La Policía no encuentra papeles sobre los fondos reservados que se usaron para espiar a Bárcenas

La Policía no ha encontrado en sus archivos ningún papel sobre fondos reservados que abiertamente hable de la denominada Operación Kitchen. Es decir, a aquella que consistió en someter a seguimiento y espionaje a Luis Bárcenas para supuestamente evitar que conservase documentos contables incriminatorios para el PP.

Así puede resumirse el escrito dirigido el 19 de noviembre de 2019 por el Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, una de cuyas piezas más relevantes es la conocida como Kitchen. Dicho gabinete depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que la Audiencia había reclamado “cualquier documentación archivada en ese departamento relativa a la operación policial Kitchen (…), incluida la documentación relativa a los fondos reservados que hubieran sido autorizados para esa operación policial, desarrollada por la Dirección Adjunta Operativa durante los años 2013 a 2015”. El oficio firmado por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios resulta inequívoco: "Revisada la documentación obrante en este Centro Gestor de fondos reservados (...) no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada Kitchen, Cocinero, Cocina o K".

En apariencia, todo lo anterior se contradice con la respuesta que en diciembre de 2018 envió Interior a otro juez de la Audiencia, el encargado de investigar los papeles de Bárcenas.  En un informe remitido entonces al magistrado José de la Mata, la Dirección General de la Policía reconoció que en la operación participaron "funcionarios adscritos" entre los años 2013 y 2015 a "la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, así como a la Comisaría General de Información". También consta "la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada". 

Pero en realidad, lo que significa la respuesta difundida ahora por el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional es que el nombre de la Operación Kitchen quedó oculto. O camuflado. El dispositivo existió y si había alguna duda al respecto hace tiempo que se evaporó.

El exministro Fernández Díaz, más cerca de declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas

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La respuesta de Interior al magistrado Manuel García Castellón forma parte de los documentos sobre los que levantó hace diez días el secreto en Kitchen. El levantamiento del secreto resulta exiguo. Pero permitirá que las partes accedan a los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros sobre esta materia. Y ese paso abre la puerta a que Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, se avenga a declarar.

Secretario de Estado de Seguridad en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, Martínez está imputado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos. Hasta ahora se ha negado a declarar bajo el argumento de que podría revelar datos clasificados como secretos y cometer por tanto delito.

Responsables policiales como Eugenio García Castaño, antiguo jefe de la unidad de escuchas (UCAO) sostienen que Kitchen existió como operación policial. Pero que se trataba de un dispositivo legal y autorizado cuya meta era encontrar los fondos ocultos por Bárcenas y sus testaferros, que en 2013 fue encarcelado por el caso Gürtel. Hasta ahora, nadie ha respondido a la pregunta clave: la de por qué, si estamos ante una operación legal, ni la Policía ni el Ministerio informaron de su existencia del juez que instruía Gürtel, Pablo Ruz.