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Los datos desconocidos de las residencias andaluzas: sólo 12 centros tuvieron diez o más fallecidos

Documento de la Junta de Andalucía sobre fallecidos por covid-19.

Andalucía tiene el 11,6% de las plazas de residencias de toda España, pero sólo el 2,8% del total de residentes fallecidos. La Junta lo atribuye en buena parte a su gestión, mientras que la oposición cree que es un simple reflejo del bajo impacto que la epidemia ha tenido en general en esa comunidad. Sea como fuere, los datos a los que ha tenido acceso infoLibre indican que en el 85% de los geriátricos andaluces no se ha producido ni un fallecimiento por coronavirus y que sólo 12 centros sufrieron diez o más decesos, en una región donde operan 665 residencias.

Andalucía es la antítesis de Madrid, que tiene el 13,5% de las plazas residenciales de toda España y acumula el 30,6% de los fallecidos. La comunidad gobernada por Juanma Moreno (PP) presenta los mejores datos en esa comparativa, mientras que la presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene los peores con gran diferencia sobre los demás territorios.

Pese a que Andalucía es una de las nueve comunidades que se negó en su día a facilitar a infoLibre los datos de fallecimientos desglosados por residencias, sí entregó esa información cuando un periodista los solicitó acogiéndose a la Ley de Transparencia. Contrasta en ese sentido con el Gobierno de Castilla y León que, como informó este periódico hace una semana, admitió en una resolución escrita que oculta esos datos para no perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas privadas.

La solicitud de acceso a la información pública se realizó a la Junta de Andalucía a principios de mayo y en ella se pedían tres tipos de datos: el número de contagiados y de fallecidos por covid-19 en marzo y abril, desglosados por residencias, y el lugar donde se había producido el deceso (el propio geriátrico o el hospital). El Gobierno andaluz no aportó esta última información, alegando que no dispone de ella, pero sí el resto.

En esos dos meses críticos de la pandemia, murieron 498 mayores que vivían en geriátricos de Andalucía (a 28 de junio la cifra se sitúa en 554) y se contagiaron 2.461 residentes. Sólo 45 fallecimientos se produjeron en residencias de titularidad y gestión pública, es decir, el 9% del total. Los otros 453 decesos se registraron en centros de gestión privada, bien sean de titularidad pública (29) o privada (424).

Hay que señalar que esos datos guardan correlación con el mapa residencial de Andalucía, donde los centros de gestión pública tienen un peso marginal. La Junta es dueña de 20 geriátricos, de los que gestiona 14 a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, mientras que los otros seis los adjudicó a empresas privadas para su explotación (dos a Vitalia Home y uno a DomusVi, Reifs, El Yate y Geiss 96). De acuerdo con los datos facilitados por la Junta a este periódico, las 14 residencias que gestiona tienen 2.060 plazas, de las 45.045 autorizadas en toda la Comunidad

Seis de las ocho Diputaciones tienen geriátricos de gestión pública –dos Cádiz, dos Granada, dos Málaga, dos Sevilla, uno Almería y uno Jaén–, que en total cuentan con 953 plazas.

Por tanto, entre la Junta y las Diputaciones suman 24 residencias de gestión pública (3,6% del total), que disponen de 3.013 plazas (6,7% del total) y registraron 33 fallecimientos por coronavirus en marzo y abril (6,6% del total). La correspondencia entre el porcentaje de plazas y el de decesos es casi absoluta.

Mayor es el número de residencias titularidad de los ayuntamientos andaluces (112), aunque la gran mayoría cuentan con gestión privada. Sirva un dato como ejemplo: de los diez geriátricos municipales donde se había registrado alguna muerte por coronavirus en marzo y abril, nueve contaban con gestión privada.

LOS DATOS centro a centro

Los datos desglosados por centros indican que en los dos meses críticos de la pandemia sólo hubo en Andalucía cuatro residencias que tuvieron más de veinte fallecimientos por covid-19.

El lugar con más decesos fue el centro Joaquín Rosillo, en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, donde 32 mayores perdieron la vida. En total tuvo 126 mayores contagiados, lo que da una idea de lo extendido que estuvo el virus en un centro que tiene autorizadas 200 plazas. Es decir, el 63% de las personas que vivían en el centro se contagiaron y el 16% fallecieron. La residencia pertenece al grupo empresarial Martín Casillas, especializado en la construcción y la explotación de aparcamientos. El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla archivó una denuncia presentada el 8 de abril por Adelante Andalucía contra la dirección de esta residencia y tres altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Junta, al no apreciar "el nexo causal necesario para investigar un posible delito de imprudencia grave con resultados de muerte".

La segunda residencia en este ranking luctuoso es Fundomar Bermejales, en Sevilla capital, donde perdieron la vida 28 mayores con coronavirus. En número de contagios ocupa el primer lugar de toda Andalucía, con 129, sobre un total de 184 plazas autorizadas. Es propiedad de la Fundación Doña María (Fundomar), que aparece como titular de otras dos residencias en la comunidad, una de ellas gestionada por la multinacional Orpea en Bormujos (Sevilla).

La tercera residencia más golpeada por el virus fue DomusVi Santa Justa, también en Sevilla capital, con 22 muertes y 89 mayores contagiados en un centro de 166 plazas. DomusVi es la empresa hegemónica del sector en España con 138 geriátricos, de los que 13 están en Andalucía, lo que le convierte en la segunda multinacional más importante de la región por detrás de Vitalia Home (que tiene 21 centros).

De los grandes grupos, DomusVi es el que más decesos ha acumulado en sus residencias andaluzas. Además de los 22 en DomusVi Santa Justa, se produjeron ocho en DomusVi El Serrallo, en Granada; dos en DomusVi Fuentesol, en Alhaurín de la Torre (Málaga), y uno en DomusVi Monte Alto, en Jerez de la Frontera. En total, 33 muertes.

El accionista principal de DomusVi es un fondo de inversión británico, denominado Intermediate Capital Group (ICG). Dicho fondo adquirió en 2017 la mayoría del capital de la sociedad francesa DomusVi SAS, que a su vez es dueña de las filiales que operan en España.

En Suite Jerez La Marquesa, de Jerez de la Frontera, también murieron 22 residentes y hubo 66 contagios. El centro tiene autorizadas 240 plazas. Antes de la pandemia, personas que vivían en este centro ya denunciaron en la prensa las pésimas condiciones que padecían, incluida poca comida y de mala calidad. Como titular de la residencia figura la sociedad mercantil Geriátricos Urbanos SL, con sede en Jerez y cuyo administrador único es Pedro Luis Béjar Martínez.

Otras cinco residencias tuvieron más de diez decesos por covid-19: en Nuestra Señora de los Remedios, situada en Ubrique (Cádiz), fallecieron 16 mayores; en San Juan De Dios, en Sevilla, murieron 15, y en Juan Crisóstomo Mangas, en Rute (Córdoba), perdieron la vida 13 personas. Las tres están gestionadas por entidades del tercer sector (fundaciones o asociaciones). También se produjeron 13 decesos en el geriátrico Montesol, localizado en Jaén y gestionado por una mercantil denominada Esfrara, y en la residencia de la Junta en Linares (Jaén). Esta última es la única pública entre las doce que padecieron diez o más fallecimientos en Andalucía.

Ese listado de doce geriátricos se completa con los tres siguientes: San Rafael, en la localidad cordobesa de Montilla, que llevan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (una congregación religiosa que gestiona una quincena de centros en Andalucía); Geroinnova, en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, y Madre Encarnación, situada en el ayuntamiento sevillano de Arahal.

En cuanto a los grandes grupos del sector en España, además de los 33 decesos en los centros de Domusvi, hay que destacar 15 fallecimientos en tres residencias de Orpea (seis en Orpea Granada, cinco en Orpea El Limonar de Málaga y cuatro en Orpea de Rincón de la Victoria) y ocho en geriátricos de Ballesol (dos en Almería, dos en Granada, dos en San Carlos y dos en Teatinos, ambos en Málaga).

A continuación, infoLibre publica el documento íntegro con la respuesta obtenida de la Junta de Andalucía vía Transparencia, en la que constan los datos de contagiados y de fallecidos desglosados por residencias, entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

¿Un caso de "éxito" o datos "muy malos"?

Hasta aquí los datos objetivos sobre lo ocurrido en las residencias de Andalucía. Pero, ¿y la interpretación de esas cifras? La Junta tiene al frente una coalición PP-Ciudadanos, que gobierna gracias al apoyo de la extrema derecha de Vox. La cartera de Sanidad está en manos de Jesús Aguirre (PP), que atribuye el bajo impacto del coronavirus en los geriátricos a la gestión de la Junta. "Si vemos la estadística de Andalucía en comparación con otras comunidades, quizá el éxito de Andalucía, entre comillas, ha sido la menor incidencia en las residencias porque nuestro abordaje fue positivo, lo más precoz posible, con 20 días de antelación", declaró en una reciente entrevista

Como ejemplo de esa gestión, Aguirre menciona que desde el 3 de marzo se había "medicalizado" todas las residencias andaluzas, en coherencia con el objetivo de "vincularlas directamente a la sanidad pública". Y también destaca que al diseñar la estructura de su Consejería, en febrero de 2019, ya se creó una Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, "la primera en España". Su balance, en fin, no puede ser más optimista: "En las residencias de mayores, hemos hecho en tres meses lo que íbamos a hacer en tres años". 

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En la oposición lo ven exactamente al revés. El PSOE entiende que hay dos asuntos donde los datos "han sido muy malos: el porcentaje de trabajadores sociosanitarios contagiados y la afección en las residencias de mayores". A finales de mayo, UGT cifró en 9.254 los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "afectados" por el covid-19, tras haber dado positivo o estar en aislamiento. Una cifra cercana al 9% de una plantilla de 105.000 trabajadores. El diputado autonómico Jesús María Ruiz llegó a hablar en el Parlamento andaluz de "muertes posiblemente evitables" en las residencias, al no ser trasladados personas enfermas a hospitales pese a que había "camas libres".

Adelante Andalucía, por su parte, pidió ya en mayo que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento autonómico para analizar qué ha pasado en los geriátricos. "Es una deuda moral con nuestros mayores", indicó la diputada Ángel Aguilera, quien añadió que el hecho de que las residencias hayan recibido "el golpe más terrible" durante la pandemia es "consecuencia directa de determinadas políticas" dirigidas a "privatizar los cuidados" de mayores y hacer de este servicio "un nicho de mercado para fondos buitre".

Otras fuentes vinculadas a la oposición transmitieron a este periódico su convencimiento de que el número de residentes fallecidos es un reflejo del bajo impacto que la epidemia ha tenido en general en Andalucía. Pese a ser con diferencia la comunidad autónoma más poblada de España –8,4 millones de habitantes, por delante de Cataluña que tiene 7,6 millones–, ocupa el sexto lugar en número total de fallecidos por covid-19, por detrás de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y País Vasco. Esas fuentes citan para reforzar su argumento los primeros estudios científicos que se están publicando sobre las variables epidemiológicas, demográficas y ambientales que contribuyeron a la propagación del virus. "Las temperaturas más bajas y la proporción de personas mayores en residencias fueron factores asociados a un mayor impacto de la epidemia", se concluye en uno de esos estudios.

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