ley: 28. Entre las más recientes están una sobre la declaración de la Primera División Femenina como competición profesional. Y otra sobre la elaboración del Estatuto del Estudiante en Práctica.

La última proposición de ley del partido naranja fue registrada días antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Entró en el registro el 10 de marzo, fue calificada por la Mesa de la Cámara el día 30 de ese mismo mes y es la Proposición de Ley de memoria, dignidad y reparación de todas las víctimas del terrorismo.

Proyectos de ley

Los proyectos de ley son las iniciativas que el Gobierno remite a la Cámara para su debate. Desde que estalló la pandemia, han llegado al Congreso 18, el grueso de ellas relacionadas con la pandemia. Entre las no relacionadas con la crisis del covid-19, destacan las iniciativas sociales y las medioambientales. Así, el pasado 10 de junio llegó al Congreso el proyecto de ley por el que se establece el ingreso mínimo vital y una modificación de la ley que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. También, el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

La cuestión del ingreso mínimo, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición, procede del Real Decreto-ley 20/2020 del 29 de mayo. En el momento de la convalidación de los reales decretos puede aceptarse que sean tramitados como proyectos de ley, lo que da la posibilidad de introducir enmiendas. Esta suele ser una de las bazas de las negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. Lo que no se admiten en este proceso son enmiendas a la totalidad.

Otra de las iniciativas que se consideran un pilar del Ejecutivo de coalición es la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ya trasladada a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Respecto a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se modifica la norma vigente para introducir las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la Directiva UE 2018/410 y adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en al menos un 40% en 2030 con respecto a los valores de 1990. "Cómo ven el hecho de que nuestra prioridad en estos meses haya sido la lucha contra la pandemia no ha impedido que el Gobierno haya seguido trabajando en los asuntos prioritarios de su agenda, en este caso concreto grandes avances en la lucha contra el cambio climático", defendió la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

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También en plena pandemia, el Ejecutivo trasladó a la Cámara Baja el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Se trata del "primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía", explicaron desde la Moncloa.

Junto a estas medidas, el Gobierno trasladó al Parlamento una modificación de la ley General Tributaria como resultado de una transposición de una directiva europea que modifica, a su vez, otra anterior relacionada con el intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad.

Una semana después del estado de alarma llegaron al Congreso, para su convalidación, dos proyectos de ley –en su origen eran reales decretos–. Uno, sobre medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y, el otro, el que deroga el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo.