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Crisis del coronavirus

PSOE y UP mantienen sus objetivos en materia laboral y fiscal pese a rebajar las expectativas del plan de reconstrucción

Pablo Iglesias pasa frente al escaño de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso.

PSOE y Unidas Podemos mantienen la vigencia del programa político, económico y social para la legislatura que negociaron y a acordaron el pasado diciembre y que constituye la base de la coalición de Gobierno presidida por Pedro Sánchez. Un documento que incluye tanto la creación de nuevos impuestos como la reversión de la reforma laboral del PP, dos asuntos que, sin embargo, no han sido incluidos en las propuestas que socialistas y morados acordaron presentar conjuntamente en la Comisión de Reconstrucción Económica Social el pasado miércoles. Fuentes de ambas organizaciones confirmaron, a preguntas de infoLibre, que los compromisos del programa gubernamental no han sido puestos en cuestión y mantienen su vigencia.

Las mismas fuentes aseguran que los socios de la coalición optaron por evitar cualquier referencia a la reforma fiscal “justa” que defiende el Gobierno porque choca con las demandas de rebajas impositivas que reclaman PP y Ciudadanos y su presencia en el documento se convertiría en un obstáculo insalvable para llegar a un acuerdo que defina la lista de prioridades pospandemia que el Ejecutivo quiere pactar en el Congreso con la mayor número de fuerzas políticas posible. De ahí que tampoco hayan incluido la más mínima referencia a la reforma laboral, otro de los puntos que más polarizan del debate ideológico en España desde que PSOE y Unidad Podemos acordaron incluirlo entre sus compromisos para la legislatura.

La subida de impuestos sólo está implícita en la propuesta que PSOE y UP han trasladado al Congreso. En su apartado fiscal, el documento de socialistas y morados apela a “reducir la brecha fiscal con Europa”. Nuestro país, afirman, tiene unos ingresos fiscales sobre PIB “más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro”, lo que supone “decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer nuestro estado del bienestar o nuestro modelo productivo”.

El Gobierno tiene planes concretos sobre cómo hacerlo. De hecho, ya ha enviado al Congreso —y están en pleno proceso de tramitación, después de que la mayoría progresista de la Cámara rechazase las enmiendas de devolución de PP, Ciudadanos y Vox— los proyectos de ley de creación de dos nuevos impuestos: el que gravará determinadas transacciones financieras de grandes empresas del IBEX —cuyo objetivo son sobre todo las operaciones especulativas en bolsa— y el que trata de conseguir que las grandes tecnológicas internacionales que comercian con datos de usuarios —desde Google a Facebook— paguen impuestos en España.

Su programa incluye también una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, límites más rigurosos para los pagos en efectivo, la creación de una “unidad de control de grandes patrimonios” y la vigilancia de las SICAV.

A lo que hay que añadir una reforma del impuesto de sociedades para garantizar que las grandes empresas y corporaciones tributen como mínimo un 15% —un 18% en el caso de las entidades financieras y empresas de hidrocarburos—, rebajas en la fiscalidad de las PYME y una subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de dos puntos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

Fuera se ha quedado, de momento, el intento de Unidas Podemos de promover un impuesto sobre las grandes fortunas, algo que el PSOE sólo se ha comprometido de momento a estudiar a la espera del comportamiento del resto de las reformas fiscales.

En la Comisión de Reconstrucción, PSOE y UP sí defenderán avances en la “progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan”.

Y el desarrollo efectivo de la llamada fiscalidad verde, siguiendo las recomendación de la Unión Europea, con el objetivo de impulsar “un crecimiento económico sostenible” incentivando las actividades más respetuosas con el medio ambiente.

El documento de los socios de coalición no cita la ley contra el fraude fiscal, pero sí enuncia la necesidad de “fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional”. Y propone el establecimiento de “mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto público” y mejorar su eficiencia.

El marco de referencia

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Más allá de la Comisión de Reconstrucción, Unidas Podemos sigue considerando el programa de la coalición es el marco de que define la acción de gobierno. No hay contradicción entre los dos documentos, así que en la dirección de la formación morada no preocupa que las propuestas de Congreso no incluyan todas las previsiones del Ejecutivo, siempre y cuando estas últimas quepan dentro de las que acabe aprobando la Cámara Baja.

Otra cosa es que la negociación de una mayoría para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2021 pongan encima de la mesa alguna renuncia a esos planteamientos., algo que los de Pablo Iglesias están dispuestos a discutir con sus socios de Gobierno pero que difícil aceptarán si supone renunciar a objetivos sociales justo en un momento de profunda crisis en el que los morados creen que esta debe ser la principal bandera del Ejecutivo.

La ministra portavoz, que también es la titular de Hacienda y por tanto la máxima responsable de la política fiscal del Ejecutivo, María Jesús Montero, admitió este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno se verá obligado a renunciar a algunos objetivos si quiere sacar adelante sus propuestas, porque sólo tiene 155 diputados. Mientras tanto, la hoja de ruta de la coalición, remarcó, sigue vigente, en especial sus planes fiscales, porque “harán falta recursos” para financiar las prestaciones con la que España está afrontando la crisis. Lo mismo sucede con la reforma laboral del PP, sobre cuya reversión trabaja desde hace meses el Ministerio de Trabajo en negociación con los sindsicatos y la patronal.

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