Leyes trans, de no discriminación y de diversidad familiar, demandas del colectivo LGTBI en el Orgullo 2020

Cuenta atrás hacia el Orgullo LGTBI 2020 con la mirada puesta en las tareas pendientes. A nivel institucional no son pocas y en el plano legislativo crecen las promesas. Son años los que llevan las organizaciones clamando por el desarrollo de normativa básica que dote de derechos a una parte de la ciudadanía tradicionalmente desprotegida. Este lunes, la Fundación Triángulo y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) se reunió con la ministra de Igualdad, Irene Montero, para exigir celeridad en sus movimientos. Y desde el Gobierno respondieron públicamente este miércoles reafirmando sus compromisos. Así es el trabajo legislativo que queda por delante:

La principal ley que aguardan los colectivos encuentra su génesis en el mismo seno de las organizaciones. Se trata de la Ley de Igualdad LGTBI –formalmente Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales–. Fueron las principales plataformas quienes cimentaron las bases de la norma. Un guante que a nivel parlamentario recogió Unidas Podemos, quien la registró en forma de proposición de ley. Fue en 2017. En septiembre de aquel año, la iniciativa salió adelante gracias al refrendo mayoritario de los grupos y pese a la abstención del Partido Popular, que más tarde presentaría una enmienda a la totalidad.

A partir de entonces, el trasiego institucional lastró la agilidad en su tramitación: moción de censura, convocatoria de elecciones, pactos de gobierno frustrados. La ley quedó estancada, hasta que el acuerdo gubernamental entre socialistas y la formación morada la recuperó. Lo hizo bajo el epígrafe "un país orgulloso de su diversidad". En el texto, ambas fuerzas se comprometen a la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, "incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión".

En febrero, la ministra Irene Montero garantizó su intención de enviar la norma al Consejo de Ministros antes de verano. Anunciaba entonces que el borrador de la ley estaba en manos de los colectivos, una vez más, con el fin de lograr una actualización y revisión efectiva. La pandemia, no obstante, lo paró todo. Uge Sangil, presidenta de la Felgtb, explica a este diario que el nuevo borrador ha sido entregado este mismo lunes, donde consta "lo ya consensuado en la anterior legislatura" pero con una redacción "ampliada y mejorada". El documento, "avalado por los colectivos de la Felgtb y otras organizaciones, ahora tiene que recoger más aportaciones y ser revisado". El principal añadido de la nueva norma tiene que ver con "el derecho de autodeterminación de las personas trans y su despatologización", con el fin de aportar la "máxima seguridad jurídica" al colectivo.

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que "esta semana arrancará el proceso de consulta pública", al que le seguirá la elaboración de un anteproyecto de ley con las aportaciones de la sociedad civil que posteriormente se elevará al Consejo de Ministros. A partir de entonces, el texto consolidado se someterá de nuevo a consulta pública y a las sugerencias de los órganos de referencia, para finalmente volver al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley. Una vez aprobado pasará a la Cámara Baja, detallan las mismas fuentes, quienes evitan concretar fechas pero sí recalcan que es la ley más avanzada de todas las vinculadas al colectivo.

La ley que se registró en la XII legislatura cuenta con cerca de un centenar de artículos cuyo principal objetivo consiste en homogeneizar las reglas básicas del colectivo y legislar contra la discriminación que todavía sufre. Entre las principales premisas, fija la "atención integral real y efectiva a las víctimas de delitos cometidos por homofobia, lesbofobia, bifobia e interfobia, así como a las víctimas de infracciones administrativas contempladas" en la propia ley.

En el ámbito sanitario, llama a velar por una sanidad respetuosa con las personas LGTBI y que no trate "directa o indirectamente la condición de esas personas como una patología". Todas las mujeres, además, "tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos" con unidad específica, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Asimismo, quedan prohibidas todas las terapias que pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, aun con el consentimiento de la misma o de sus representantes legales. Además, las víctimas de violencia intragénero podrán acceder a los mismos derechos previstos para las mujeres víctimas de violencia en la Ley de 2004.

El cisma de la ley trans

Si la Federación LGTBI se encargó de macerar los ingredientes para una ley de igualdad y no discriminación del colectivo, la Plataforma Trans fue la responsable de redactar una proposición enfocada en las personas trans y su derecho a la libre determinación de género. Esta vez, el proyecto fue recogido y presentado por Unidas Podemos en el año 2018 bajo el nombre de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género.

De nuevo, la convulsa situación parlamentaria frenó su puesta en marcha: la norma caducó en los cajones de la Cámara Baja. Y una vez más, el acuerdo de coalición entre los dos partidos de gobierno recuperó el compromiso por una ley que "trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos". La ley no ha estado exenta de polémica desde su mismo nacimiento. Fue uno de los motivos que desató el conflicto entre el Partido Feminista Español e Izquierda Unida, provocando la expulsión del primero a raíz la posición de su líder contra las leyes de identidad de género. El cisma se trasladó más recientemente al seno de los socialistas, a través de un argumentario crítico con el "derecho a la autodeterminación sexual" y sus efectos jurídicos.

Este lunes, representantes de colectivos de personas trans exigieron ante el Congreso de los Diputados el registro "inmediato y urgente" de una ley trans estatal. Los activistas advirtieron del discurso de los sectores adversos a la norma que "abrazan a la ultraderecha".

La ley parte de una "concepción no patológica de las personas trans" y recalca que un derecho "no puede estar sujeto a la existencia previa" de un diagnóstico. Uno de los hitos de la norma registrada hace dos años es que funciona como base para que todo ciudadano español y mayor de dieciséis años pueda promover ante el Registro Civil la "rectificación de la circunstancia relativa al sexo" y también el cambio de nombre propio. En ese sentido, las opciones serán tres: sexo femenino, masculino y no binario. Los menores de dieciséis años podrá solicitar dicha rectificación "cuando sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance" de la misma o mediante el consentimiento de su representante legal. El reconocimiento de este derecho, subraya la ley, "en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole". La ley corrige la norma de 2007 que permitía el cambio registral únicamente para personas con diagnóstico de "disforia de género" y tras dos años de tratamiento médico.

Los poderes públicos, según establece la norma, garantizarán "indemnización y reparación" a las personas transexuales e intersexuales que, con el objetivo de ver reconocida su "identidad de género", debieron someterse a intervenciones quirúrgicas. En todo caso, la sanidad pública incluirá entre sus prestaciones cualquier tratamiento hormonal y proceso quirúrgico genital, adecuación corporal y facial "según las expectativas individuales de cada persona". Igualmente quedan prohibidas las terapias aversivas que supongan un intento de "conversión, anulación o supresión de la identidad sexual sentida o de la expresión de género manifestada".

Aunque los cambios materiales suponen el principal logro del colectivo, las victorias simbólicas también tienen su reducto en la ley. La norma establece que habrá de respetarse el derecho de toda persona al ejercicio de su identidad sexual y expresión de género "no siendo necesario en ningún momento que se realice la rectificación registral para que la persona sea identificada y nombrada" en base al género sentido. El Ministerio de Igualdad habrá de concretar ahora qué aspectos conserva de aquella propuesta y qué novedades prevé introducir.

Igualdad de trato y no discriminación

El tercer tanto del Ministerio de Igualdad en la materia tiene que ver con la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. El proyecto ya fue registrado por el Partido Socialista en julio de 2019 y quedó respaldado entonces con el consenso mayoritario de los grupos. "Esta ley se encuentra en una situación bastante análoga a la Ley LGTBI, fue trabajada en una ponencia y faltaron muy pocos días para su aprobación", indican fuentes del Ministerio de Igualdad. Actualmente, la cartera de Irene Montero está "en disposición de correr mucho más con la Ley LGTBI y la Ley de igualdad de trato", teniendo "siempre presente el compromiso" del acuerdo gubernamental, donde está incluida esta norma.

La base del proyecto no es otra que seguir las recomendaciones internacionales de la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de cara a la adopción urgente de una legislación específica contra la discriminación. De esta manera, la norma planteada introduce la garantía de no discriminación en un marco general. No se trata de una ley específicamente LGTBI, pero sí será de aplicación al colectivo y a las víctimas de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

"Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", dicta el proyecto registrado por los socialistas. La ley fija las bases para combatir la discriminación directa e indirecta en ámbitos como el empleo, la educación, el acceso a la vivienda o establecimientos abiertos al público.

Futura e incipiente ley de diversidad familiar

Si el pacto por un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos incluía leyes ya avanzadas, también contemplaba nuevos compromisos en materia de igualdad. Uno de ellos es el reconocimiento y protección de la diversidad familiar, a través de una ley que "responda y proteja a las diferentes estructuras familiares". La norma, aunque tampoco es específica del colectivo, aspira a blindar "la protección efectiva de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI" y el reconocimiento expreso de la "filiación de las parejas de mujeres lesbianas".

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El pasado mes de febrero, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, prometió su impulso a lo largo de la legislatura. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 detallan que a partir de septiembre, por un periodo de entre doce y quince meses, se iniciará un proceso de asesoramiento previo a la elaboración de la ley por parte de organismos europeos. De esta manera, la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG Reform) y la OCDE analizarán la legislación europea para conocer y estudiar experiencias similares. El trabajo también explorará la normativa autonómica, dentro de las fronteras estatales, para el avance en paralelo de la futura ley.

La disposición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a facilitar la adopción homoparental responde además al firme compromiso contra la gestación subrogada, uno de los debates más candentes dentro del colectivo, especialmente entre los hombres homosexuales. En su acuerdo de coalición, las dos formaciones reiteraban su rechazo a los vientres de alquiler. "La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas".

En lo que atañe a la filiación de los recién nacidos, la presidenta de la Felgtb clama por el fin de la discriminación hacia las mujeres lesbianas y bisexuales. A día de hoy, explica, "una pareja de lesbianas, si no están casadas, no podrían inscribir" las dos a sus hijos, sino que una de ellas –la no gestante– tendría que seguir un proceso de adopción. La norma por la diversidad familiar tratará de atajar este desequilibrio que ataca directamente a las mujeres por su orientación sexual.