El colectivo LGTBI explica a Ayuso por qué importan sus derechos: leyes en un cajón, agresiones que no cesan y ninguneo de la bandera arcoíris

Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que de "los casos puntuales de agresiones" a personas LGTBI "se ocupa la ley, la policía, los jueces y la solidaridad de todos". Que el colectivo "no puede vivir permanentemente en un estigma: antes por estar perseguidos y ahora porque algunos políticos crean víctimas como estilo de vida". Añade que los derechos de estas personas no forman parte de las prioridades de su equipo, que ahora "de lo que toca hablar, lo que de verdad importa" es el empleo y la prosperidad. Es la respuesta que ha dado la líder conservadora este jueves en la Asamblea de Madrid ante una cuestión planteada por la oposición respecto a las políticas del Gobierno autonómico en materia LGTBI. Lo cierto es que las palabras de Díaz Ayuso no sorprenden a las organizaciones de la comunidad, acostumbradas a convivir con una amenaza sutil pero constante desde la entrada de la extrema derecha en las instituciones.

En febrero, la presidenta ya introdujo el temor en el seno de las organizaciones autonómicas al blandir una crítica explícita a la Ley LGTBI y la Ley trans, aprobadas ambas en el año 2016, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. Entonces, la presidenta regional señaló a la "progresía tirana" que no permite derogar parte del articulado y reconoció que algunas familias pueden estar molestas por cómo "se han cocinado" las leyes y que las sientan como "una agresión". En una entrevista con esRadio, la líder conservadora admitió no obstante la dificultad de cualquier modificación por carecer de mayoría. Además, añadía entonces, "está todo tan sumamente politizado, está todo en los extremos... Ciudadanos no lo querría nunca". Aunque ambas normas partían de "una filosofía que no era negativa", para la presidenta se han ido "imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo".

Aquellas declaraciones de febrero alertaron a los colectivos. Arcópoli pidió una reunión con el Gobierno de Madrid, prevista para el 13 de abril. La pandemia obligó a su aplazamiento y de momento no hay fecha para un nuevo encuentro.

La Ley LGTBI fue aprobada tras la introducción de 138 enmiendas y con la ausencia de dos parlamentarios del Partido Popular, que decidieron no asistir a la votación para evitar posicionarse. Uno de ellos fue David Pérez, el actual consejero de Vivienda y exalcalde de Alcorcón. El mismo año, la Comunidad de Madrid aprobó su Ley trans, esta vez con la abstención de los conservadores.

No es la primera vez que las organizaciones madrileñas miran con preocupación la continuidad de las leyes que se fraguaron hace ya cuatro años. Tras las elecciones autonómicas del año pasado, el partido de extrema derecha condicionó su apoyo a una revisión de las normas. Su portavoz, Rocío Monasterio, hablaba de recortar las leyes y acabar con las sanciones previstas. La presión de la extrema derecha no prosperó, pero su amenaza sigue bien presente para el colectivo.

Rubén López, portavoz de Arcópoli, se admite preocupado ante el futuro de las leyes. "Nos preocupa que cuestione las leyes y que ponga en duda la LGTBIfobia", apunta en conversación con este diario. López, además, señala directamente a un miembro del Gobierno de Ayuso: David Pérez. "Que esté David Pérez en el Gobierno autonómico nos crea una gran preocupación", subraya el portavoz. En agosto de hace ahora cuatro años, el concejal amenazó con denunciar a Arcópoli por señalar su "homofobia, bifobia y transfobia". Pérez no es la única presencia que inquieta al colectivo. "Que esté Vox como espada de Damocles nos preocupa muchísimo, porque tienen una lucha decidida contra nuestro colectivo", remacha el portavoz.

Carmen García, presidenta de Cogam, recuerda que las políticas LGTBI en la comunidad bebían ya de la inacción del expresidente Ángel Garrido. "Eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión hace dos años de que el PP no participara en la cabecera de la manifestación del Orgullo", explica. Garrido, recuerda la presidenta del colectivo, "prometió dos cosas: protocolos educativos y el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria para las personas trans". La comunidad se quedó a medio camino respecto a sus compromisos. "A los protocolos apenas se les ha dado difusión y el cambio sólo se produjo en la tarjeta pero no en la historia clínica", critica la activista.

A día de hoy, reconoce, lo cierto es que el colectivo ha logrado "un acercamiento bastante importante" en la comunidad. "Nos pusimos manos a la obra para el desarrollo reglamentario de las leyes de 2016" junto al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos). De hecho, señala García, "queríamos haber creado el Consejo LGTBI de Madrid" y se trabajó sobre un "borrador conjunto" que finalmente "quedó paralizado por el covid-19". Todo ello, remarca la activista, "es un compromiso del consejero, no de la comunidad". Precisamente Reyero ha zanjado, este mismo jueves, que el Gobierno no va a "derogar ni una coma de las leyes de igualdad LGTBI". "Nuestro compromiso con las políticas LGTBI es nítido, rotundo e incuestionable", ha sentenciado, en contraste con las palabras de su presidenta.

El desarrollo reglamentario de las leyes es una asignatura pendiente en la comunidad. "Han pasado de ellas, han quedado como en papel mojado", critica la presidenta de Cogam, quien reprocha la incoherencia del Partido Popular. "Con el conflicto catalán insistían en la necesidad de cumplir las leyes, pero depende qué leyes", denuncia, "la democracia no es eso".

La afirmación por parte de Díaz Ayuso respecto a las agresiones, tachándolas de "casos puntuales", también ha despertado el malestar del colectivo. "Las agresiones son sostenidas, llevamos años documentando al menos 300 delitos de odio en la comunidad", señala Rubén López. Arcópoli coordina desde el año 2014 el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, que el año pasado registró 321 incidentes de odio, veinticuatro menos que el año anterior pero los mismos que hace tres. "Si ella lo considera puntual, me gustaría ver en qué se basa", clama el portavoz y director del organismo.

Si decía la presidenta que las agresiones son "puntuales", añadía además que de ellas se encargan "la ley, la policía, los jueces y la solidaridad de todos". Tampoco es, a juicio de los activistas, del todo exacto. Aunque las denuncias han experimentado un incremento en el último año, todavía un 66% de las víctimas en la comunidad no se atreve a dar el paso de presentar una denuncia. El propio Reyero ha mencionado el informe este jueves en la Asamblea de Madrid: "Los datos no son buenos y reflejan que no debemos bajar la guardia".

Pérdida de visibilidad y sensibilización

En cuanto a la entrada del conservador José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento de Madrid, las políticas LGTBI también han quedado relegadas a un segundo plano, especialmente en lo simbólico. "Ha cambiado la visibilidad y la sensibilización por parte de los representantes políticos", estima Rubén López, quien sin embargo reconoce lo complicado de hacer balance este año.

Para Carmen García, que sea Ciudadanos quien se haya responsabilizado del área Familias, Igualdad y Bienestar Social es, de nuevo, sintomático. "El PP se ha puesto de perfil, no ha querido tener problemas con sus socios de Vox" así que ha decidido conceder la gestión a la formación naranja, representada en la esfera municipal por el delegado José Aniorte. "Con Ciudadanos hasta ahora hemos continuado más o menos como estábamos", señala la líder de Cogam. Aniorte acaba de anunciar un programa "pionero para familias LGTBI que será realidad en 2021", un proyecto que de nuevo levantó la oposición firme de Vox: "¿Para qué se tiene que meter el Ayuntamiento de Madrid en la vida, familia, cama y los armarios de la gente?", se preguntaba Rocío Monasterio a través de las redes sociales.

Uno de los primeros movimientos que hizo estallar las críticas del colectivo LGTBI en la ciudad fue la decisión de recortar la campaña prevista por Manuela Carmena de cara al Orgullo 2019. Entonces, el alcalde suprimió parte del homenaje a los activistas mayores LGTBI eliminando de los carteles frases reivindicativas: "Quienes guardan recuerdo de la represión" o "quienes se mantuvieron firmes", que finalmente no vistieron las farolas de la capital.

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Aquel año, Martínez-Almeida sí colgó la bandera arcoíris del Consistorio, un gesto que le valió el reproche público de la ultraderecha. Aunque lo hizo con matices: en el lateral del edificio y concediendo protagonismo a una enorme rojigualda. No ha sido así este año. Los conservadores han decidido esta vez no ataviar el edificio con el estandarte, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo que cree incompatible con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en la fachada de edificios públicos. Por contra, el regidor sí ha decidido proyectar los colores del arcoíris en Cibeles, como seña de homenaje.

La ausencia de enseñas, también en la sede del Ejecutivo regional, tiene una excepción: la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado (Ciudadanos) sí ha decidido situar una gran pancarta multicolor bajo el lema "el orgullo de ser libre". Para Vox, la decisión es una forma de "saltarse el Estado de Derecho" e intentar "burlar sentencias del Supremo".

Es precisamente la extrema derecha la que ha lastrado, por segundo año consecutivo, una declaración institucional en el Ayuntamiento con motivo del Orgullo LGTBI. De nuevo, el texto propuesto a iniciativa del Partido Socialista y consensuado con Ciudadanos y Más Madrid, no ha visto la luz debido al veto de la formación ultra y la connivencia de los conservadores.