Crisis del coronavirus

El PP niega un giro a la moderación y advierte de que cualquier acuerdo con Sánchez es "coyuntural"

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Tras meses de confrontación política con la gestión de la crisis de la pandemia como telón de fondo, el Partido Popular fue clave esta semana para que el decreto de la 'nueva normalidad', el que regula la etapa post covid-19, saliese adelante con una amplia mayoría parlamentaria. Un acercamiento entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición después de que los conservadores se descolgaran del 'sí' en las tres últimas prórrogas del decreto del estado de alarma. En la primera de ellas, optaron por la abstención; en las dos últimas, por el 'no'. Se declaraban convencidos de que había alternativas a ese estado de alarma y de que el PP no podía corresponsabilizarse del "error" de continuar con esta herramienta excepcional.

En medio de todo, el PP sí dio luz verde a la renta mínima el pasado 10 de junio con la condición, como ahora, de que sea tramitado como proyecto de ley. Esto que permite la introducción de enmiendas.

¿Qué ha cambiado en el PP para que el despliegue legislativo para la 'nueva normalidad' goce de su respaldo? ¿Han inaugurado los conservadores una nueva etapa de colaboración con el Gobierno? En la dirección nacional niegan un cambio de estrategia o un giro radical. Prefieren apuntar al tejado de la Moncloa y decir que son el Gobierno y el PSOE quienes han cambiado su actitud hacia el PP, sentándose a hablar con una delegación del principal partido de la oposición.

De verbalizarlo se ha encargado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, al subrayar que tras el 'sí' está el cambio de actitud de un PSOE que se sentó a dialogar. "Algo que no se ha visto en este tiempo", defendió.

Pese a las voces del PP –sobre todo de los barones territoriales– que abogan por una moderación en el discurso, la dirección nacional mantiene que eso de intentar dividirlos entre duros y blandosduros y blandos es algo propio de sus adversarios políticos.

Más allá de la oficialidad, de las declaraciones en público, hay dos elementos clave en los que todas las fuentes consultadas coinciden a la hora de explicar ese 'sí'. El primero es el contexto electoral. El 12 de julio se celebran elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco y en la primera de estas comunidades autónomas el PP se juega su cuarta mayoría absoluta con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, uno de los exponentes del sector moderado del partido, defensor del giro al centro y de no dejar que la extrema derecha de Vox condicione el discurso del partido.

El otro elemento tiene que ver con el hecho de que borrarse de este acuerdo sería perjudicial para las comunidades autónomas. Y el PP gobierna en Madrid, Andalucía, Castilla y LeónRegión de Murcia y Galicia. "El decreto contiene medidas para la gestión de la crisis, ya fuera del estado de alarma, que afectan a todas las regiones. No tendría sentido quedarse fuera porque es necesaria una coordinación con las comunidades autónomas de la que nadie debería quedarse fuera" considera un diputado.

¿Cambio radical o giro puntual?

En lo que también coinciden el grueso de las fuentes consultadas por infoLibre es en que este cambio es "coyuntural" y que es bastante complicado que se inaugure una nueva etapa de entendimiento entre el PP y el Gobierno.

"El siguiente paso serán los acuerdos en el marco de la comisión para la reconstrucción en el Congreso de Diputados y todo apunta a que a lo máximo que llegaremos será a un acuerdo de 'mínimos' en cuestiones sanitarias. Porque estamos bastante lejos en lo económico y en políticas europeas", comenta un dirigente al tanto de los trabajos de este órgano parlamentario.

De hecho, más allá de la aprobación del decreto de la 'nueva normalidad' el Partido Popular mantiene vigente su discurso clásico de los últimos meses: desde la exigencia al Ejecutivo de que no mienta sobre las cifras de fallecidos por la crisis del covid-19 a las críticas por no haber prohibido las marchas del 8M, dando una vuelta de tuerca a esta última cuestión y extrapolándola a la situación que podría darse en el aeropuerto de Barajas (Madrid) si el Gobierno central no toma medidas extraordinarias. Muchas de estas cuestiones figuran en los documentos que, a modo de conclusiones, han registrado esta semana los conservadores como fruto de los trabajos en la comisión parlamentaria de reconstrucción económica y social.

Así, en el documento sobre Sanidad y Salud Pública, el Partido Popular considera "inexplicable y ofensivo tanto para las víctimas del covid como para sus familias que se excluya a miles de personas del hecho de que han muerto como consecuencia del virus y que durante dos semanas del mes de junio el Ministerio de Sanidad ni siquiera haya actualizado la cifra oficial de fallecidos". Desde el Gobierno defienden que, a la hora de contabilizar fallecidos, se sigue el criterio de que esas personas hubiesen dado positivo en una prueba PCR. Y, además, que esos datos son previamente facilitados por las comunidades autónomas, varias de ellas gobernadas por el PP.

Archivada la causa judicial sobre el 8M, un acontecimiento sobre el que el PP hizo girar en gran parte su labor de oposición al Gobierno, el partido liderado por Pablo Casado atisba en el horizonte "otro" posible 8M. El primero en mantener esta idea ha sido el secretario general, Teodoro García Egea. Este viernes, en la clausura del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga exigió al Gobierno que actúe en el aeropuerto de Barajas para que sea un nuevo 8M, un "epicentro de rebrotes" y nos lleve a dar marcha atrás en lo logrado "con gran esfuerzo entre todos".

La condicionalidad por la que el PP aboga en el reparto de fondos de la UE, también en el marco de la reconstrucción post covid-19, también queda por escrito en el documento de conclusiones sobre Unión Europea. "En correspondencia a la solidaridad europea, y en correspondencia con los principios de responsabilidad y credibilidad, los Estados beneficiados de tales ayudas han de comprometerse a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas y la eficacia en la ejecución de los fondos que se reciban", puede leerse en el texto. 

En la base de este posicionamiento están unas declaraciones de hace unas semanas de la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en las que apuntaba a que "la solidaridad de Europa no es un cheque en blanco ni para el gobernante de turno ni para los caprichos comunistas de Iglesias".

Y en materia económica, las distancias son también abismales y con poco margen de entendimiento. Para el PP la derogación de la reforma laboral sería una línea roja, como lo serían las subidas de impuestos. Un "suicidio", tal y como ha definido el número dos del partido. Como línea roja también figura en este momento la posibilidad de cualquier entendimiento de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado

¿Llega tarde Casado?

No en todo el PP se compartió que Casado empezase a distanciarse del Gobierno en las prórrogas del estado de alarma y el endurecimiento del tono. Sectores de la formación conservadora consideran que el partido se desgastó mucho no sólo por el mero hecho en sí de votar en contra, sino por servir en bandeja las críticas al Gobierno cuando, de hecho, la oposición del PP era irrelevante porque Pedro Sánchez ya llegaba a los debates con los votos asegurados para que sus iniciativas saliesen adelante. 

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Los conservadores están convencidos de que Pedro Sánchez, por mucho que lance de forma insistente al PP mensajes en los que les reclama lealtad y arrimar el hombro, no tiene ningún interés en acercarse a Casado. Como prueba de ello citan que el presidente no ha descolgado el teléfono desde principios de mayo. En este contexto, hay una corriente en el partido que cree que su presidente "llega tarde". "Cuanto antes hubiese quedado al descubierto que en realidad Sánchez no quiere nada con el PP, antes se hubiese puesto en evidencia", considera un dirigente territorial en conversación con ese diario.

La idea de que el jefe del Ejecutivo no quiere pactos ha sido defendida esta misma semana por Faes, la fundación liderada por José María Aznar. "Pedro Sánchez se apunta a aquello de que la realidad no te estropee una buena historia. Su 'buena historia'–así lo cree– es el retrato de un Partido Popular extremado e incapaz de acordar y cautivo de un papel estéril en la oposición. Por eso, cuando se perfila con claridad la disposición del PP a pactar medidas sensatas y eficaces para afrontar la crisis, empezando por la sanitaria, Sánchez hace muy visible su incomodidad e insiste en provocar la ruptura", refleja una entrega de su publicación Anotaciones.

A ojos de la fundación del expresidente Aznar, "Sánchez no quiere acuerdos, quiere adhesiones". "No busca el diálogo sino el asentimiento a su monólogo; no está dispuesto a la transacción sino que exige sumisión. Puede haber dos razones para ello y las dos, malas para el interés general de España. Una razón puede radicar en las actitudes de un dirigente que cultiva sin descanso la división, la polarización y la confrontación. La otra radica en la necesidad de conservar la salud de Frankenstein, que Sánchez tal vez piense que puede sobrevivir a tratos limitados con Ciudadanos, pero que no podría mantenerse en pie si llegara a acuerdos sustantivos con el PP", añade.

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